SRA CREÓ EL LÍO AGRARIO, ACUSA CHIAPANECO “ARRAIGADO” EN CHIMALAPA

Alberto López Morales

JUCHITÁN, Oax.- Detenido desde el viernes en el poblado Rodulfo Figueroa, de Cintalapa, como consecuencia del conflicto agrario que viven chimalapas y chiapanecos desde hace más de 40 años, el ganadero Jorge Humberto Luna Salinas acusó a la Reforma Agraria de crear el problema.

La Reforma Agraria le dio documentos a los ejidos chiapanecos y también a los chimalapas y por eso nos hemos peleado desde hace años y creo que es momento de que se resuelva el problema para vivir en paz porque no podemos seguir peleando entre hermanos campesinos, dijo.

Desde el domingo, Tito Luna, como es conocido en región oriente de los chimalapas, fue declarado bajo “arraigo” por el estatuto comunal de la asamblea de los indígenas zoques, pese a los esfuerzos que realizaron funcionarios del gobierno de Oaxaca, para que fuese liberado.

Propietario del predio Los Laureles y de una parte del paraje conocido como La Hondonada, que San Miguel Chimalapa reclama como parte de sus tierras de acuerdo con la resolución presidencial de 1967, Jorge Humberto Luna Salinas, está bajo el resguardo de unos seis comuneros zoques.

En la habitación de 14 metros de largo por seis de ancho, iluminada por una ventana que da a la calle, Tito Luna aceptó la entrevista. “Desde que llegué me han tratado bien, las mujeres del pueblo me traen la comida, no me han golpeado y ya hablé por teléfono con mi mamá”, explicó.

Sobre el piso de la habitación, hay tres petates y cobijas, donde el campesino chiapaneco duerme al lado de los zoques que vigilan. “Ya me dieron mis pastillas para la gastritis que es lo único que me molesta, por lo demás estoy bien, ni diabetes ni presión alta”, confesó.

Ahí, en el cuarto con una mesa de madera al centro donde hay vasos, botellas de refrescos y artículos para el aseo personal de Tito Luna, como cepillo y la pasta dental, el chiapaneco dijo que el conflicto agrario persiste “porque así le conviene a los gobiernos”.

Le conviene al gobierno agregó, porque mientras hay problemas ni a los poblados oaxaqueños ni a los poblados chiapanecos les llegan los apoyos y tampoco se hacen las obras. No hay electricidad, no hay ni un parquecito para los niños y no invierten dinero, precisó.

Rodeado de dos tres campesinos zoques atentos a la entrevista, Jorge Humberto Luna Salinas señaló que es tiempo de que se terminen “los pleitos” entre campesinos chiapanecos y oaxaqueños. Creo que es tiempo de unirnos y pelear contra la Reforma Agraria, apuntó.

¿Cuántos años llevamos peleando?, se preguntó al tiempo de decir que “si me presencia aquí sirve de algo para resolver el problema agrario, pues aquí voy a estar porque tanto le conviene a los chimalapas como a los chiapanecos”.

Desde que me detuvieron, señaló, aquí me han dicho que debo salir de mis terrenos, pero yo les digo, por qué voy a salir si el gobierno me dio un papel que dice que soy el dueño y ellos me contestan que también el gobierno les dio una resolución. “Entonces que lo resuelva el gobierno”.

Si la solución está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces vamos apoyar una controversia, pero que la presenten porque desde que era niño yo escuchaba que esa era la solución, pero ningún gobierno la ha presentado, señaló.

Justo al término de la entrevista, llegó a San Miguel Chimalapa el enviado gubernamental de Oaxaca, Javier Jiménez Herrera. “Vengo a insistir en el diálogo para que liberen a la persona retenida. Confió en la voluntad de los chimalapas”, indicó.

Para este martes, está previsto un encuentro entre los mandatarios de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué Monteagudo y Jaime Sabines, respectivamente, con el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora.

Mientras tanto, en la zona oriente de los chimalapas continúa la tensión. Hay sobrevuelos de helicópteros de Chiapas hacia el poblado Gustavo Díaz Ordaz. Unos dicen que están llegando más policías, otros aseguran que están desalojando a las familias chiapanecas.

