Qui Ziuu Di´cabe
Por: Carlos Beas Torres
"A las mujeres ikojts y binniza,
ejemplo de valor y dignidad"
La tenaz resistencia de los comuneros ikojts y binniza que
enfrenta en el Istmo oaxaqueño a la construcción del que sería el parque eólico
más grande de América Latina en la Barra de Santa Teresa ha puesto al
descubierto los intereses que mueven a diferentes actores políticos. Los mil
cien millones de dólares que vale el negocio han sido más que suficientes para
comprar a diputados de todos los partidos, a funcionarios públicos de los tres
niveles y a líderes de antiguas y combativas siglas. Los cañonazos obregonistas
resuenan con todo su estruendo en el Istmo mexicano, donde se reivindican las
energías limpias a costa de los derechos de los pueblos originarios.
El corporativo Mareña Renovables desembolsó más de mil millones de
pesos para adquirir en marzo de 2011 los derechos de la empresa española
Preneal de México SA de CV, para la construcción de este parque que contaría
con 132 aerogeneradores gigantes proveídos por la empresa danesa Vestas.
Preneal arrancó el proyecto el año 2003 y durante 8 años tramitó permisos y
obtuvo autorizaciones contando para ello con el apoyo de funcionarios federales
y de los operadores del siniestro gobernador Ulises Ruiz. El soborno fue el
principal medio usado para ganar voluntades.
Cuando en enero de 2012 los comuneros ikojts de San
Dionisio del Mar supieron que 1,643 hectáreas de uso común habían sido cedidas
de manera fraudulenta a la empresa Mareña Renovables, comenzó la rebelión. De
inmediato desconocieron al presidente municipal Miguel Castellanos quien había
recibido más de 20 millones de pesos por extender permisos y acto seguido
tomaron el palacio municipal, el cual después de un año mantienen en su poder.
A partir de esa fecha, los comuneros rebeldes han sido víctimas de todo
tipo de ataques y hostigamientos por parte de operadores políticos priístas
como Ernesto Juárez y Jorge Castellanos, quienes formaron parte del gobierno de
Ulises Ruiz. En San Dionisio han circulado grandes cantidades de dinero y de
amenazas para terminar con la resistencia, sin embargo un número importante de
comuneros se mantienen firmes hasta hoy. Estos operadores han sido apoyados
abiertamente por los diputados Samuel Gurrión, Francisco López García y Elías
Cortes, quienes actúan abiertamente como empleados de la empresa trasnacional.
La resistencia contra el megaproyecto se extendió a fines del año
pasado, en el otro lado de la laguna, a la colonia zapoteca de Alvaro Obregón,
ya en el municipio de Juchitán; ahí la empresa, junto al gobierno del cambio
que encabeza Gabino Cué, desplegó una triple estrategia para acabar con la
resistencia indígena que ha impedido el paso de la maquinaria a la barra. Los binniza se
atrincheraron en la emblemática casona en ruinas que fuera la hacienda del
general revolucionario Heliodoro Charis Castro y levantaron sus barricadas.
Ahí, a través de algunos dirigentes de la antaño combativa COCEI, repartieron
millones de pesos para convencer a los campesinos para que le abrieran paso a
los trabajadores de la empresa; como fracasaron en su intento, en dos ocasiones
a principios de noviembre pasado y ahora en febrero de este año, cientos de
policías estatales atacaron a los rebeldes y estos repelieron exitosamente la
agresión. Mientras ello ocurría, varios conocidos pistoleros amenazaron de
muerte a los voceros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la
Tierra y a líderes comunitarios y de otras organizaciones solidarias como la
UCIZONI.
Desde octubre, pero con particular virulencia a partir de noviembre de
2012, casi todos los medios impresos y los noticieros radiales emprendieron una
feroz campaña mediática en contra de algunos representantes de pueblos y
organizaciones que nos oponemos al despojo que significa el proyecto. A diario
insistían en que a los “enemigos del desarrollo” se les debería aplicar todo el
peso de la ley, incluso por haber interpuesto un recurso de amparo que desde
diciembre pasado ordenó la suspensión de la obra. En Oaxaca se sabe que un
grupo de periodistas fue llevado con gastos pagados a la ciudad de México a un
evento de empresas eólicas; evento que sirvió de escenario para que Jonathan Davis,
directivo de la empresa trasnacional, amenazara con retirar el proyecto si no
se aplicaba la ley. El gobierno de Gabino Cué entendió ese mensaje de manera
autoritaria enviando a cientos de policías a custodiar la entrada de
trabajadores de la empresa a pesar de que un amparo se lo impedía.
Ahora se sabe que los principales periódicos de Oaxaca han recibido
cantidades millonarias y que algunos periodistas que se han destacado en la
campaña de linchamiento viajaron recientemente a Dinamarca con gastos pagados
por la empresa y el gobierno estatal. Lo más grave es que el principal
periódico de Oaxaca, que hace 7 años fue duramente atacado por las bandas
priístas, ahora en alianza con ellas publica, en primera plana, amenazas de
levantón y muerte en contra de defensores de derechos indígenas.
En Oaxaca, los millones del holding multinacional
Mareña Renovables han puesto al descubierto que por encima de los derechos de
los pueblos indios están los intereses de un puñado de inversionistas
nacionales y extranjeros. Que la transición democrática vale menos que un
megaproyecto; que las viejas luchas de Victor Yodo y de Lorenza Santiago valen
ser traicionadas por líderes sin escrúpulos, sin memoria y sin principios, y
que la libertad de expresión puede ser la vía rápida para viajar gratis a los
paraísos nórdicos.
Un nuevo capítulo se abre en este conflicto. Ante el fracaso de la
compra y de la represión, del linchamiento mediático y de la amenaza, el
Secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, intentará ahora imponer
una “Consulta” a modo: comprando conciencias, amenazando a opositores y
denostando para crear la confusión y la duda. Diputados locales que en dos años
han sido incapaces de legislar para asegurar que las empresas trasnacionales
paguen por lo menos el impuesto predial a los municipios oaxaqueños donde están
establecidas, hoy corren presurosos a dialogar “con los pueblos” para
convencerlos de las bondades del proyecto, en un ejercicio falso de consulta
que tiene como fin legitimar el despojo.
Los pueblos reunidos en una multitudinaria asamblea regional el 7 de
noviembre pasado, en Álvaro Obregón, ya dieron su palabra y la han repetido día
tras día: "Qui Ziuu Di´cabe. No pasarán". "Qui Ziuu
di¨cabe", gritaban con júbilo, mientras la maquinaria de Mareña
Renovables y decenas de policías estatales se retiraban de la Barra de Santa
Teresa. Una victoria indígena en una guerra que no ha acabado y que ha
provocado que las máscaras caigan.
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