Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.- Las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) “plantaron” a los zoques de la región oriente de los chimalapas, quienes esperaban que este miércoles se instalara una mesa de diálogo en San Antonio, donde desde el jueves está bloqueado el paso a los chiapanecos.
El presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez lamentó el silencio de la SRA “que solo abona a la incertidumbre y a elevar el riesgo de un enfrentamiento en la zona del conflicto agrario” entre comuneros zoques y ejidatarios chiapanecos.
A su regreso de la capital oaxaqueña, Cruz Gutiérrez informó que el presidente de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno de Oaxaca, Carlos Moreno Derbez, les informó que los funcionarios de la SRA no estaban en condiciones de instalar la mesa agraria.
“En Oaxaca nos dijeron que si la SRA y Semarnat (que ha autorizado a los chiapanecos permisos forestales en la zona del conflicto), no estaban disponibles, tampoco las autoridades de Oaxaca estaban en condiciones de acudir a San Antonio”, en la zona oriente de los chimalapas, señaló Cruz Gutiérrez.
Para nosotros, añadió el dirigente de los comuneros zoques, parece que los gobiernos de México y de Oaxaca no tienen interés de resolver el problema agrario que tiene más de 40 años y tampoco les interesa evitar un derramamiento de sangre en la zona.
Cruz Gutiérrez también lamentó la negativa del gobierno de Chiapas para sentarse y dialogar civilizadamente en la zona del conflicto, con la intención de encontrar un arreglo pacífico al conflicto agrario.
Por el lado de San Miguel Chimalapa, Chiapas tiene invadidas cerca de 47 mil hectáreas y por el lado de Santa María Chimalapa tiene en su poder algo así como 100 mil hectáreas de tierras comunales zoques, recordó Alberto cruz Gutiérrez.
De acuerdo con la resolución presidencial de 1967, entre ambos poblados zoques cuentan con casi 600 mil hectáreas de selvas y bosques que han venido siendo invadidos mediante el desplazamiento de ejidos chiapanecos a la zona oriente de los chimalapas.
Mediante un comunicado difundido este miércoles, las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa exigieron “una solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental y demandaron que el ejido Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas, y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas, reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”.
A cambio, plantearon, la comunidad de San Miguel Chimalapa y la de Santa María, reconocerán las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra y en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.
Los representantes zoques de San Miguel Chimalapa solicitaron además la cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.
En comunicado, los chimalapas exigieron el respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, donde el gobierno federal se comprometió a no otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.
Asimismo demandaron el retiro de la policía preventiva chiapaneca del territorio de los chimalapas y pidieron la atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.
Las asambleas comunitarias de San Antonio, Benito Juárez y de San Miguel Chimalapa decidirán las acciones que consideren necesarias para la defensa de sus tierras y para la solución de todos los conflictos agrarios existentes en la zona, dijeron los chimalapas.
COMUNICADO DE LOS CHIMALAPAS
San Miguel Chimalapa, 20 de octubre de 2011
C. Felipe Calderón Hinojosa.- Presidente Constitucional de la República.
C. Secretario de Gobernación.
C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
C. Presidente del Tribunal Superior Agrario
C. Presidente del Honorable Congreso de la Unión.
c. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
C. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
C. José Martínez Álvarez.- Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca.
C. Presidente de la Mesa de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Organismos de la sociedad civil, ONG´s , ecologistas y defensores de derechos humanos, a nivel estatal, nacional e internacional,
A los Pueblos Indígenas y comunidades en lucha y defensa por sus tierras, territorios y bienes naturales comunes,
A la opinión pública y alos medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales
Les manifestamos:
Que nuestras comunidades zoque chimalapas, continuamos con una lucha iniciada desde hace mas de 60 años por la defensa de nuestras tierras y bienes naturales comunes, iniciando con acciones de bloqueo el día jueves 20 de octubre de 2011, en la zona oriente de nuestro territorio comunal en los anexos agrarios de Benito Juárez y San Antonio; enmedio de nuestras congregaciones comunales, se encuentra el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que se dice pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas; núcleo agrario ilegalmente asentado en nuestras tierras comunales, por un conflicto agrario creado dolosamente por el gobierno federal –a instancias del gobierno chiapaneco- en 1967, al “dotar de tierras” a ejidos de origen chiapaneco, dentro de nuestros bienes comunales que de manera ancestral hemos poseído las comunidades indígenas zoques.
Ante la falta de atención, cerrazón del gobierno federal que ve como la única “solución”, la compra de nuestras tierras a través del programa COSOMER, operado por la SRA, ante la acción nefasta del gobierno de Chiapas y la omisión del Gobierno de Oaxaca, las comunidades chimas buscamos la reivindicación del Estado mexicano y exigimos el respeto a nuestro territorio olmeca - zoque ancestral, el fin del saqueo, la depredación ecológica y de la privatización de nuestros bienes naturales comunes, por parte de ilegítimos intereses de madereros, ganaderos y funcionarios corruptos, que han administrado el conflicto agrario, en una región de gran importancia ecológica, fundamental para nuestro país y para el planeta mismo, como lo es nuestra región Chimalapa, que es poseedora de un territorio con la mayor diversidad biológica del país y de Mesoamérica (mayor aún que la existente en la Selva Lacandona), proveedora de invaluables servicios hidrológicos, ambientales y de biodiversidad, además de contar con un legítimo antecedente histórico legal, pues el territorio indígena ancestral Chimalapas, es propiedad de nuestros antepasados de origen Olmeca - Zoques, cuya existencia es anterior a la de los estados de Oaxaca y Chiapas. Nuestros abuelos para lograr el respeto a las tierras que poseían pagaron $25,000 en oro común, entregado en jícaras (de ahí deriva el nombre Chimalapa, en nuestra lengua indígena zoque tsima- Jícara, lapa – oro) a la corona española quien expidió Títulos Virreinales el 24 de Marzo de 1687 , mismos que fueron confirmados por el gobierno del México independiente en 1850 y luego, 117 años después, ratificados por dos resoluciones presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de 1967, a favor de San Miguel y Santa María Chimalapa.
