JUCHITÁN INFORMA
Alberto López Morales
Contra las expectativas que crearon su victoria electoral y su espectacular discurso de toma de posesión, Gabino Cué Monteagudo, no tardó mucho en abrir la brecha de desencanto con los oaxaqueños que votaron por la alternancia y aun esperan la transición.
A unos minutos de haber rendido protesta ante los integrantes de la 61 Legislatura local, el gobernante aliancista presumió, en el Museo del Palacio, un gabinete de cuates y de cuotas al más rancio estilo del régimen priísta.
Gabino Cué había ofrecido gobernar con las y los mejores oaxaqueños. ¿Qué pasó? No cumplió la palabra empeñada y comenzaron los problemas que dieron lugar a una percepción social: Que el nuevo gobierno había nacido enclenque.
A 16 días del gobierno aliancista, cayó el primer secretario (Alfredo Ahuja Pérez), porque se descubrió que falsificó su título académico, pidió permiso el segundo secretario (Adelfo Regino) y la responsable de la política interna (Irma Piñeyro) se sostiene con alfileres.
Doña Irma Piñeyro Arias, secretaria general de gobierno, se aferra en el cargo porque goza de una dispensa que le otorgó el Congreso local. No cuenta con el título académico que exige la ley orgánica del Poder Ejecutivo reformada a propuesta del propio gobernador Cué Monteagudo.
A los dos meses de su gobierno, Cué realizó nuevos nombramientos en su gabinete y sorprendió a la clase política porque movió a Benjamín Robles Montoya, quien estaba como jefe de la Oficina de la Gubernatura, como secretario particular.
Robles Montoya, quien creció políticamente en el gobierno priísta de Manuel Tinoco Rubí y se le vinculó con actos de corrupción y espionaje político en Michoacán, era vulnerable en el gabinete porque no tenía forma de acreditar el título académico.
Si en la estructura del gabinete Cué Monteagudo ha exhibido la debilidad de su gobierno, en la (des) atención política de los conflictos sociales ha mostrado ignorancia e inexperiencia en algunos casos y en otros se ha visto rebasado por la perversidad de sus colaboradores.
De la larga lista de conflictos poselectorales que todavía persisten en Oaxaca, destaca la ignorancia política con la que quiso resolver el de Santiago Yaveo, donde envió como negociador al priísta Javier Jiménez Herrera.
En el régimen priísta de Ulises Ruiz Ortiz, Jiménez Herrera había dejado entre los pobladores de Yaveo, una secuela de promesas incumplidas. ¿Nadie del gobierno del cambio conocía los expedientes del operador político retenido y las frustraciones acumuladas de Yaveo?
Como resultado de las acciones perversas, por acción u omisión, que provocaron el choque policial con los maestros el martes negro el 15 de febrero, el gobierno de Cué está emplazado por la poderosa sección 22 del SNTE para que destituya a tres funcionarios del gabinete.
Debilitado, el gobierno de la alternancia tiene como plazo el 19 de marzo para cumplir las exigencias de sus ex aliados, los maestros de la sección 22 del SNTE, que piden las cabezas de Irma Piñeyro, Bernardo Vásquez (IEEPO) y del jefe policiaco Marco Tulio López Escamilla.
En Oaxaca la sociedad tiene claro que mayoritariamente votó por un gobierno de coalición de fuerzas ideológicamente opuestas, pero con el objetivo político de poner fin a 80 años de gobiernos priístas y de sentar las bases para la transición democrática, pero…
En estos primeros 100 días el gobierno de la alternancia mantiene viva la impunidad y el latrocinio del pasado, aunque ya aplicó dos medidas clientelares: la audiencia pública que puso de moda en su momento el ex gobernador Heladio Ramírez y el programa Bienestar.
El programa Bienestar no va a generar empleos y tampoco impulsará la producción agrícola, artesanal, industrial o pesquera y menos va a desterrar la pobreza con 500 pesos mensuales o bimestrales a las personas de la tercera edad.
Hasta ahora, el principal acierto del gobierno de Gabino Cué es la creación de la Fiscalía para atender delitos de trascendencia social que se anunció ayer miércoles, justo 24 horas de cumplirse los primeros 100 azarosos días de la administración estatal.
DE REFILÓN: La pregunta entre los líderes sociales es: ¿Por qué en la comisión ciudadana que acompañará a la Fiscalía no están representadas las organizaciones defensoras de derechos humanos?
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