Alertan agudización de conflictos por obras eólicas
PRESIÓN. El Frente por la Defensa de la Tierra exige que el gobierno de Gabino Cué someta a consulta la ejecución de megaproyectos que están vinculados al proyecto Mesoamérica (Foto: ALBERTO LÓPEZ EL UNIVERSAL )Sábado 08 de enero de 2011 Alberto López Corresponsal | El Universal JUCHITÁN
La resistencia de grupos indígenas a la puesta en marcha de obras como la de parques eólicos, prevista para este 2011, puede desencadenar serias confrontaciones, alertan organizaciones y especialistas.
Este año se construyen en Oaxaca, en la región sur, seis parques y se prevé que para el año 2014 estén funcionando un total de 18.
Estos proyectos que están en manos de empresas españolas como Iberdrola, Endesa y Preneal, y de Francia, como Eléctrica de Francia, son rechazados por los grupos autóctonos que argumentan un daño al medio ambiente y despojo de sus tierras.
“Si el gobierno de Oaxaca tiene vocación democrática atenderá el reclamo de los pueblos que exigen el derecho a ser consultados, de lo contrario habrá confrontación”, advirtió el líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres.
En el sur de Oaxaca, que cuenta con un potencial eólico de 10 mil megawatts (MW), operan cinco parques eólicos, seis más están en construcción y para 2014 deberán estar instalados un total de 18 parques, para lograr una generación eléctrica global de 2 mil 660 MW. Cada 100 megawatts de electricidad equivalen a energía para iluminar 100 mil viviendas.
Estas obras privadas se prevé que generen electricidad bajo el esquema de autoabestecimiento, es decir, que se encargarán de producir la energía para socios dueños de tiendas departamentales, cementeras, cerveceras y otro tipo de industrias.
En el municipio de Santo Domingo Ingenio, los parques Oaxaca I, II, III y IV producirán la electricidad bajo el esquema de Productor Externo de Energía (PEE), que será vendida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las empresas extranjeras rentaron en total alrededor de 20 mil hectáreas de tierras (la mitad sin vocación agrícola o abandonada), por un periodo de 30 años.
Oposición de las comunidades
En Oaxaca, históricamente se han presentado problemas por las inversiones de empresas extranjeras en esas tierras.
El año pasado, en San José del Progreso, Ocotlán, la operación la de la mina Cuzcatlán, a cargo de las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, provocó en junio la muerte del alcalde Óscar Martínez, quien murió asesinado a balazos por el grupo que se oponía al proyecto.
En la región de la costa oaxaqueña, desde 2006, la CFE anunció la intención de construir una presa en el ejido Paso de la Reina, perteneciente al poblado de Jamiltepec, que afectará directamente con el embalse de 3 mil hectáreas a 40 mil indígenas chatinos, mixtecos y afromestizos. Tras el rechazo, la obra todavía continúa detenida.
“La presa dividirá a los pueblos, los despojará de sus tierras y los condenará a una vida de mayor sufrimiento”, dijo el párroco Armando Muñoz durante uno de tantos foros realizados en Tataltepec de Valdés, por la Coordinadora de Pueblos en Resistencia de Oaxaca.
El dirigente de la Asamblea de Defensa de la Tierra y el Territorio, Rodrigo Flores Peñaloza, explicó que los planes eólico, minero e hidroeléctrico forman parte del Proyecto de Mesoamérica, conocido antes como Plan Puebla Panamá (PPP).
Mencionó que ese tipo de obras se ejecutan “a espaldas de las comunidades indígenas propietarias de la tierra y de los recursos naturales”.
El líder huave promotor de radios comunitarias, Leonel Gómez, alertó que “la empresa española Preneal pretende imponer la construcción de un parque eólico ante la negativa presentada por los comuneros”.
Agrupados en la Coordinadora de Pueblos en Resistencia, los líderes indígenas acusaron que dichos proyectos “generan pocos empleos, dividen a las comunidades, corrompen a las autoridades y significan despojo de los recursos naturales”.
