Alberto López Morales
En menos de un
año de su gobierno, Gabino Cué Monteagudo empezó a perder el enorme bono
democrático que la sociedad oaxaqueña le otorgó en las urnas en la elección del
2010. Desde entonces se vislumbró que la anhelada transición democrática
quedaría en una simple alternancia.
Cerca de cumplir
los cinco años de su administración, el primero de diciembre de este año, el
gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo perdió la conducción política de la
entidad y dejó que sus colaboradores hicieran y deshicieran con los dineros
públicos.
Ahora se sabe que
la corrupción cabalga impunemente en Oaxaca. Tal vez porque los funcionarios
designados por Cué y él mismo, nunca tuvieron cartas credenciales que les acreditara
como ciudadanos probos y comprometidos con el pueblo oaxaqueño. Quizás por
otras razones.
Perdido entre
miles de compromisos y ofrecimientos, quedó el mensaje anticorrupción dado por
Cué el primero de diciembre de 2010, al rendir protesta como gobernador: “Hay de aquel que bajo mi mandato anteponga su
bienestar personal al del pueblo oaxaqueño”.
Nada ha pasado.
Un breve repaso por los medios de
comunicación permiten ver cómo los escándalos por la corrupción sitúan a Oaxaca
como una entidad lastimada por el saqueo impune de sus recursos frente al
silencio cómplice de la clase política insensible ante la sociedad
encolerizada.
En la Secretaría de las Infraestructura,
dependencia encargada de la obra pública, sobran los testimonios que refieren
los favoritismos hacia las constructoras foráneas, las tramposas licitaciones
que no fueron otra cosa que asignaciones directas y pago de obras no
ejecutadas.
En Sinfra ni siquiera el nuevo titular,
Sergio Pimentel sabe dónde fueron a parar 294 millones de pesos que
desaparecieron durante la gestión de Netzahualcóyotl Salvatierra López, quien
antes de irse estrenó una residencia de 40 millones de pesos, según denuncias
periodísticas.
Por cierto Salvatierra López aún no termina
de explicar si es el verdadero dueño del restaurante “Guzina” que se abrió en
el DF. “Guzina” se anuncia como “un pedacito de Oaxaca en la ciudad de México”.
Los envidiosos ahora dicen que “Guzina” es “un pedacito de Sinfra en el DF”.
Donde la Secretaría de la Contraloría
abrió un proceso administrativo por desvío de recursos fue en los Servicios de
Salud. Se investiga al ex secretario de Salud, Germán Tenorio que dejó en el
abandono los hospitales y centros de salud que hasta ahora carecen de medicinas
e instrumental.
Germán Tenorio en cambio colocó a su hija
en la nómina de Salud, adquirió una aeronave, como lo denunció y documentó
“Oaxaca Político” y se mandó a construir una residencia valuada en 63 millones
de pesos.
Muchos se preguntan si Tenorio duerme
tranquilo a pesar de que uno de sus cercanos colaboradores, Rafael Pérez
Gavilán fue asesinado de 10 balazos en su casa el cinco de marzo de este año.
Justo 14 días después que fue renunciado como subsecretario de Finanzas de los
SSO.
La
Fiscalía de Justicia tiene abierta una línea de investigación si el asesinato
de Pérez Gavilán tiene qué ver con los desvíos de dinero en Salud. Hay
versiones que señalan que antes de su
muerte, el subsecretario revelaría turbios negocios en la Secretaría de Salud.
Lo mataron antes.
En la lista de los cochupos está el singular personaje conocido como Jorge “Coco”
Castillo, ex representante del gobierno de Cué en el DF y considerado por la clase
política oaxaqueña como el poder tras el trono capaz de influir en la vida de
todos los partidos políticos en la entidad.
Benjamín Robles Montoya, senador del PRD,
denunció en agosto pasado ante la PGR que Castillo amasó, esa frase usó Robles
Montoya, algo así como dos mil millones de pesos por desfalcos, cobros del
diezmo o del Don King (don quince por ciento, pues), según el perredista.
El mismo senador denunció, semanas
después, que el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela benefició a
sus empresas con esquemas de crédito a la policía estatal y que infló los
costos de la construcción del penal de Miahuatlán.
Qué decir del IEEPO, donde al primer
director de esa dependencia en la administración gabinista, Bernardo Vázquez la
PGR le abrió una averiguación por un presunto fraude fiscal por 100 millones de
pesos, más la existencia de aviadores dados a conocer recientemente.
En fin, la corrupción pudre a Oaxaca. Y en
esa larga lista de escándalos aparece el consejero jurídico del gobierno
oaxaqueño, Víctor Hugo Alejo Torres, a quien acusaron de incurrir en conflicto
de interés porque su despacho jurídico lleva la controversia por el tema
chimalapa.
Contra la escandalosa corrupción que indigna
a la sociedad oaxaqueña, ¿quién puede? Desde el círculo gubernamental parece
que todos se encubren. ¿Para eso querían el poder? ¿Para ser iguales o peores
de los que sacaron del gobierno?
¿No debería ser el combate contra la
corrupción y la impunidad uno de los temas prioritarios en Oaxaca, una entidad
pobre, jodida y marginada pero con políticos multimillonarios que antes de su
incursión en la cosa pública quizá ni siquiera imaginaban que la vida les
sonreiría?
Y para acabarla de amolar, la necesidad de
un centro de convenciones y de cultura para tener más turismo apesta a nuevos
negocios sucios con más conflictos de interés del titular de Economía, José
Zorrilla y que explotó con una residencia de siete millones de dólares.
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