El bloqueo a la entrada de San Antonio persiste. No hay paso para los chiapanecos de Díaz Ordaz, que están asentados sobre casi cinco mil hectáreas de tierras que de acuerdo con la SRA son de los chimalapas.

La presencia de los policías de ambas entidades y del Ejército Mexicano continúa con la finalidad, han dicho ambos gobiernos, de evitar enfrentamientos en la zona oriente de los chimalapas.

SE INCREMENTA EL CLIMA DE TENSIÓN

CHIMALAPAS: COMUNICADO URGENTE


Tal y como temíamos –y así lo advertimos inútilmente, a los más altos niveles de los gobiernos, Federal, de Oaxaca y de Chiapas, y a la Opinión Pública, en Alerta Urgente emitida por este Comité el pasado 2 de noviembre (ver www.maderasdelpueblo.org.mx/chimalapasalerta-urgente-posible-enfrentamiento-o-represi%C3%B3n%E2%80%8F )- el viernes 4 de este mes se suscitó un primer y lamentable enfrentamiento, cuando comuneros chimalapas de Benito Juárez, que bajaban a la congregación de San Antonio a participar a una asamblea con funcionarios, fueron agredidos a garrotazos por campesinos del ejido Díaz Ordáz, resultando lesionados los comuneros Benito Arreola, Filiberto Gutiérrez y María Salomé García, quienes fueron atendidos en la Casa de Salud de San Antonio y mas tarde, dados de alta.

Molestos por la agresión, los zoques de San Antonio y Benito Juárez acudieron masivamente al núcleo agrario ejidal Gustavo Díaz Ordaz y retiraron las cadenas con las que bloqueaban el paso, para de inmediato trasladarse al poblado Rodulfo Figueroa y romper el bloqueo que incomunicaba la zona oriente del territorio comunal con la carretera panamericana. Este hecho resultó en jaloneos y golpes, entre chimalapas y campesinos chiapanecos, éstos últimos lidereados por el ganadero Jorge Humberto Luna Salinas, quien fue retenido por los comuneros zoque chimalapas; todo ello pese a la presencia de militares y policías que desde el 22 de octubre patrullan la zona oriente de Los Chimalapas.

De inmediato, el gobierno de Chiapas respondió con el envío de unos 300 policías más al poblado Rodulfo Figueroa, De igual forma, el gobierno de Oaxaca mandó alrededor de 100 policías oaxaqueños a la congregación de San Antonio. Por su parte el gobierno federal incrementó la presencia de soldados del 13° Regimiento de Caballería Motorizada.

Todo ello ha creado un inadecuado clima de militarización en la porción oriente del territorio comunal zoque Chimalapa, incrementándose el clima de tensión social y el riesgo de una posible represión.

Para complicar aún más la situación sociopolítica –y ante un silencio absoluto e inacción total del Gobierno federal- el gobernador de Chiapas, Juan Sabines -en agresiva respuesta al anuncio del Gobierno de Oaxaca de que, finalmente, sometería ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional por conflicto de límites estatales con Chiapas (ver http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/71013-ante-suprema-corte-chimalapas-ira-oaxaca-controversia ) - en la noche de ayer, domingo 6 de noviembre, emitió un “Mensaje al pueblo chiapaneco”, en el que, luego de señalar inexactamente que, “ . . .A base de amenazas y de violencia, grupos armados de Chimalapas pretenden obligar a los chiapanecos que se declaren oaxaqueños y Chimalapas, siendo que nuestras comunidades son tsotsiles, sus habitantes son orgullosamente chiapanecos, nacidos en Chiapas al igual que sus ancestros. . .” , agregando “El pasado sábado 4 de noviembre, oaxaqueños de esa región, ante personal de seguridad del estado de Oaxaca, un comando armado privó de la libertad al señor Humberto Luna Salinas, vecino de la comunidad Rodulfo Figueroa, quien fue lastimado y torturado . . . “, para anunciar que, frente a ello, “ . . . Con la facultad que me confiere la Ley, y en pleno consenso con sus habitantes y con el H. Ayuntamiento de Cintalapa, en las próximas horas presentaré al Constituyente Permanente Iniciativa de Ley para que las comunidades “Gustavo Díaz Ordaz”, “La Hondonada”, “San Marcos”, “Montebello”, “Flor de Chiapas”, “Rodulfo Figueroa” entre otras, integren un nuevo municipio chiapaneco con cabecera en el poblado “Rodulfo Figueroa”. Este municipio llevará por nombre el de nuestro máximo héroe del siglo XX, a casi 100 años de su sacrificio en aras de la libertad de expresión, doctor Belisario Domínguez. . . “
(ver http://www.chiapas.gob.mx/prensa/boletin/mensaje-del-gobernador-juan-sabines-guerrero-al-pueblo-de-chiapas).

