Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.- La tensión se recrudeció en la zona oriente de los Chimalapas, en los límites de Chiapas con Oaxaca, luego que los habitantes del poblado chiapaneco Rodulfo Figueroa bloquearon al medio día de hoy el paso a los zoques de San Antonio y Benito Juárez.
En la zona, los chimalapas demandan el desalojo de unos 300 habitantes del ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, asentados sobre casi cinco mil hectáreas de tierras comunales zoques y piden que la Semarnat cancele los permisos de aprovechamiento forestal expedidos a Chiapas.
Como una medida de presión, los zoques de Benito Juárez y San Antonio bloquearon desde el 20 de octubre el paso de los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, lo que provocó la irrupción de unos 500 policías chiapanecos en tierras oaxaqueñas, tres días después.
Al medio día de este miércoles, el agente municipal de San Antonio, Jorge Ruiz López informó que los chiapanecos del ejido Rodulfo Figueroa bloquearon el paso a los vehículos de San Antonio y Benito Juárez.
De acuerdo con la información preliminar, los zoques de la zona oriente ya no lograron introducir varias camionetas donde trasportaban víveres desde Zanatepec, enviados por el gobierno de Oaxaca.
Los pobladores de San Antonio se disponen a realizar una asamblea con la finalidad de determinar qué acciones se realizarán, aunque no se descarta que vayan a desbloquear el camino en Rodulfo Figueroa, informaron las autoridades.
Mientras que en San Miguel Chimalapa la asamblea comunitaria se reunirá por la tarde para analizar si van a bloquearle el paso a Rodulfo Figueroa o a desalojarlos.
En la zona aproximadamente 24 policías de Chiapas y Oaxaca bajo el mando de soldados del 13 regimiento de caballería motorizada patrullan los parajes desde el sábado 22 de octubre, para evitar enfrentamientos entre comunidades de ambas entidades.
Apenas el sábado 29 los chimalapas ingresaron al ejido Díaz Ordaz para proponerle a la población un plan de paz que consiste en reconocerles sus derechos como comuneros, sin importar que sean chiapanecos, si a cambio admiten que viven en tierras zoques.
miércoles, 2 de noviembre de 2011
martes, 1 de noviembre de 2011
Resistencia contra el despojo y la invasión.
BIENES COMUNALES EN EL BAJO MIXE, OAXACA:
Gabriel Ángel Pérez:
istmo_autonomo@yahoo.com.mx
Octubre 2011
San Juan Jaltepec o Yaa Betzi (cerro del tigre) es una comunidad zapoteca ubicada en la región del Papaloapam en Oaxaca, su municipio es Santiago Yaveo y pertenece al distrito de Choapam, la región limita con Veracruz. Esta comunidad ha sido considerada por muchas décadas como un foco rojo por parte del estado mexicano por su enérgica defensa de su territorio. Y es que este pueblo originario mantiene un fuerte arraigo a la forma de organización política, social y cultural que a partir de la posesión común de la tierra se organiza.
Para tener derecho y acceso a la tierra uno debe prestar sus servicios a la comunidad, si uno nace en el poblado estos servicios se inician entre los once y trece años, los servicios que prestan van de acuerdo a su edad y no son remunerados económicamente, a cambio obtienen el derecho a la posesión de la tierra para satisfacer sus necesidades más básicas. La asamblea general, que es la máxima autoridad, es quien asigna un solar para vivir y tierras para trabajar. Si en los periodos que comprenden sus servicios han demostrado ser personas responsables y honestas, llegado el momento, son los primeros en ser elegidos como autoridad, con cargos revocables y rotativos. Aunque a este sistema le haga falta erradicar algunas desigualdades y prácticas, como el rezago del derecho de la mujer en el acceso a la tierra, o la violencia de género, para la defensa de sus intereses comunes ha dado el mejor resultado.
Esta forma de organización comunitaria que gira en torno a la administración común del territorio, le ha generado un sin número de problemas al estado, a sus gobernantes en todos sus niveles, sus instituciones y su actual política económica que pone por delante los intereses monetarios antes que los humanos, y este ha respondido incontables veces, por mencionar alguno; los recursos que se asignan a la cabecera municipal, como los del ramo 33 y 28 para obras públicas: servicios de salud, agua potable, energía eléctrica, entre otros, no llegan a la comunidad, y las veces en que han llegado son insuficientes por que los fondos son desviados o simplemente embolsados, por lo tanto estos servicios son precarios y de muy mala calidad. Ante todo esto la comunidad no baja la fuerza con la que se defiende y organiza, sigue sin instalar casillas en los procesos electorales de cualquier nivel por considerar que ningún partido político representa los intereses del pueblo, entre sus estatutos comunales esta asentado no alambrar ni mucho menos vender sus tierras a extraños, y ningún comunero puede poseer más tierras de las que necesita para subsistir él y su familia. San Juan Jaltepec se suma entonces a la lista de pueblos originarios a la que dirigen una histórica guerra de exterminio, estructural y sistemática.
Caciques y guardias blancas; mecanismos del estado para desestabilizar la región.
En la década de los años 70 por esos rumbos se encontraba un fuerte cacicazgo protegido por todos los niveles de gobierno, Oaxaca en esa década estuvo gobernada por cinco sujetos entre los que se encontraba Manuel Zarate Aquino, uno de los más sanguinarios después de Ulises Ruíz, quien fue destituido en marzo de 1977 por una fuerte movilización social. Los caciques quienes eran brazos armados y ejecutores de ganaderos de Veracruz, fueron: Ventura Serrano, Jesús Torres y Mario Casimiro, con estos se incrementaban las actividades dirigidas a romper el tejido social de los pueblos y a desaparecer la forma común de posesión de la tierra.
Mario Casimiro se impuso en la región, obtuvo el respaldo de funcionarios y gobernantes para generar una oleada de terror, torturo y asesinó a más de ocho comisariados de bienes comunales de La Trinidad del municipio de Yaveo, y con esto lograron despojarles más de 40 mil hectáreas de terrenos comunales, grandes extensiones de potreros se ven en lo que otrora eran bosques y montañas con pequeñas parcelas cultivadas para el autoconsumo, a los pueblos Chinantecos, Mixes y Zapotecos de Choapam, sometió, asedio, y hostigo con más de doscientos guardias blancas que estaban a su disposición. Convenció a un grupo de personas de una comunidad vecina para escriturar bienes comunales de San Juan Jaltepec que después venderían a pequeños propietarios de Veracruz y con esto iniciar uno de los problemas más graves de invasión y despojo de territorio indígena en la región.
San Juan Jaltepec cuenta con títulos primordiales de mediados del siglo XVIII, un dictamen paleográfico y una copia certificada de protocolización promovidas en el año de 1942 por el agente municipal, en el juzgado mixto de primera instancia en Choapam, estos documentos amparan poco más de 20 mil hectáreas de terrenos comunales.
Después de un enfrentamiento, con policías estatales y guardias blancas, para evitar la venta de sus tierras en septiembre de 1979, donde perecieron tres comuneros, el pueblo decidió periódicamente desalambrar como acción urgente al mismo tiempo que iniciaron por la vía jurídica demandar la restitución y el reconocimiento de su territorio, en este mismo año 29 sedicentes pequeños propietarios se adjudicaban lotes en terrenos comunales. Hasta el año de 1993, ya establecidos los tribunales agrarios y las reformas al artículo 27 de la constitución, el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec emitió una sentencia con trabajos de medición realizados por la Secretaría de la Reforma Agraria en 1981 donde reconoce la extensión de sus bienes, se identificó un polígono general de 20,134 hectáreas de las cuales 6,631 hectáreas fueron consideradas como zona de conflicto y aparece un segundo grupo de 32 supuestos pequeños propietarios. El Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec para la sentencia, no tomó en cuenta los títulos primordiales y estableció la cantidad de tierra que puede ser arrebata, las 6,631 hectáreas de la llamada zona de conflicto.
Después de un largo periodo de gestión, el litigio agrario pudo ser tomado en cuenta dentro del programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria, se tuvo un acercamiento con el primer grupo de supuestos pequeños propietarios que compraron las tierras, 29 que se habían identificado antes de los trabajos de medición de 1981. Este grupo en particular, ha aceptado la contraprestación que el programa COSOMER otorga, para esto se requiere de una serie de trabajos de medición que identifican las posesiones, tanto de los supuestos pequeños propietarios como la de los comuneros.