“El movimiento indígena de oaxaqueño exige en esencia que el gobierno de la entidad someta a la consulta, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, la ejecución o no de esos proyectos”, informó Beas Torres.
El investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Víctor Leonel Juan Martínez destacó que para evitar la confrontación con los pueblos indígenas que reclaman el derecho a ser escuchados, el nuevo gobierno debe facilitar la conciliación entre demandantes e inversionistas.
Juan Martínez recordó que fue la desatención gubernamental la que desató la violencia en San José del Progreso, donde la comunidad bloqueó durante tres meses la entrada de la mina Cuzcatlán, hasta que fueron desalojados con el uso de la fuerza pública.
Empresarios piden solución
Para avanzar en el corredor eólico del Istmo, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Eduardo Zenteno Garza Galindo, pidió al nuevo gobierno, en un coloquio organizado en octubre pasado, “certidumbre jurídica para las inversiones”.
En mayo de 2010, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, le pidió al presidente Felipe Calderón, de visita en España, que resolviera “los escollos” en la construcción de los parques eólicos y se quejó de las presiones de grupos de particulares.
El subsecretario de Gobierno, Óscar Cruz López, aseguró que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo no atentará contra el derecho de los pueblos indígenas, aunque, adelantó, tampoco rechazarán de primera instancia las inversiones.
“Lo que no podemos hacer es rechazar a priori las inversiones que lleguen a fortalecer el desarrollo de la entidad oaxaqueña, como las del corredor eólico que generarán ingresos a los campesinos que son afectados en sus cosechas y tierras por el viento”, explicó el funcionario.
Cruz López, ex alcalde juchiteco y fundador de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), aseguró que la postura del gobierno aliancista de Gabino Cué Monteagudo será de respeto a las comunidades indígenas.
“El gobierno de Oaxaca propiciará los canales de comunicación entre los inversionistas, los beneficiarios y los perjudicados”, garantizó.
El coordinador de Proyectos Estratégicos de la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias, quien recibió el cargo apenas el 20 de diciembre pasado, dijo que todos los grandes proyectos de inversión serán objeto de un análisis serio y profundo.
La resistencia de grupos indígenas a la puesta en marcha de obras como la de parques eólicos, prevista para este 2011, puede desencadenar serias confrontaciones, alertan organizaciones y especialistas.
Este año se construyen en Oaxaca, en la región sur, seis parques y se prevé que para el año 2014 estén funcionando un total de 18.
Estos proyectos que están en manos de empresas españolas como Iberdrola, Endesa y Preneal, y de Francia, como Eléctrica de Francia, son rechazados por los grupos autóctonos que argumentan un daño al medio ambiente y despojo de sus tierras.
“Si el gobierno de Oaxaca tiene vocación democrática atenderá el reclamo de los pueblos que exigen el derecho a ser consultados, de lo contrario habrá confrontación”, advirtió el líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres.
En el sur de Oaxaca, que cuenta con un potencial eólico de 10 mil megawatts (MW), operan cinco parques eólicos, seis más están en construcción y para 2014 deberán estar instalados un total de 18 parques, para lograr una generación eléctrica global de 2 mil 660 MW. Cada 100 megawatts de electricidad equivalen a energía para iluminar 100 mil viviendas.
Estas obras privadas se prevé que generen electricidad bajo el esquema de autoabestecimiento, es decir, que se encargarán de producir la energía para socios dueños de tiendas departamentales, cementeras, cerveceras y otro tipo de industrias.
En el municipio de Santo Domingo Ingenio, los parques Oaxaca I, II, III y IV producirán la electricidad bajo el esquema de Productor Externo de Energía (PEE), que será vendida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las empresas extranjeras rentaron en total alrededor de 20 mil hectáreas de tierras (la mitad sin vocación agrícola o abandonada), por un periodo de 30 años.