Frente a estos hechos, como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, red de la sociedad civil integrada por Organizaciones no Gubernamentales, académicos y artistas, interesados en la preservación de la región de mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica, así como del respeto a los derechos colectivos del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, cuyas comunidades han dado históricamente un ejemplo de resistencia pacífica en la defensa de su territorio comunal y en defensa de sus invaluables Bienes Naturales Comunes, frente a los agresivos e ilegítimos intereses de madereros, ganaderos y supuestos propietarios privados, que, con el apoyo y complicidad de funcionarios corruptos, han venido depredando y saqueando la zona desde hace más de 60 años, queremos –porque así nos consta- manifestar y puntualizar públicamente:

1° Las comunidades indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, no pretenden –ni nunca han pretendido- “obligar a los chiapanecos que se declaren oaxaqueños”, como erróneamente se pretende hacer creer a la opinión pública chiapaneca y nacional. Los comuneros chimalapas reiteradamente han señalado y demostrado públicamente, que sus Bienes Comunales –reconocidos por Títulos Virreinales en 1687 y por Resoluciones Presidenciales de carácter federal, en 1967- son un territorio olmeca zoque ancestral, que existe como tal desde siglos antes de la existencia de Chiapas ó de Oaxaca, siendo entonces los zoques chimalapas, hermanos de origen, de sangre, de cultura y de lengua, con los zoques de Copainalá y de Tuxtla Gutiérrez;

2° Tampoco tienen –las comunidades zoque chimalapas- ningún problema en reconocer –si éste fuera finalmente el caso- la porción de territorio comunal que quedara incluida dentro del estado de Chiapas., luego de que esto fuera determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

3° El hecho de que una porción del territorio comunal Chimalapa quedara finalmente demostrado que está ubicado en Chiapas, no le quita de ninguna manera el hecho histórico y legal de que esta porción sigue siendo propiedad comunal de Santa María y San Miguel Chimalapa;

4° Los zoques chimalapas tampoco están exigiendo que los indígenas tsotsiles ó campesinos pobres de origen chiapaneco, que ilegalmente fueron asentados como ejidos dentro del territorio comunal, sean desalojados (tal como sí ocurrió en el caso de la llamada Comunidad Lacandona); sólo están exigiendo el respeto al territorio olmeca zoque ancestral y el fin del saqueo, la depredación ecológica y la privatización de los bienes naturales comunes, por parte de los ya señalados, ilegítimos intereses de madereros, ganaderos, narcos y funcionarios corruptos; y

5° En cambio, desde 1991 las comunidades zoque chimalapas han expresado públicamente su generoso ofrecimiento de aceptar como comuneros a los integrantes de los núcleos agrarios de origen chiapaneco, cuya Resolución Presidencial de dotación ejidal sea posterior a las Resoluciones Presidenciales Chimalapas, ó que de plano carezcan de dicha Resolución, únicamente a cambio de que dichos núcleos reconozcan el territorio y la autoridad comunal, sin que esto implique de ninguna manera, volverse “oaxaqueños”.


Finalmente, y ante el agravamiento de la tensión social en la porción oriente del territorio comunal zoque chimalapa como CNDyCCh,

EXIGIMOS (una vez más)

1.- Intervención inmediata, directa y dialogante, desde el más alto nivel de la Secretaría de Gobernación, para detener desde ya, todo nuevo acto de provocación ó intento de represión oficial y, en cambio, garantizar la paz social.