Posesión común del territorio contra propiedad privada de la tierra.
En el año 2007 se ejecutó una sentencia para la obtención del plano definitivo sobre las 13,502 hectáreas libres de conflicto, que fueron respetadas como bienes comunales. En el año 2009 se llevaron a cabo trabajos de medición para ubicar los predios de los dos grupos de supuestos pequeños propietarios, 29 de un inicio y los 32 que aparecieron en la sentencia de 1993, los trabajos se realizaron en el mes de noviembre y dieron como resultado 3,071 hectáreas en manos particulares, las mediciones lo llevaron a cabo topógrafos del grupo de cosomer de Oaxaca a cargo de Leovigildo López López.
En este año 2011 a través de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca a cargo de Carlos Moreno Derbez, los dos grupos de supuestos pequeños propietarios entregaron 67 documentos con las que ampararon sus predios para medir por segunda vez y ubicar en campo estas posesiones, los acuerdos para esta nueva etapa de medición consistía en que los topógrafos que realizarían las mediciones tomarían en cuenta los trabajos hechos en el año 2009, que presentaran sus documentos oficiales y que fueran los supuestos pequeños propietarios quienes señalaran sus posesiones, estos acuerdos fundamentales asentadas en minutas de trabajo de años anteriores no se respetaron por parte de las instancias encargadas de los trabajos de medición, no fueron los 67 propietarios a señalar los predios si no pobladores de la comunidad vecina de Santa María Yaveo y personas ajenas a la región a quienes se les pagó entre 3 mil y 4 mil pesos para hacer señalamientos, presentaron documentos apócrifos, se midieron predios sin documentación y sin tener la posesión real de la tierra. Los trabajos concluyeron el 17 de junio del 2011 y la brigada de topógrafos estuvo a cargo de Francisco Zamora Cervantes, de los 67 sedicentes pequeños propietarios de un inicio, los trabajos de medición de este año arrojaron un total de 102 supuestas posesiones, este resultado más que aportar para la solución de este caso, agudizó el conflicto, atizo el descontento de los comuneros y genero expectativas en personas ajenas a la región, a partir de este último trabajo de medición, en la llamada zona de conflicto han establecido alambrados y convertido en potreros parte de las 6,631 hectáreas. Hasta este momento se ha identificado a un grupo de pobladores de Santa María Yaveo, respaldados por ganaderos de Veracruz, como los responsables de vender terrenos comunales.
La Secretaría de la Reforma Agraria tiene actualmente mapas donde se observan posesiones sobrepuestas dentro de las 6,631 hectáreas, resultado de sus trabajos de medición, en estos mapas se identifican claramente predios que le pertenecen a más de cuatro personas, el grupo que en este momento está lucrando con terrenos comunales ha vendido una y otra vez los mismos predios a diferentes personas. La misma Secretaría de la Reforma Agraria empeoro este litigio al tomar en cuenta señalamientos sin posesiones reales y documentos sin ningún valor oficial, lo cual nos deja claro que sus intereses no son las de resolver a favor de los pueblos.
En la última audiencia con el subsecretario Jaime Tomas Ríos Bernal el 7 de agosto de este año, se emplazó a la Secretaría para destrabar lo que ellos generaron, se dio un plazo de 15 días para que intervengan instancias del fuero común, detrás de la venta de terrenos comunales se han practicado extorciones, fraudes y asesinatos. Después del emplazamiento a la Secretaría la comunidad llevara a cabo una asamblea general para organizar desalambrados en su territorio que históricamente les pertenece, es necesario aclarar que el conflicto no es entre dos comunidades, el conflicto es con un grupo de personas que han sido prácticamente contratadas para vender predios, a estas personas les han estado expidiendo documentos que entregan a miembros de la Asociación Ganadera de Veracruz, que son generalmente los que compran las tierras.
Si San Juan Jaltepec desalambra en la fecha establecida, se generara en la región un enfrentamiento donde los más perjudicados serán los comuneros, se ha identificado a un funcionario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de María Lombardo, desde hace más de tres años introducir armas de alto poder para grupos paramilitares en la región, utilizando camionetas con el logo de la institución federal, fácilmente puede pasar los retenes militares sin ser revisado, este funcionario ha comprado parte de las 6,631 hectáreas.
La posesión de la tierra responde a necesidades naturales y es la forma en como los pueblos originarios asumen sus territorios, la propiedad particular es la privatización, es el inicio para el despojo de los bienes naturales y de la sabiduría milenaria de las comunidades indígenas, con la privatización de sus tierras desaparece su forma de organización política, económica y cultural.
La defensa de los Derechos de Los Pueblos Indígenas se hace indispensable, el distrito de Choapam se encuentra dentro del Istmo de Tehuantepec, región ambicionada por trasnacionales en las que se ha empezado poco a poco a implementar el llamado Plan Mesoamericano, antes llamado Plan Puebla Panamá y que tiene su antecedente en el megaproyecto del Istmo.
Gabriel Ángel Pérez:
istmo_autonomo@yahoo.com.mx
Octubre 2011
San Juan Jaltepec o Yaa Betzi (cerro del tigre) es una comunidad zapoteca ubicada en la región del Papaloapam en Oaxaca, su municipio es Santiago Yaveo y pertenece al distrito de Choapam, la región limita con Veracruz. Esta comunidad ha sido considerada por muchas décadas como un foco rojo por parte del estado mexicano por su enérgica defensa de su territorio. Y es que este pueblo originario mantiene un fuerte arraigo a la forma de organización política, social y cultural que a partir de la posesión común de la tierra se organiza.
Para tener derecho y acceso a la tierra uno debe prestar sus servicios a la comunidad, si uno nace en el poblado estos servicios se inician entre los once y trece años, los servicios que prestan van de acuerdo a su edad y no son remunerados económicamente, a cambio obtienen el derecho a la posesión de la tierra para satisfacer sus necesidades más básicas. La asamblea general, que es la máxima autoridad, es quien asigna un solar para vivir y tierras para trabajar. Si en los periodos que comprenden sus servicios han demostrado ser personas responsables y honestas, llegado el momento, son los primeros en ser elegidos como autoridad, con cargos revocables y rotativos. Aunque a este sistema le haga falta erradicar algunas desigualdades y prácticas, como el rezago del derecho de la mujer en el acceso a la tierra, o la violencia de género, para la defensa de sus intereses comunes ha dado el mejor resultado.
Esta forma de organización comunitaria que gira en torno a la administración común del territorio, le ha generado un sin número de problemas al estado, a sus gobernantes en todos sus niveles, sus instituciones y su actual política económica que pone por delante los intereses monetarios antes que los humanos, y este ha respondido incontables veces, por mencionar alguno; los recursos que se asignan a la cabecera municipal, como los del ramo 33 y 28 para obras públicas: servicios de salud, agua potable, energía eléctrica, entre otros, no llegan a la comunidad, y las veces en que han llegado son insuficientes por que los fondos son desviados o simplemente embolsados, por lo tanto estos servicios son precarios y de muy mala calidad. Ante todo esto la comunidad no baja la fuerza con la que se defiende y organiza, sigue sin instalar casillas en los procesos electorales de cualquier nivel por considerar que ningún partido político representa los intereses del pueblo, entre sus estatutos comunales esta asentado no alambrar ni mucho menos vender sus tierras a extraños, y ningún comunero puede poseer más tierras de las que necesita para subsistir él y su familia. San Juan Jaltepec se suma entonces a la lista de pueblos originarios a la que dirigen una histórica guerra de exterminio, estructural y sistemática.
Caciques y guardias blancas; mecanismos del estado para desestabilizar la región.