A pesar de nuestro antecedente histórico – legal, y de la importancia biológica, damos a conocer el desafortunado origen del actual conflicto agrario y ambiental, que surge cuando empresas madereras, apoyadas por el gobierno del estado de Chiapas y contando con el aval del gobierno federal, se asientan ilegalmente en la porción oriente del territorio comunal Zoque Chimalapa, instalando 25 aserraderos, a través de los cuales durante 27 años explotan y saquean 100 mil hectáreas de bosques de pino encino y bosques de niebla.
Para encubrir este saqueo depredador, los ilegítimos intereses económicos y políticos, literalmente crean el doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca –que nada tiene que ver con nuestra legítima propiedad comunal- y fundan los primeros ejidos con sus propios peones y trabajadores madereros a quienes les “dotan” tierras dentro de los bienes comunales y, luego continúan esta estrategia perversa -durante los gobiernos de Absalón Castellanos y Patrocinio González Garrido- trasladando a familias tsotsiles de los Altos de Chiapas, desplazadas por conflictos interreligiosos ó por carencia de tierras, dentro de nuestros territorios comunales chimalapas. Con ello crearon un absurdo y trágico conflicto entre nosotros, indígenas pobres zoques – chimalapas, contra indígenas pobres de origen tsotsil de los Altos de Chiapas, mismo que ha sido utilizado para encubrir el saqueo de los bienes naturales comunes (selvas y bosques) de parte de madereros –como es el caso actual- ganaderos, latifundistas y funcionarios corruptos.
En contrapartida, nuestras comunidades zoque chimalapas han luchado pacíficamente desde hace muchos años, por la defensa de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales comunes, brindándoles a los ilegales núcleos agrarios ejidales de origen chiapaneco y a sus pobladores indígenas y campesinos, el ofrecimiento – hecho por nosotros, desde 1991- para que se incorporen como comuneros chimalapas, a cambio de que únicamente reconozcan los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, lo cual de ninguna manera implica el quitarle tierras al estado de Chiapas.
Para dar fin a este problema hemos insistido ante el gobierno federal (SRA) la atención inmediata al conflicto, “creado por error –y dolo- del mismo gobierno”, y ante esa falta de atención y voluntad política del gobierno federal (SRA, Segob) encuadrados únicamente en el programa COSOMER, traducida en su ofrecimiento de que los Chimalapas les “vendamos nuestras tierras”, las dependencias no han trabajado con los actores directamente afectados, sobre una propuesta definitiva que de solución a este añejo conflicto que se ha desenfrenado y que ha sido el pretexto para la explotación, el saqueo y la depredación de la región más biodiversa del país, colocando en riesgo la estabilidad social de la región y de las comunidades, todo ello, debido a la actuación por demás irresponsable y dolosa de la SEMARNAT, al otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderables en territorio en conflicto –agrario e interestatal- y a pesar de la prohibición establecida en la legislación que rige la materia, y a pesar de los acuerdos suscritos por las Comunidades y el gobierno federal, Chiapas y Oaxaca desde el año de 1999.
Finalmente, queremos dejar en claro que nuestras demandas actuales como Chimalapas, por las que estamos y seguiremos luchando de forma pacífica, pero irrenunciable, son:
La solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental: respeto a nuestra posesión y propiedad histórica – ancestral (territorio indígena olmeca zoque Chimalapa) y legal (Títulos Virreinales) y a nuestras Resoluciones Presidenciales, reivindicándonos nuestras tierras.
a) Ello implica, que el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas –y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas- , reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”, a cambio, la comunidad de San Miguel Chimalapa –y en su momento, la de Santa María, como ya lo ha manifestado- reconocerá las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra; en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.
Que el gobierno Federal y los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca, respeten el irrenunciable derecho al territorio y al resguardo y manejo de los bienes naturales comunes, de nosotros, los Zoques – Chimalapas.
Respeto y cumplimiento a todos los Instrumentos Internacionales de protección y defensa a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de derechos colectivos, suscritos y ratificados por el Gobierno Mexicano, y recientemente incorporados a estatus constitucional.
Respeto a la integridad de todos los comuneros zoques - chimalapas, y respeto a sus derechos humanos colectivos y garantías individuales.
Cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.
Respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, mediante la cual, el gobierno federal se compromete a No otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.
Entrega inmediata del vehículo con los 44 tambos de resina de pino, secuestrado por el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas a comuneros indígenas zoques.
Retiro de la policía preventiva chiapaneca de los Bienes Comunales de los Chimalapas.
Atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.
ATENTAMENTE
| POR LOS ORGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA SAN MIGUEL CHIMALAPAS | |
| C. ALBERTO CRUZ GUTIERREZ PDTE. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES | |
| C. FLORIDO ANTONIO CRUZ SRIO. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES | C. LUIS AGUILAR JUAN TESORERO DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES |
| C. FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ PDTE. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA | |
| C. ALVARO ROMAN RIOS SRIO. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA | |
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