2.- Cese inmediato de todo acto de provocación, de parte de los ilegítimos y depredadores intereses madereros, ganaderos y de falsos propietarios privados, que –con apoyo y cobertura de funcionarios y políticos corruptos- han lucrado con el saqueo de Bienes Naturales del territorio comunal Chimalapa, usando como verdaderos “escudos humanos”, a núcleos agrarios y a familias indígenas y campesinos pobres, de origen chiapaneco, para enfrentarlos a las comunidades chimalapas.

3.- Cese inmediato de todo acto de hostigamiento y amenazas ejercido sobre los comuneros chimalapas, en particular, sobre las congregaciones comunales de San Antonio y Benito Juárez, de parte de elementos policiacos ó del ejército federal.

4.- Que, de una vez por todas y de forma inmediata, el gobierno Federal deje a un lado su absurda pretensión de que las asambleas de Santa María y San Miguel Chimalapa acepten vender y desmembrar su ancestral territorio, y que, en cambio, retome, respete y haga valer los acuerdos de solución agraria definitiva para los Chimalapas, asentados en las Minutas de Acuerdos del 20 de diciembre de 1993 y 25 de julio de 1995, en los que se asume y se firma, por parte de los gobiernos federal de Chiapas y de Oaxaca, el generoso ofrecimiento de las comunidades chimalapas a aceptar como comuneros a los integrantes de los núcleos agrarios de origen chiapaneco,;

5.- Que el gobierno Federal y los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, respeten los Derechos a la Tierra, al Territorio y al resguardo y manejo de sus invaluables Bienes Naturales Comunes del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, y la ejemplar y sabia decisión de las Asambleas Comunales de Santa María y San Miguel, de NO VENDER LA MADRE TIERRA y de no desmembrar el territorio más biodiverso de México y Mesoamérica, pues ello lo condenaría a su total depredación;

6.- La cancelación inmediata de todos los permisos de explotación maderera, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, todos ellos de origen chiapaneco, ubicados ilegalmente en territorio comunal, y cuyo ejercicio sólo beneficia realmente a empresas contratistas y madereros privados.

7.- Respeto y cumplimiento irrestricto, de parte de todas las instancias de los gobiernos, Federal, de Chiapas y de Oaxaca, de todos los Instrumentos Internacionales relativos a la protección y defensa de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de los derechos colectivos, suscritos y ratificados por el Gobierno Mexicano, y recientemente incorporados a estatus constitucional.

Igualmente, reiteramos nuestro fraterno y urgente llamado a la sociedad civil, a Organizaciones Sociales, a Organizaciones No Gubernamentales Ecologistas y Defensoras de Derechos Humanos, así como a medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, a estar alertas, a manifestar públicamente su apoyo a las comunidades zoques chimalapas y su repudio a cualquier nueva acción de provocación ó intento de represión, y a difundir por todos los medios a su alcance, esta delicada situación.

A T E N T A M E N T E


LUIS BUSTAMANTE VALENCIA MIGUEL ANGEL GARCIA A.
COORDINADOR NACIONAL COORDINADOR REGIONAL

Irá Oaxaca a la SCJN para resolver lío agrario con Chiapas

Alberto López Morales

SAN ANTONIO, CHIMALAPAS, Oax.- El gobierno oaxaqueño presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional para resolver los problemas agrarios en la zona oriente de los chimalapas y definir los límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas anunció el responsable de la política interna oaxaqueña, Jesús Martínez Álvarez.

Durante un encuentro que sostuvo esta tarde con los indígenas zoques de Benito Juárez y de esta localidad, el secretario general del gobierno oaxaqueño dijo que entre martes y miércoles de la semana entrante, los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué y de Chiapas, Jaime Sabines, se reunirán con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.

En dicho encuentro, agregó Martínez Álvarez, el gobierno de Oaxaca solicitará que la Semarnat suspenda todos los permisos de aprovechamiento forestal expedidos desde 2005 a favor del ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, que ha contribuido a detonar el conflicto agrario en la zona oriente de los chimalapas.