En la década de los años 70 por esos rumbos se encontraba un fuerte cacicazgo protegido por todos los niveles de gobierno, Oaxaca en esa década estuvo gobernada por cinco sujetos entre los que se encontraba Manuel Zarate Aquino, uno de los más sanguinarios después de Ulises Ruíz, quien fue destituido en marzo de 1977 por una fuerte movilización social. Los caciques quienes eran brazos armados y ejecutores de ganaderos de Veracruz, fueron: Ventura Serrano, Jesús Torres y Mario Casimiro, con estos se incrementaban las actividades dirigidas a romper el tejido social de los pueblos y a desaparecer la forma común de posesión de la tierra.
Mario Casimiro se impuso en la región, obtuvo el respaldo de funcionarios y gobernantes para generar una oleada de terror, torturo y asesinó a más de ocho comisariados de bienes comunales de La Trinidad del municipio de Yaveo, y con esto lograron despojarles más de 40 mil hectáreas de terrenos comunales, grandes extensiones de potreros se ven en lo que otrora eran bosques y montañas con pequeñas parcelas cultivadas para el autoconsumo, a los pueblos Chinantecos, Mixes y Zapotecos de Choapam, sometió, asedio, y hostigo con más de doscientos guardias blancas que estaban a su disposición. Convenció a un grupo de personas de una comunidad vecina para escriturar bienes comunales de San Juan Jaltepec que después venderían a pequeños propietarios de Veracruz y con esto iniciar uno de los problemas más graves de invasión y despojo de territorio indígena en la región.
San Juan Jaltepec cuenta con títulos primordiales de mediados del siglo XVIII, un dictamen paleográfico y una copia certificada de protocolización promovidas en el año de 1942 por el agente municipal, en el juzgado mixto de primera instancia en Choapam, estos documentos amparan poco más de 20 mil hectáreas de terrenos comunales.
Después de un enfrentamiento, con policías estatales y guardias blancas, para evitar la venta de sus tierras en septiembre de 1979, donde perecieron tres comuneros, el pueblo decidió periódicamente desalambrar como acción urgente al mismo tiempo que iniciaron por la vía jurídica demandar la restitución y el reconocimiento de su territorio, en este mismo año 29 sedicentes pequeños propietarios se adjudicaban lotes en terrenos comunales. Hasta el año de 1993, ya establecidos los tribunales agrarios y las reformas al artículo 27 de la constitución, el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec emitió una sentencia con trabajos de medición realizados por la Secretaría de la Reforma Agraria en 1981 donde reconoce la extensión de sus bienes, se identificó un polígono general de 20,134 hectáreas de las cuales 6,631 hectáreas fueron consideradas como zona de conflicto y aparece un segundo grupo de 32 supuestos pequeños propietarios. El Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec para la sentencia, no tomó en cuenta los títulos primordiales y estableció la cantidad de tierra que puede ser arrebata, las 6,631 hectáreas de la llamada zona de conflicto.
Después de un largo periodo de gestión, el litigio agrario pudo ser tomado en cuenta dentro del programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria, se tuvo un acercamiento con el primer grupo de supuestos pequeños propietarios que compraron las tierras, 29 que se habían identificado antes de los trabajos de medición de 1981. Este grupo en particular, ha aceptado la contraprestación que el programa COSOMER otorga, para esto se requiere de una serie de trabajos de medición que identifican las posesiones, tanto de los supuestos pequeños propietarios como la de los comuneros.
Posesión común del territorio contra propiedad privada de la tierra.
En el año 2007 se ejecutó una sentencia para la obtención del plano definitivo sobre las 13,502 hectáreas libres de conflicto, que fueron respetadas como bienes comunales. En el año 2009 se llevaron a cabo trabajos de medición para ubicar los predios de los dos grupos de supuestos pequeños propietarios, 29 de un inicio y los 32 que aparecieron en la sentencia de 1993, los trabajos se realizaron en el mes de noviembre y dieron como resultado 3,071 hectáreas en manos particulares, las mediciones lo llevaron a cabo topógrafos del grupo de cosomer de Oaxaca a cargo de Leovigildo López López.
En este año 2011 a través de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca a cargo de Carlos Moreno Derbez, los dos grupos de supuestos pequeños propietarios entregaron 67 documentos con las que ampararon sus predios para medir por segunda vez y ubicar en campo estas posesiones, los acuerdos para esta nueva etapa de medición consistía en que los topógrafos que realizarían las mediciones tomarían en cuenta los trabajos hechos en el año 2009, que presentaran sus documentos oficiales y que fueran los supuestos pequeños propietarios quienes señalaran sus posesiones, estos acuerdos fundamentales asentadas en minutas de trabajo de años anteriores no se respetaron por parte de las instancias encargadas de los trabajos de medición, no fueron los 67 propietarios a señalar los predios si no pobladores de la comunidad vecina de Santa María Yaveo y personas ajenas a la región a quienes se les pagó entre 3 mil y 4 mil pesos para hacer señalamientos, presentaron documentos apócrifos, se midieron predios sin documentación y sin tener la posesión real de la tierra. Los trabajos concluyeron el 17 de junio del 2011 y la brigada de topógrafos estuvo a cargo de Francisco Zamora Cervantes, de los 67 sedicentes pequeños propietarios de un inicio, los trabajos de medición de este año arrojaron un total de 102 supuestas posesiones, este resultado más que aportar para la solución de este caso, agudizó el conflicto, atizo el descontento de los comuneros y genero expectativas en personas ajenas a la región, a partir de este último trabajo de medición, en la llamada zona de conflicto han establecido alambrados y convertido en potreros parte de las 6,631 hectáreas. Hasta este momento se ha identificado a un grupo de pobladores de Santa María Yaveo, respaldados por ganaderos de Veracruz, como los responsables de vender terrenos comunales.
La Secretaría de la Reforma Agraria tiene actualmente mapas donde se observan posesiones sobrepuestas dentro de las 6,631 hectáreas, resultado de sus trabajos de medición, en estos mapas se identifican claramente predios que le pertenecen a más de cuatro personas, el grupo que en este momento está lucrando con terrenos comunales ha vendido una y otra vez los mismos predios a diferentes personas. La misma Secretaría de la Reforma Agraria empeoro este litigio al tomar en cuenta señalamientos sin posesiones reales y documentos sin ningún valor oficial, lo cual nos deja claro que sus intereses no son las de resolver a favor de los pueblos.
En la última audiencia con el subsecretario Jaime Tomas Ríos Bernal el 7 de agosto de este año, se emplazó a la Secretaría para destrabar lo que ellos generaron, se dio un plazo de 15 días para que intervengan instancias del fuero común, detrás de la venta de terrenos comunales se han practicado extorciones, fraudes y asesinatos. Después del emplazamiento a la Secretaría la comunidad llevara a cabo una asamblea general para organizar desalambrados en su territorio que históricamente les pertenece, es necesario aclarar que el conflicto no es entre dos comunidades, el conflicto es con un grupo de personas que han sido prácticamente contratadas para vender predios, a estas personas les han estado expidiendo documentos que entregan a miembros de la Asociación Ganadera de Veracruz, que son generalmente los que compran las tierras.
Si San Juan Jaltepec desalambra en la fecha establecida, se generara en la región un enfrentamiento donde los más perjudicados serán los comuneros, se ha identificado a un funcionario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de María Lombardo, desde hace más de tres años introducir armas de alto poder para grupos paramilitares en la región, utilizando camionetas con el logo de la institución federal, fácilmente puede pasar los retenes militares sin ser revisado, este funcionario ha comprado parte de las 6,631 hectáreas.
La posesión de la tierra responde a necesidades naturales y es la forma en como los pueblos originarios asumen sus territorios, la propiedad particular es la privatización, es el inicio para el despojo de los bienes naturales y de la sabiduría milenaria de las comunidades indígenas, con la privatización de sus tierras desaparece su forma de organización política, económica y cultural.
La defensa de los Derechos de Los Pueblos Indígenas se hace indispensable, el distrito de Choapam se encuentra dentro del Istmo de Tehuantepec, región ambicionada por trasnacionales en las que se ha empezado poco a poco a implementar el llamado Plan Mesoamericano, antes llamado Plan Puebla Panamá y que tiene su antecedente en el megaproyecto del Istmo.
lunes, 31 de octubre de 2011
Chimalapas proponen diálogo a chiapanecos
Alberto López Morales
SAN ANTONIO, CHIMALAPAS, Oax.- Mientras mira hacia los pinos que apenas se distinguen entre la neblina y se frota las manos para sacudirse del frío que produce la llovizna con viento conocida aquí como “agua norte”, don Juan confiesa que lo que más le duele a los chimalapas no es la pobreza, “sino el olvido”.
