JUCHITÁN INFORMA
Alberto López Morales
La violencia política estalló de nueva cuenta en Oaxaca y como siempre, ocurrió en una comunidad de indígenas pobres, marginados y sometidos a la voracidad de una clase política que no le importan los muertos sino solo el poder.
Santiago Choapam, una localidad de indígenas zapotecos en su mayoría que apenas si llegan a los cinco mil habitantes, formó parte del paquete de 40 municipios en conflictos poselectorales. El Tribunal Electoral anuló la elección y ordenó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que convocara a comicios extraordinarios. Todo eso ya es parte del pasado. Con 10 muertos y media docena de heridos de bala, caídos en una emboscada, y el ambiente de encono y crispación, ya no hay condiciones para que en Choapam se realicen nuevas elecciones.
Lamentablemente, después la sangre derramada, nadie se hace responsable de la violencia que el sábado enlutó 10 hogares de familias empobrecidas cuyo único valor para la clase política es rebajarlas al status de carne de cañón o clientela electoral. Los deudos lloran a sus muertos y claman justicia, pero enfrente los políticos se deslindan cínicamente de cualquier responsabilidad.
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué ofreció todo el peso de la ley para que esas muertes no queden en la impunidad, pero deslindó a su gobierno al reconocer que en Oaxaca “hay mucho encono por falta de atención de los gobiernos anteriores”. O sea, que le echó la culpa a los regímenes de Ulises Ruiz Ortiz, José Murat, Diódoro Carrasco y al de Heladio Ramírez López, por citar a los más recientes.
La secretaria general del gobierno de Oaxaca, Irma Piñeyro, la que tuvo en sus manos la búsqueda de la conciliación en Choapam y la que aun tiene bajo su responsabilidad otros 14 conflictos poselectorales, enfrentó a los periodistas asumiendo las muertes, pero aclaró que en la población zapoteca de Santiago Choapam “hay total tranquilidad”. ¿Pueden 10 asesinatos y media docena de lesionados de bala arrojar esa “total tranquilidad”?
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Alberto Alonso Criollo tampoco podía estar ausente en la feria de los deslindes por las muertes de Choapam: “El IEE cumplió en el ámbito electoral”, señaló. ¿Entonces por qué fueron emboscadas las familias de la agencia municipal de San Juan del Río, que se dirigían a su cabecera municipal para atestiguar la instalación del Consejo Electoral Municipal?
Los operadores políticos interesados en el botín electoral, César Mateos, ex integrante de la APPO y el ex diputado priísta Dámaso Nicolás Martínez, se lavaron las manos, limpiaron sus conciencias con la sangre de los indígenas muertos y terminaron por acusarse mutuamente.
Desde el Istmo de Tehuantepec, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la sexagésima primera legislatura, el diputado Martín Vásquez Villanueva regresó a toda la clase política a su triste realidad: La violencia es resultado del fracaso de la política gubernamental, es producto de la impericia de los funcionarios, resaltó.
Obviamente que cuando la violencia sustituye a la política, es señal de que el diálogo no funciona. Y mire que en lista de espera, de solución o de derrame de sangre, están los municipios de Santiago Astata y San Miguel Chimalapa, en la región del istmo de Tehuantepec.
DE REFILÓN: La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE, que culminó en la madrugada de ayer domingo, le dio una semana más de tregua al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. Si no, hay acuerdos, el paro indefinido podría estallar el lunes 23 de mayo y los maestros no cederán en sus exigencias locales, como la destitución de Irma Piñeyro, Bernardo Vásquez y Marco Tulio López.
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