El secretario general del gobierno oaxaqueño se reunió con los pobladores zoques de la zona oriente después que sostuvo un encuentro en San Miguel Chimalapas con las autoridades comunales encabezadas por Alberto Cruz Gutiérrez y luego de que un día después chipananecos de Gustavo Díaz Ordaz agredieron a tres comuneros zoques de benito Juárez.

Durante la reunión, Martínez Álvarez admitió que el abandono y marginación en que viven los zoques de la zona oriente de los chimalapas también han contribuido a que se hubiesen enconado los ánimos. Por esa razón, dijo, el gobierno de Oaxaca pondrá en marcha acciones que mejoren las condiciones de vida de los zoques que habitan esta región en los límites con Chiapas.

Martínez Álvarez destacó que una de las causas del conflicto, al margen del tema de límites y agrario, es la ambición desmedida de los talamontes que devastan la selva de los chimalapas. Son intereses ajenos incluso a los habitantes que viven en la región, que como Díaz Ordaz, tienen carencias y viven en la pobreza.

En su encuentro con los comuneros zoques, el funcionario del gobierno de Oaxaca lamentó la difusión de “perversas” inserciones pagadas en algunos medios periodísticos de parte de Chiapas, que señalaron a los chimalapas como paramilitares o que tienen el propósito de desalojar a los chiapanecos de las tierras comunales de los zoques.

Esas publicaciones, añadió, en nada ayudan a dispensar el conflicto y por el contrario alientan el encono entre los pueblos vecinos que tienen familiares en cada una de las comunidades de la zona.

Martínez Álvarez pidió a los chimalapas que no caigan en las provocaciones que montan los personeros vinculados a los intereses de los madereros. Les pidió que actúen con sensatez y serenidad. En ese sentido, les sugirió que liberen el paso hacia Díaz Ordaz, bloqueado desde el 20 de octubre.

Ante unos 200 habitantes zoques, el funcionario de Oaxaca también pidió que presente ante la autoridad ministerial a Humberto Luna, dirigente de los pequeños propietarios del poblado chiapaneco, Rizo de Oro, detenido el virnes por los chimalapas durante el desbloqueo del paso en el poblado de Chiapas, Rodulfo Figueroa.

Los chimalapas responieron que Tito Luna es uno de los pequeños propietarios que más daños ha causado a la vida de los zoques destruyendo sembradíos de maíz, talando bosques y agrediendo a los chimalapas.

El gobierno de Oaxaca apoya a las comunidades chimalapas en sus exigencias para resolver el conflicto agrario y estará a su lado cada que sea necesario, porque los chimalapas no quieren desalojar a nadie, sino que ha sido generosos en su propuesta de incorporar como comuneros a los que reconozcan que viven en tierras de los zoques, dijo el funcionario, quien recibió la ovación de los zoques.

Por ningún motivo, reiteró Martínez Álvarez, los chimalapas venderán sus tierras.

Los chimalapas le respondieron a Martínez Álvarez que el eventual desbloqueo del paso hacia el poblado chiapaneco de Díaz Ordaz, será discutido en una asamblea general, que acordó cerrar el paso vehicular y la liberación del dirigente de los pequeños propietario de Rizo de Oro, Tito Luna, sería discutida durante la noche con las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa.

En la zona la presencia de la policía de Chiapas se reforzó en el polado de Rodulfo Figueroa, mientras que la de Oaxaca se consolidó en esta localidad zoque de San Antonio. La presencia de los militares también creció en las localidades chiapanecas y oaxaqueñas.

Martínez Álvarez insistió ante los chimalapas que la presencia policiaca y militar es necesaria en la región, con la finalidad de que se eviten enfrentamientos entre pueblos vecinos.

Conflicto agrario desata violencia en Chimalapas

Alberto López Morales

Juchitán, Oax.- La violencia asomó su siniestro rostro ayer en la zona oriente de los Chimalapas, donde viejos conflictos agrarios mantienen en pugna a comunidades oaxaqueñas y chiapanecas.