¿El olvido de quién?, se le pregunta. De todos, responde sin vacilación, sentado de cuclillas junto a unos ardientes trozos de leños secos que echan humo al convertirse poco a poco en ceniza, a un costado del camino que va al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz y que está bloqueado con cadenas y camionetas desde el jueves 20 de octubre.
“Lo que más nos duele es el olvido”, reitera a su lado el líder de los comuneros zoques, Alberto Cruz Gutiérrez, envuelto en una gruesa chamarra color café. “Por el olvido de los gobiernos, los chimalapas enfrentamos la invasión de nuestras selvas y por el olvido el conflicto agrario con Chiapas tienen más de 40 años”, refiere con un gesto de enfado y fastidio.
El reloj marca las 14:30 horas del sábado, pero la neblina y los nubarrones negros simulan un horario tardío. Los zoques procedentes de San Miguel Chimalapa bajan prestos de las redilas, se sacuden el polvo de sus chamarras y cuidan con celo sus machetes. De Inmediato doña María les da la bienvenida y comienza la reunión.
Treinta minutos después el acuerdo es unánime y rubricado ruidosamente con vivas y aplausos: Por el olvido en que nos tienen los gobiernos, vamos a ir, en paz, al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, vamos a invitar a los campesinos para que dialoguemos directamente, exclama Álvaro Román, del consejo de vigilancia comunal.
Antes de que los chimalapas suban de nueva cuenta a sus camionetas redilas, unos 30 soldados, encargados de evitar enfrentamientos en la zona del conflicto desde el sábado 22 de octubre, abordan cuatro vehículos tipo Hummer y enfilan hacia la polvorienta terracería que conduce a Gustavo Díaz Ordaz. La tensión crece y se observa en los gestos endurecidos de todos.
En el centro del poblado Gustavo Díaz Ordaz, los policías chiapanecos se refugian en la comandancia, a los lejos, desde las ventanas de las viviendas de madera y techo de lámina asoman los rostros de niños que muestran en sus ojos la expresión del miedo, a unos 100 metros mujeres y hombres chiapanecos se repliegan, mientras los chimalapas instalan sobre una camioneta un aparato de sonido que funciona con una bomba de gasolina y que despliega la voz de Alberto Cruz.
“Entre hermanos indígenas zoques y tzotziles no debemos pelearnos. Estamos confrontados porque así conviene a los intereses políticos de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y de México y a los intereses económicos de los talamontes. Venimos a invitarlos a dialogar y a escuchar la propuesta que tenemos por mandato de la asamblea comunal del 20 de septiembre”, dice a manera de preámbulo en medio de la tensión.
La propuesta es simple: Los chimalapas reconocerán como comuneros, con plenos derechos, a los chiapanecos que reconozcan que están asentados en las tierras comunales de los zoques. El plazo vence en diciembre. De lo contrario, los chimalapas asumirán otras acciones en el que no descartan el desalojo.
Media hora después, los chimalapas regresan a San Antonio. Solo en ese momento las facciones endurecidas del capitán de caballería Sixto Román, el responsable de la guarnición militar, se suavizan. La tensión cede a la algarabía, pero el conflicto agrario y el encono ya dejaron huellas: De regreso a San Antonio, uno 10 niños, menores de 10 años, reciben a la caravana de hombres y mujeres con disparos simulados, trasformando sus pequeñas manos en armas de fuego. La palma extendida, tres dedos hacia atrás, el índice por delante, el pulgar hacia arriba y el onomatopéyico ¡pum!, ¡pum!, sale de sus labios.
El olvido gubernamental, duele más que la pobreza y la marginación, resume Enoc Matus, el director de la primaria donde no hay clases por el conflicto. “La gente no tiene para comer y sobrevive en el bloqueo comiendo malanga. El olvido lastima a nuestra gente”, dice con la voz que apaga el viento frío que desciende con fuerza de las montañas cubiertas de neblina y pinos.
SAN ANTONIO, CHIMALAPAS, Oax.- Mientras mira hacia los pinos que apenas se distinguen entre la neblina y se frota las manos para sacudirse del frío que produce la llovizna con viento conocida aquí como “agua norte”, don Juan confiesa que lo que más le duele a los chimalapas no es la pobreza, “sino el olvido”.
¿El olvido de quién?, se le pregunta. De todos, responde sin vacilación, sentado de cuclillas junto a unos ardientes trozos de leños secos que echan humo al convertirse poco a poco en ceniza, a un costado del camino que va al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz y que está bloqueado con cadenas y camionetas desde el jueves 20 de octubre.
“Lo que más nos duele es el olvido”, reitera a su lado el líder de los comuneros zoques, Alberto Cruz Gutiérrez, envuelto en una gruesa chamarra color café. “Por el olvido de los gobiernos, los chimalapas enfrentamos la invasión de nuestras selvas y por el olvido el conflicto agrario con Chiapas tienen más de 40 años”, refiere con un gesto de enfado y fastidio.
El reloj marca las 14:30 horas del sábado, pero la neblina y los nubarrones negros simulan un horario tardío. Los zoques procedentes de San Miguel Chimalapa bajan prestos de las redilas, se sacuden el polvo de sus chamarras y cuidan con celo sus machetes. De Inmediato doña María les da la bienvenida y comienza la reunión.
Treinta minutos después el acuerdo es unánime y rubricado ruidosamente con vivas y aplausos: Por el olvido en que nos tienen los gobiernos, vamos a ir, en paz, al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, vamos a invitar a los campesinos para que dialoguemos directamente, exclama Álvaro Román, del consejo de vigilancia comunal.
Antes de que los chimalapas suban de nueva cuenta a sus camionetas redilas, unos 30 soldados, encargados de evitar enfrentamientos en la zona del conflicto desde el sábado 22 de octubre, abordan cuatro vehículos tipo Hummer y enfilan hacia la polvorienta terracería que conduce a Gustavo Díaz Ordaz. La tensión crece y se observa en los gestos endurecidos de todos.
En el centro del poblado Gustavo Díaz Ordaz, los policías chiapanecos se refugian en la comandancia, a los lejos, desde las ventanas de las viviendas de madera y techo de lámina asoman los rostros de niños que muestran en sus ojos la expresión del miedo, a unos 100 metros mujeres y hombres chiapanecos se repliegan, mientras los chimalapas instalan sobre una camioneta un aparato de sonido que funciona con una bomba de gasolina y que despliega la voz de Alberto Cruz.
“Entre hermanos indígenas zoques y tzotziles no debemos pelearnos. Estamos confrontados porque así conviene a los intereses políticos de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y de México y a los intereses económicos de los talamontes. Venimos a invitarlos a dialogar y a escuchar la propuesta que tenemos por mandato de la asamblea comunal del 20 de septiembre”, dice a manera de preámbulo en medio de la tensión.
La propuesta es simple: Los chimalapas reconocerán como comuneros, con plenos derechos, a los chiapanecos que reconozcan que están asentados en las tierras comunales de los zoques. El plazo vence en diciembre. De lo contrario, los chimalapas asumirán otras acciones en el que no descartan el desalojo.
Media hora después, los chimalapas regresan a San Antonio. Solo en ese momento las facciones endurecidas del capitán de caballería Sixto Román, el responsable de la guarnición militar, se suavizan. La tensión cede a la algarabía, pero el conflicto agrario y el encono ya dejaron huellas: De regreso a San Antonio, uno 10 niños, menores de 10 años, reciben a la caravana de hombres y mujeres con disparos simulados, trasformando sus pequeñas manos en armas de fuego. La palma extendida, tres dedos hacia atrás, el índice por delante, el pulgar hacia arriba y el onomatopéyico ¡pum!, ¡pum!, sale de sus labios.