Oposición de las comunidades
En Oaxaca, históricamente se han presentado problemas por las inversiones de empresas extranjeras en esas tierras.
El año pasado, en San José del Progreso, Ocotlán, la operación la de la mina Cuzcatlán, a cargo de las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, provocó en junio la muerte del alcalde Óscar Martínez, quien murió asesinado a balazos por el grupo que se oponía al proyecto.
En la región de la costa oaxaqueña, desde 2006, la CFE anunció la intención de construir una presa en el ejido Paso de la Reina, perteneciente al poblado de Jamiltepec, que afectará directamente con el embalse de 3 mil hectáreas a 40 mil indígenas chatinos, mixtecos y afromestizos. Tras el rechazo, la obra todavía continúa detenida.
“La presa dividirá a los pueblos, los despojará de sus tierras y los condenará a una vida de mayor sufrimiento”, dijo el párroco Armando Muñoz durante uno de tantos foros realizados en Tataltepec de Valdés, por la Coordinadora de Pueblos en Resistencia de Oaxaca.
El dirigente de la Asamblea de Defensa de la Tierra y el Territorio, Rodrigo Flores Peñaloza, explicó que los planes eólico, minero e hidroeléctrico forman parte del Proyecto de Mesoamérica, conocido antes como Plan Puebla Panamá (PPP).
Mencionó que ese tipo de obras se ejecutan “a espaldas de las comunidades indígenas propietarias de la tierra y de los recursos naturales”.
El líder huave promotor de radios comunitarias, Leonel Gómez, alertó que “la empresa española Preneal pretende imponer la construcción de un parque eólico ante la negativa presentada por los comuneros”.
Agrupados en la Coordinadora de Pueblos en Resistencia, los líderes indígenas acusaron que dichos proyectos “generan pocos empleos, dividen a las comunidades, corrompen a las autoridades y significan despojo de los recursos naturales”.
“El movimiento indígena de oaxaqueño exige en esencia que el gobierno de la entidad someta a la consulta, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, la ejecución o no de esos proyectos”, informó Beas Torres.
El investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Víctor Leonel Juan Martínez destacó que para evitar la confrontación con los pueblos indígenas que reclaman el derecho a ser escuchados, el nuevo gobierno debe facilitar la conciliación entre demandantes e inversionistas.
Juan Martínez recordó que fue la desatención gubernamental la que desató la violencia en San José del Progreso, donde la comunidad bloqueó durante tres meses la entrada de la mina Cuzcatlán, hasta que fueron desalojados con el uso de la fuerza pública.
Empresarios piden solución
Para avanzar en el corredor eólico del Istmo, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Eduardo Zenteno Garza Galindo, pidió al nuevo gobierno, en un coloquio organizado en octubre pasado, “certidumbre jurídica para las inversiones”.
En mayo de 2010, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, le pidió al presidente Felipe Calderón, de visita en España, que resolviera “los escollos” en la construcción de los parques eólicos y se quejó de las presiones de grupos de particulares.
El subsecretario de Gobierno, Óscar Cruz López, aseguró que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo no atentará contra el derecho de los pueblos indígenas, aunque, adelantó, tampoco rechazarán de primera instancia las inversiones.
“Lo que no podemos hacer es rechazar a priori las inversiones que lleguen a fortalecer el desarrollo de la entidad oaxaqueña, como las del corredor eólico que generarán ingresos a los campesinos que son afectados en sus cosechas y tierras por el viento”, explicó el funcionario.
Cruz López, ex alcalde juchiteco y fundador de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), aseguró que la postura del gobierno aliancista de Gabino Cué Monteagudo será de respeto a las comunidades indígenas.
“El gobierno de Oaxaca propiciará los canales de comunicación entre los inversionistas, los beneficiarios y los perjudicados”, garantizó.
El coordinador de Proyectos Estratégicos de la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias, quien recibió el cargo apenas el 20 de diciembre pasado, dijo que todos los grandes proyectos de inversión serán objeto de un análisis serio y profundo.
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