El olvido gubernamental, duele más que la pobreza y la marginación, resume Enoc Matus, el director de la primaria donde no hay clases por el conflicto. “La gente no tiene para comer y sobrevive en el bloqueo comiendo malanga. El olvido lastima a nuestra gente”, dice con la voz que apaga el viento frío que desciende con fuerza de las montañas cubiertas de neblina y pinos.
domingo, 30 de octubre de 2011
Chimalapas “toman” simbólicamente el ejido Díaz Ordaz
Alberto López Morales
Juchitán, Oax.-Unos 150 comuneros zoques de San Miguel Chimalapa y de los poblados San Antonio y Benito Juárez. "tomaron" simbólicamente, en un ambiente tenso, el ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, en los límites de Chiapas y Oaxaca.
Los chimalapas se apostaron a la entrada del ejido, bajo la vigilancia de soldados del 13 Regimiento de Caballería Motorizada que resguarda la zona del conflicto agrario desde hace una semana, mientras que la población chiapaneca se replegó a unos 100 metros enfrente de donde los zoques se plantaron.
"Venimos en un plan pacífico para proponerles que reconozcan nuestra autoridad comunal y a cambio dejaremos que sigan trabajando la tierra y viviendo en paz", les dijo el dirigente zoque Alberto Cruz Gutiérrez, quien les recordó que "ustedes se encuentran en la selva propiedad de los chimalapas".
Cruz Gutiérrez calificó la irrupción de los chimalapas al ejido Díaz Ordaz como "histórica, después de 40 años de su creación" y acusó a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas y al gobierno federal de negarse a resolver el conflicto por sus intereses políticos y los intereses económicos de los talamontes.
Durante media hora, comuneros hicieron escuchar sus voces a los chiapanecos que mantuvieron la distancia y a quienes advirtieron son esos intereses los que quieren provocar un enfrentamiento "entre hermanos zoques y tzotziles".
El conflicto agrario tiene más de 40 años. Chiapas, de acuerdo con los chimalapas han invadido desde entonces unas 150 mil hectáreas de San Miguel y Santa María Chimalapa.
Después de 30 minutos de la "toma simbólica" del ejido chiapaneco, los chimalapas regresaron a San Antonio, donde sigue el paso bloqueado con cadenas desde el jueves 20 de este mes y ahí responsabilizaron a los gobiernos de ambas entidades y al gobierno federal de cualquier enfrentamiento o de represión.
Los chimalapas exigieron además al gobierno de Oaxaca que atienda las necesidades de los pueblos zoques de la zona oriente, donde hay desabasto de alimentos, siguen suspendidas las clases en las escuelas y son necesarias las brigadas médicas.
El ejido Díaz Ordaz está asentado sobre casi cinco mil hectáreas de los chimalapas. En noviembre del año pasado la SRA ofreció a los zoques 20 millones de pesos por esas tierras. En la asamblea que se realizó este sábado en San Antonio, los zoques volvieron a rechazar la oferta y anunciaron que en las próximas movilizaciones en defensa de recursos naturales, se sumarán los pobladores de Santa María Chimalapa.
Juchitán, Oax.-Unos 150 comuneros zoques de San Miguel Chimalapa y de los poblados San Antonio y Benito Juárez. "tomaron" simbólicamente, en un ambiente tenso, el ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, en los límites de Chiapas y Oaxaca.
Los chimalapas se apostaron a la entrada del ejido, bajo la vigilancia de soldados del 13 Regimiento de Caballería Motorizada que resguarda la zona del conflicto agrario desde hace una semana, mientras que la población chiapaneca se replegó a unos 100 metros enfrente de donde los zoques se plantaron.
"Venimos en un plan pacífico para proponerles que reconozcan nuestra autoridad comunal y a cambio dejaremos que sigan trabajando la tierra y viviendo en paz", les dijo el dirigente zoque Alberto Cruz Gutiérrez, quien les recordó que "ustedes se encuentran en la selva propiedad de los chimalapas".
Cruz Gutiérrez calificó la irrupción de los chimalapas al ejido Díaz Ordaz como "histórica, después de 40 años de su creación" y acusó a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas y al gobierno federal de negarse a resolver el conflicto por sus intereses políticos y los intereses económicos de los talamontes.
Durante media hora, comuneros hicieron escuchar sus voces a los chiapanecos que mantuvieron la distancia y a quienes advirtieron son esos intereses los que quieren provocar un enfrentamiento "entre hermanos zoques y tzotziles".
El conflicto agrario tiene más de 40 años. Chiapas, de acuerdo con los chimalapas han invadido desde entonces unas 150 mil hectáreas de San Miguel y Santa María Chimalapa.
Después de 30 minutos de la "toma simbólica" del ejido chiapaneco, los chimalapas regresaron a San Antonio, donde sigue el paso bloqueado con cadenas desde el jueves 20 de este mes y ahí responsabilizaron a los gobiernos de ambas entidades y al gobierno federal de cualquier enfrentamiento o de represión.
Los chimalapas exigieron además al gobierno de Oaxaca que atienda las necesidades de los pueblos zoques de la zona oriente, donde hay desabasto de alimentos, siguen suspendidas las clases en las escuelas y son necesarias las brigadas médicas.
El ejido Díaz Ordaz está asentado sobre casi cinco mil hectáreas de los chimalapas. En noviembre del año pasado la SRA ofreció a los zoques 20 millones de pesos por esas tierras. En la asamblea que se realizó este sábado en San Antonio, los zoques volvieron a rechazar la oferta y anunciaron que en las próximas movilizaciones en defensa de recursos naturales, se sumarán los pobladores de Santa María Chimalapa.
sábado, 29 de octubre de 2011
Muere campesino en La Venta, en desalojo de anti eólicos
Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.- La protesta de campesinos que se oponen a la construcción del parque eólico “Piedra Larga”, en el poblado zapoteca de Unión Hidalgo, provocó la muerte de Reynaldo Ordaz Velázquez, en La Venta, agencia de esta ciudad, cuando los manifestantes bloqueaban la carretera Panamericana.
Los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra habían iniciado un bloqueo sobre la carretera Panamericana, a la altura de la desviación a La Venta, cuando ocurrió el zafarrancho con “policías municipales de esa comunidad que nos lanzó disparos y desalojó con violencia”, dijo Betina Cruz Velázquez, dirigente de esa organización.
El secretario municipal del gobierno juchiteco, Juan Antonio García dijo que no es posible que la policía de La Venta hayan disparado “porque ningún policía, ni de las agencias ni de la cabecera cuentan con armas de fuego” y pidió que la Procuraduría de Justicia investigue los hechos y castigue a los responsables.
De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido intentó pasar en el bloqueo cuando recibió un impacto de bala en el rostro. Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas de este sábado.
Pobladores de La Venta denunciaron que la agresión en contra de Reynaldo Ordaz, vecino de esa localidad, provino desde una camioneta donde viajaban el integrante de la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE, Rodrigo Flores Peñaloza y Juan Rasgado, uno de los campesinos inconformes con la construcción del parque eólico.
“Rodrigo Flores Peñaloza no participó en el bloqueo de la carretera porque él acudió a la capital de Oaxaca a participar en una conferencia y venía de regreso”, dijo Betina Cruz, quien apenas días antes había solicitado medidas cautelares porque había recibido amenazas de muerte de parte del personal de seguridad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que tiene a su cargo la construcción del parque eólico en Unión Hidalgo.
Por su parte Rodrigo Flores Peñaloza dijo que este sábado se reunió en la capital de Oaxaca, con el gobernador Gabino Cué para pedirle que instalara una mesa de diálogo con los empresarios de la empresa Demex y a las 14:00 horas ofreció una conferencia de prensa. "Eso prueba de que no estuve en el bloqueo y demuestra que quieren incriminarme", señaló.
La construcción del parque eólico comenzó en febrero pasado, a cargo de Demex, asociada con Bimbo y tiene una inversión de 200 millones de dólares y está previsto que genere 90 megawats de electricidad a través del aprovechamiento del viento, para el segundo semestre del 2012.
Desde febrero, en que comenzó la construcción del parque eólico, un grupo de 40 campesinos que rentaron sus tierras a la empresa Demex se inconformaron con el contrato de arrendamiento y solicitaron la revisión de varias cláusulas.
Apenas el 25 de este mes los campesinos bloquearon el paso de los trabajadores de Demex hacia sus tierras, aunque la obra continuó debido a que los obreros habilitaron un camino alterno.
El viernes pasado los dirigentes de la Asamblea de los Pueblos del Istmo pidió al gobernador Gabino Cué, que instalara una mesa de diálogo con los inversionistas filiales de la española Renovalia Energy y que investigara bajo qué condiciones estaban construyendo el parque eólico.
miércoles, 26 de octubre de 2011
Le falla SRA a Chimalapas
Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.- Las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) “plantaron” a los zoques de la región oriente de los chimalapas, quienes esperaban que este miércoles se instalara una mesa de diálogo en San Antonio, donde desde el jueves está bloqueado el paso a los chiapanecos.
El presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez lamentó el silencio de la SRA “que solo abona a la incertidumbre y a elevar el riesgo de un enfrentamiento en la zona del conflicto agrario” entre comuneros zoques y ejidatarios chiapanecos.
A su regreso de la capital oaxaqueña, Cruz Gutiérrez informó que el presidente de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno de Oaxaca, Carlos Moreno Derbez, les informó que los funcionarios de la SRA no estaban en condiciones de instalar la mesa agraria.
“En Oaxaca nos dijeron que si la SRA y Semarnat (que ha autorizado a los chiapanecos permisos forestales en la zona del conflicto), no estaban disponibles, tampoco las autoridades de Oaxaca estaban en condiciones de acudir a San Antonio”, en la zona oriente de los chimalapas, señaló Cruz Gutiérrez.
Para nosotros, añadió el dirigente de los comuneros zoques, parece que los gobiernos de México y de Oaxaca no tienen interés de resolver el problema agrario que tiene más de 40 años y tampoco les interesa evitar un derramamiento de sangre en la zona.
Cruz Gutiérrez también lamentó la negativa del gobierno de Chiapas para sentarse y dialogar civilizadamente en la zona del conflicto, con la intención de encontrar un arreglo pacífico al conflicto agrario.
Por el lado de San Miguel Chimalapa, Chiapas tiene invadidas cerca de 47 mil hectáreas y por el lado de Santa María Chimalapa tiene en su poder algo así como 100 mil hectáreas de tierras comunales zoques, recordó Alberto cruz Gutiérrez.
De acuerdo con la resolución presidencial de 1967, entre ambos poblados zoques cuentan con casi 600 mil hectáreas de selvas y bosques que han venido siendo invadidos mediante el desplazamiento de ejidos chiapanecos a la zona oriente de los chimalapas.
Mediante un comunicado difundido este miércoles, las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa exigieron “una solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental y demandaron que el ejido Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas, y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas, reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”.
A cambio, plantearon, la comunidad de San Miguel Chimalapa y la de Santa María, reconocerán las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra y en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.
Los representantes zoques de San Miguel Chimalapa solicitaron además la cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.
En comunicado, los chimalapas exigieron el respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, donde el gobierno federal se comprometió a no otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.
Asimismo demandaron el retiro de la policía preventiva chiapaneca del territorio de los chimalapas y pidieron la atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.
Las asambleas comunitarias de San Antonio, Benito Juárez y de San Miguel Chimalapa decidirán las acciones que consideren necesarias para la defensa de sus tierras y para la solución de todos los conflictos agrarios existentes en la zona, dijeron los chimalapas.
COMUNICADO DE LOS CHIMALAPAS
San Miguel Chimalapa, 20 de octubre de 2011
C. Felipe Calderón Hinojosa.- Presidente Constitucional de la República.
C. Secretario de Gobernación.
C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
C. Presidente del Tribunal Superior Agrario
C. Presidente del Honorable Congreso de la Unión.
c. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
C. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
C. José Martínez Álvarez.- Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca.
C. Presidente de la Mesa de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Organismos de la sociedad civil, ONG´s , ecologistas y defensores de derechos humanos, a nivel estatal, nacional e internacional,
A los Pueblos Indígenas y comunidades en lucha y defensa por sus tierras, territorios y bienes naturales comunes,
A la opinión pública y alos medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales
Les manifestamos:
Que nuestras comunidades zoque chimalapas, continuamos con una lucha iniciada desde hace mas de 60 años por la defensa de nuestras tierras y bienes naturales comunes, iniciando con acciones de bloqueo el día jueves 20 de octubre de 2011, en la zona oriente de nuestro territorio comunal en los anexos agrarios de Benito Juárez y San Antonio; enmedio de nuestras congregaciones comunales, se encuentra el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que se dice pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas; núcleo agrario ilegalmente asentado en nuestras tierras comunales, por un conflicto agrario creado dolosamente por el gobierno federal –a instancias del gobierno chiapaneco- en 1967, al “dotar de tierras” a ejidos de origen chiapaneco, dentro de nuestros bienes comunales que de manera ancestral hemos poseído las comunidades indígenas zoques.
Ante la falta de atención, cerrazón del gobierno federal que ve como la única “solución”, la compra de nuestras tierras a través del programa COSOMER, operado por la SRA, ante la acción nefasta del gobierno de Chiapas y la omisión del Gobierno de Oaxaca, las comunidades chimas buscamos la reivindicación del Estado mexicano y exigimos el respeto a nuestro territorio olmeca - zoque ancestral, el fin del saqueo, la depredación ecológica y de la privatización de nuestros bienes naturales comunes, por parte de ilegítimos intereses de madereros, ganaderos y funcionarios corruptos, que han administrado el conflicto agrario, en una región de gran importancia ecológica, fundamental para nuestro país y para el planeta mismo, como lo es nuestra región Chimalapa, que es poseedora de un territorio con la mayor diversidad biológica del país y de Mesoamérica (mayor aún que la existente en la Selva Lacandona), proveedora de invaluables servicios hidrológicos, ambientales y de biodiversidad, además de contar con un legítimo antecedente histórico legal, pues el territorio indígena ancestral Chimalapas, es propiedad de nuestros antepasados de origen Olmeca - Zoques, cuya existencia es anterior a la de los estados de Oaxaca y Chiapas. Nuestros abuelos para lograr el respeto a las tierras que poseían pagaron $25,000 en oro común, entregado en jícaras (de ahí deriva el nombre Chimalapa, en nuestra lengua indígena zoque tsima- Jícara, lapa – oro) a la corona española quien expidió Títulos Virreinales el 24 de Marzo de 1687 , mismos que fueron confirmados por el gobierno del México independiente en 1850 y luego, 117 años después, ratificados por dos resoluciones presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de 1967, a favor de San Miguel y Santa María Chimalapa.
A pesar de nuestro antecedente histórico – legal, y de la importancia biológica, damos a conocer el desafortunado origen del actual conflicto agrario y ambiental, que surge cuando empresas madereras, apoyadas por el gobierno del estado de Chiapas y contando con el aval del gobierno federal, se asientan ilegalmente en la porción oriente del territorio comunal Zoque Chimalapa, instalando 25 aserraderos, a través de los cuales durante 27 años explotan y saquean 100 mil hectáreas de bosques de pino encino y bosques de niebla.
Para encubrir este saqueo depredador, los ilegítimos intereses económicos y políticos, literalmente crean el doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca –que nada tiene que ver con nuestra legítima propiedad comunal- y fundan los primeros ejidos con sus propios peones y trabajadores madereros a quienes les “dotan” tierras dentro de los bienes comunales y, luego continúan esta estrategia perversa -durante los gobiernos de Absalón Castellanos y Patrocinio González Garrido- trasladando a familias tsotsiles de los Altos de Chiapas, desplazadas por conflictos interreligiosos ó por carencia de tierras, dentro de nuestros territorios comunales chimalapas. Con ello crearon un absurdo y trágico conflicto entre nosotros, indígenas pobres zoques – chimalapas, contra indígenas pobres de origen tsotsil de los Altos de Chiapas, mismo que ha sido utilizado para encubrir el saqueo de los bienes naturales comunes (selvas y bosques) de parte de madereros –como es el caso actual- ganaderos, latifundistas y funcionarios corruptos.
En contrapartida, nuestras comunidades zoque chimalapas han luchado pacíficamente desde hace muchos años, por la defensa de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales comunes, brindándoles a los ilegales núcleos agrarios ejidales de origen chiapaneco y a sus pobladores indígenas y campesinos, el ofrecimiento – hecho por nosotros, desde 1991- para que se incorporen como comuneros chimalapas, a cambio de que únicamente reconozcan los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, lo cual de ninguna manera implica el quitarle tierras al estado de Chiapas.
Para dar fin a este problema hemos insistido ante el gobierno federal (SRA) la atención inmediata al conflicto, “creado por error –y dolo- del mismo gobierno”, y ante esa falta de atención y voluntad política del gobierno federal (SRA, Segob) encuadrados únicamente en el programa COSOMER, traducida en su ofrecimiento de que los Chimalapas les “vendamos nuestras tierras”, las dependencias no han trabajado con los actores directamente afectados, sobre una propuesta definitiva que de solución a este añejo conflicto que se ha desenfrenado y que ha sido el pretexto para la explotación, el saqueo y la depredación de la región más biodiversa del país, colocando en riesgo la estabilidad social de la región y de las comunidades, todo ello, debido a la actuación por demás irresponsable y dolosa de la SEMARNAT, al otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderables en territorio en conflicto –agrario e interestatal- y a pesar de la prohibición establecida en la legislación que rige la materia, y a pesar de los acuerdos suscritos por las Comunidades y el gobierno federal, Chiapas y Oaxaca desde el año de 1999.
Finalmente, queremos dejar en claro que nuestras demandas actuales como Chimalapas, por las que estamos y seguiremos luchando de forma pacífica, pero irrenunciable, son:
La solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental: respeto a nuestra posesión y propiedad histórica – ancestral (territorio indígena olmeca zoque Chimalapa) y legal (Títulos Virreinales) y a nuestras Resoluciones Presidenciales, reivindicándonos nuestras tierras.
a) Ello implica, que el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas –y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas- , reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”, a cambio, la comunidad de San Miguel Chimalapa –y en su momento, la de Santa María, como ya lo ha manifestado- reconocerá las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra; en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.
Que el gobierno Federal y los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca, respeten el irrenunciable derecho al territorio y al resguardo y manejo de los bienes naturales comunes, de nosotros, los Zoques – Chimalapas.
Respeto y cumplimiento a todos los Instrumentos Internacionales de protección y defensa a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de derechos colectivos, suscritos y ratificados por el Gobierno Mexicano, y recientemente incorporados a estatus constitucional.
Respeto a la integridad de todos los comuneros zoques - chimalapas, y respeto a sus derechos humanos colectivos y garantías individuales.
Cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.
Respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, mediante la cual, el gobierno federal se compromete a No otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.
Entrega inmediata del vehículo con los 44 tambos de resina de pino, secuestrado por el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas a comuneros indígenas zoques.
Retiro de la policía preventiva chiapaneca de los Bienes Comunales de los Chimalapas.
Atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.
ATENTAMENTE
| POR LOS ORGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA SAN MIGUEL CHIMALAPAS | |
| C. ALBERTO CRUZ GUTIERREZ PDTE. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES | |
| C. FLORIDO ANTONIO CRUZ SRIO. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES | C. LUIS AGUILAR JUAN TESORERO DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES |
| C. FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ PDTE. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA | |
| C. ALVARO ROMAN RIOS SRIO. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA | |
martes, 25 de octubre de 2011
Desconocen Chimalapas si SRA instalará mesa agraria
Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.- Los dirigentes zoques del comisariado comunal de San Miguel Chimalapa externaron su preocupación porque hasta el medio día de este martes, aun desconocían si los funcionarios de la Reforma Agraria (SRA) accederían a instalar mañana miércoles la mesa agraria en la zona donde disputan con Chiapas casi cinco mil hectáreas de tierras, en la región oriente de los chimalapas.
Como se sabe, los zoques bloquearon desde el jueves el paso de los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, un ejido asentado sobre casi cinco mil hectáreas comunales propiedad de los chimalapas, según estudios de campo realizados por la SRA. El bloqueo provocó que el gobierno chiapaneco enviara al territorio oaxaqueño más de 500 policías.
“El gobierno de Oaxaca tiene la mejor voluntad de que se instale la mesa agraria”, dijo el presidente de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno oaxaqueño, Carlos Moreno Derbez, quien consideró que es necesario que a esa mesa acudan también los funcionarios de la SRA y de la Semarnat.
Moreno Derbez explicó que hasta el medio día de este martes aun no tenía comunicación oficial alguna con funcionarios de esas dependencias para confirmar la reunión, el lugar y la hora. En principio, agregó, los chimalapas están pidiendo que el encuentro se realice en San Antonio, donde se instaló el bloqueo, en la zona oriente de los chimalapas.
El presidente del comisariado comunal de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez anunció que en conferencia de prensa en la capital de Oaxaca, que los zoques mantendrán el bloqueo al ejido Díaz Ordaz, hasta que no se instale la mesa agraria.
Mientras tanto, la tensión se mantiene entre los pueblos ubicados en los límites de Oaxaca y Chiapas, donde el conflicto agrario que tiene más de 20 años, sigue el bloqueo de la carretera rural. Por esa razón el gobierno de Chiapas envió ayer la primera dotación de víveres a los ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz, a través de un helicóptero.
“Si el gobierno de Chiapas está al pendiente del conflicto, yo no entiendo porque el gobierno de Oaxaca no se compromete más con las comunidades chimalapas que viven en la pobreza y la marginación, están sin energía eléctrica y sin apoyos para sus proyectos productivos”, lamentó Alberto Cruz Gutiérrez.
Los chimalapas exigen que los gobiernos de Chiapas y Oaxaca intenten un proceso de conciliación “de campesino a campesino” para que aquellos chiapanecos que reconozcan a la autoridad comunal de los chimalapas, sigan en poder de sus propiedades. Dicho esquema de conciliación que comenzó en 1991, “fue reventado” en 1993 por los intereses económicos de los talamontes chiapanecos.
“En caso de que Chiapas no acepte la conciliación, entonces lo que tiene que hacer la Reforma Agraria es tomar los 20 millones de pesos que nos ofreció a cambio de las cinco mil hectáreas a favor de los chiapanecos y que los use para reubicar al ejido Díaz Ordaz”, sentenció Alberto Cruz Gutiérrez.
lunes, 24 de octubre de 2011
Sigue el bloqueo de Chimalapas; tensión en la zona
Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.- Pese a que los gobiernos de Oaxaca y Chiapas acordaron evitar enfrentamientos armados en la zona Chimalapa, los zoques oaxaqueños de San Antonio y Benito Juárez resolvieron la madrugada de ayer, con el aval de las autoridades de San Miguel Chimalapa, mantener el bloqueo contra el ejido de Díaz Ordaz.
La rebelión de los indígenas zoques de San Antonio y Benito Juárez, que pertenecen al municipio de San Miguel Chimalapa, estalló con un bloqueo a los chiapanecos del ejido de Gustavo Díaz Ordaz, de Cintalapa, Chiapas, en la zona limítrofe entre esa entidad y Oaxaca, donde prevalece un conflicto agrario desde hace más de 40 años.
“Ya estamos cansados de que los chiapanecos destruyan nuestra selva, ya estamos hasta el carajo de que la Semarnat otorgue permisos de aprovechamiento forestal a los chiapanecos que invaden nuestras tierras comunales”, dijo el comunero zoque de San Antonio, Angélico Solano.
A los tres días de que los chimalapas bloquearon el paso, en la mañana del sábado el gobierno de Chiapas respondió “en forma provocadora al meter a unos 600 policías al territorio oaxaqueño con la finalidad de desalojar a los zoques de sus propias y violó la soberanía oaxaqueña”, denunció el diputado federal de Oaxaca, Helidoro Díaz Escárraga.
La irrupción de los policías chiapanecos a la zona oriente de los chimalapas acrecentó la tensión en la zona del conflicto agrario. Legisladores oaxaqueños como Flavio Sosa y dirigentes sociales como Carlos Beas, fundadores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), condenaron el uso de la fuerza pública por parte del gobierno de Chiapas.
Por la tarde del sábado, después de tres horas de conversaciones privadas que se realizaron en San Antonio, los ejidatarios chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz y los comuneros zoques de San Antonio y Benito Juárez, acordaron un pacto de no agresión, informaron los procuradores de justicia de Chiapas, Raciel López y de Oaxaca, Manuel López, quienes acudieron al punto del conflicto.
Pese a que ambos gobiernos acordaron además de que policías de Chiapas y de Oaxaca patrullarán la zona, bajo el mando del Ejército Mexicano, para evitar enfrentamientos armados entre chiapanecos y oaxaqueños, los zoques de San Antonio y Benito Juárez resolvieron en la madrugada del domingo, con el aval de las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa, mantener el bloqueo en contra de Díaz Ordaz.
“No vamos a retirar el bloqueo porque desde hace años los funcionarios de la Reforma Agraria, quienes crearon el conflicto agrario, nos dicen que van a resolver el problema y no la han hecho. Los chimalapas exigimos que el titular de la SRA llegue a San Antonio este miércoles”, precisó el secretario del consejo comunal de vigilancia, Álvaro Román.
Los chimalapas también reclamaron la presencia de funcionarios de la Semarnat que desde el 2005, acusaron, otorgaron permisos para el aprovechamiento forestal en la zona oriente de los chimalapas, a pesar de que desde 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas habían convenido con el gobierno federal de que no se otorgarían nuevos permisos en las zonas del conflicto agrario.
Con una gruesa cadena, camionetas, fogatas, llantas y postes de cemento, unos 100 comuneros zoques formaron una barricada a la entrada de San Antonio, mientras que kilómetros adelante, los comuneros de Benito Juárez cerraron la pinza con cadenas y palos e incomunicaron a los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, que se ubica entre ambas poblaciones chimalapas.
El bloqueo comenzó desde la 01:00 horas del jueves y el viernes, comuneros zoques de la cabecera San Miguel Chimalapa cerraron el paso vehicular sobre la Carretera Panamericana, a la altura del poblado La Venta, en la región del Istmo de Tehuantepec. La tensión se recrudeció porque en la noche del viernes, policías chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz dispararon en contra de comuneros zoques de Benito Juárez.
“Exigimos que la Secretaría de la Reforma Agraria resuelva el problema que creó desde hace más de 40 años al permitir que los chiapanecos fundaran el ejido Díaz Ordaz en la selva zoque y en el territorio oaxaqueño”, apuntó el líder comunal, Alberto Cruz Gutiérrez, en pleno bloqueo de la carretera.
En la zona oriente de San Miguel Chimalapa, que tiene 134 mil hectáreas según la resolución presidencial de 1967, “el gobierno de Chiapas, con la complacencia de las autoridades agrarias, creó los poblados de Flor de Chiapas, Ramón Escobar Balboa y Gustavo Díaz Ordaz.
La tensión y el encono entre las comunidades zoques y chiapanecas resurgió en septiembre pasado, luego de que los pobladores de Gustavo Díaz Ordaz retuvieron un camión tipo redilas con casi nueve toneladas de resina que los chimalapas extraen de los pinos para su comercialización.
El camión retenido con su cargamento de resina, parado frente a la oficina de la agencia municipal de Díaz Ordaz, está resguardado por los policías estatales de Cintalapa, Chiapas, donde también vigilan unos 30 hombres encabezados por sus dirigentes David García y Efrén Velázquez.
“Nosotros solo le pedimos a la Reforma Agraria que reubique al ejido Díaz Ordaz, que está ocupando casi cinco mil hectáreas de nuestra selva, de lo contrario, nosotros vamos a desalojarlos a cómo de lugar”, advirtieron los zoques que mantendrán el bloqueo en la zona oriente de los chimalapas por tiempo indefinido.
En noviembre del año pasado, la SRA ofreció a San Miguel Chimalapa 20 millones de pesos a cambio de que los núcleos agrarios de Flor de Chiapas, Ramón E. Balboa y Gustavo Díaz Ordaz se queden con unas 20 mil hectáreas de selvas zoques.
Las asambleas de los pueblos zoques de San Miguel Chimalapa, San Antonio y Benito Juárez respondieron que “la madre tierra no está en venta y que tomen esos 20 millones para que se lleven a los chiapanecos a vivir a otra parte”, recordó Angélico Solano.
La rebeldía de los chimalapas estalló también en contra del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué porque ha incumplido su palabra. “El 29 de abril el gobernador nos recibió y se comprometió a crear una comisión especial para atender a los chimalapas y dijo que promovería una controversia para fijar los límites de Oaxaca y Chiapas. Nada se ha cumplido”, expresó Álvaro Román.
domingo, 23 de octubre de 2011
Mantienen chimalapas el bloqueo a ejido chiapaneco
Alberto López Morales
JUCHITÁN, Oax.- Los comuneros zoques acordaron esta madrugada mantener el bloqueo al ejido chiapaneco de Gustavo Díaz Ordaz, en la región oriente de los chimalapas, “hasta que lleguen las autoridades de la Reforma Agraria en la zona del conflicto”.
El secretario del consejo comunal de vigilancia, Álvaro Román dijo que el acuerdo fue propuesto por las asambleas de las poblaciones zoques de San Antonio y Benito Juárez, ubicadas en la región oriente de los chimalapas y fue avalado por el comisariado comunal de San Miguel Chimalapa.
“Acordamos mantener el bloqueo porque tenemos experiencias de años pasados en donde los chimalapas cedemos, pero después la SRA incumple sus compromisos”, dijo al tiempo de recordar que desde 1986 dejaron de creerles a las autoridades.
En diciembre de 1986, rememoró, “cuando los chimalapas desmantelamos los aserraderos clandestinos en la zona oriente y detuvimos a Ernesto Castellanos Domínguez, hermano del entonces gobernador chiapaneco, Absalón Castellanos, la SRA dijo que resolvería el conflicto, pero no cumplió su palabra”.
“así ocurrió cuando en 1996 detuvimos a 14 chiapanecos que talaban clandestinamente nuestros pinos y así ocurrió en los años de 2006 y 2009, cuando cerramos el paso a los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz. Siempre no ha engañado”, dijeron los chimalapas.
Los chimalapas exigen la reubicación del ejido Gustavo Díaz Ordaz, que de acuerdo con mediciones de la SRA, está ubicado dentro de una superficie de casi cinco mil hectáreas de tierras comunales de San Miguel Chimalapa y dentro de los límites de Oaxaca.
Por la tarde del sábado, los chimalapas de Benito Juárez y San Antonio y los chiapanecos del ejido Díaz Ordaz acordaron verbalmente un pacto de no agresión ante los procuradores de Chiapas y Oaxaca, Raciel López Salazar y Manuel de Jesús López, respectivamente.
Dicho pacto nació después que más de 500 policías chiapanecos irrumpieron en el territorio de Oaxaca y amagaron con desalojar a los zoques de San Antonio, quienes bloquearon desde el jueves el paso de los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz.
“Nosotros exigimos la presencia del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, para este miércoles en la comunidad de San Antonio para que se instale la mesa agraria. Si no llega, el bloquea se mantendrá”, acordaron los dirigentes comunales de San Miguel Chimalapa.
Mientras tanto, desde la tarde del sábado 12 policías de Chiapas y 12 más de Oaxaca, establecieron un operativo de vigilancia, bajo el mando del Ejército Mexicano, en la zona oriente de los chimalapas con la finalidad de que se eviten enfrentamientos.
En noviembre del año pasado, la Reforma Agraria propuso 20 millones a los comuneros de San Miguel Chimalapa cambio de que Chiapas se quede con las casi cinco mil hectáreas que ocupa el ejido Díaz Ordaz. Los comuneros zoques rechazaron la oferta gubernamental.
Tras la incursión de los policías chiapanecos al territorio comunal de los zoques, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), acusó que en el escalamiento del conflicto está la política irresponsable de Semarnat al otorgar permisos de aprovechamiento forestal a los chiapanecos.
El dirigente de Ucizoni, Carlos Beas Torres dijo a través de un comunicado difundido hoy, que las autoridades agrarias y los gobiernos de Oaxaca y Chiapas deben agilizar la solución del conflicto para evitar el derramamiento de sangre entre chiapanecos y oaxaqueños.
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