Los hechos, que ocurrieron vertiginosamente, iniciaron por la mañana en el ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, que se ubica entre San Antonio y Benito Juárez, chimalapas.

"Cuando nuestros compañeros bajaban de Benito Juárez a San Antonio a participar a la asamblea con los funcionarios que iban a llegar de Oaxaca, fueron agredidos a garrotazos", denunció Claudio Jiménez Solano,

En la agresión resultaron lesionados Benito Arreola, Filiberto Gutiérrez María Salomé García, quienes fueron atendidos en la Casa de Salud de San Antonio y mas tarde fueron dados de alta.

Molestos por la agresión de los chiapanecos, los zoques de San Antonio y Benito Juárez acudieron a Gustavo Díaz Ordaz y retiraron las cadenas con las que bloqueaban el paso a los chimalapas.

Después los zoques se organizaron y acudieron al poblado chiapaneco de Rodulfo Figueroa y también retiraron el bloqueo en medio de jaloneos y golpes, pese a la presencia de militares y policías que desde el 22 de octubre patrullan la zona limítrofe entre Chiapas y Oaxaca.

"Retiramos los bloqueos porque en el caso de Díaz Ordaz los chiapanecos tienen invadidas casi cinco mil hectáreas nuestras y en el caso de Rodulfo Figueroa ahí los pequeños propietarios quisieron cerrarnos el paso", explicó Angélico Solano.

Durante el desbloqueo de Rodulfo Figueroa, los chimalapas retuvieron al chiapaneco Jorge Humberto Luna Salinas, quien fue trasladado a San Antonio.

El gobierno de Chiapas que encabeza Juan Sabines respondió con el envío de unos 300 policías a Rodulfo Figueroa, cuyos habitantes se replegaron a sus hogares después de que fueron desalojados del bloqueo.

De igual forma el gobierno de Oaxaca reforzó la presencia policiaca en la zona luego que los chimalapas desbloquearon el paso en Rodulfo Figueroa. Unos 100 policías oaxaqueños llegaron a San Antonio.

Durante la tarde la presencia de los soldados del 13 regimiento de caballería motorizada comenzó a incrementarse. Unos 100 soldados y 10 marinos arribaron entre Rodulfo Figueroa y San Antonio.

Cerca de las 19:00 también llegó a San Antonio, chimalapas el director de gobierno, Javier Jiménez Herrera, acompañado de policías estatales.

"Vengo a dialogar con los amigos chimalapas para ver la situación del retenido en Rodulfo Figueroa y espero que lo liberen para que se vaya a su comunidad', comentó el funcionario.

En San Antonio Chimalapas permanecen siete brigadistas del Programa Bienestar y siete más en Benito Juárez, quienes desde el inicio de semana brindan servicios médicos.

"Nosotros exigimos que el gobierno. Federal y la Reforma Agraria (SRA), resuelvan el conflicto agrario que tiene más de 40 años", detalló doña María García, del poblado de San Antonio.

La SRA ofreció a los chimalapas 20 millones de pesos, en noviembre pasado. La asamblea de los zoques ha rechazado la propuesta en reiteradas ocasiones.

Se espera que para este sábado una comisión del gobierno de Oaxaca, encabezada por el secretario general, Jesús Martínez arribe a San Antonio. Ayer los funcionarios no lograron llegar debido al mal tiempo marcado por lluvia, viento, neblina y escasa visibilidad.

Solidaridad del Comité Nacional de Chimalapas con zoques

Como reacción inmediata a la audaz y valiente acción realizada por cerca de 200 comuneros chimalapas, encabezados por el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, consistente en la “toma” pacífica del núcleo agrario de origen chiapaneco, Gustavo Díaz Ordáz, mediante la cual, los chimas reiteraron directa y públicamente –a través de un aparato de sonido- a sus hermanos indígenas y campesinos chiapanecos, asentados ilegalmente en territorio comunal, su generoso ofrecimiento de NO DESALOJO y, en cambio, su incorporación y reconocimiento como comuneros, a cambio de que reconozcan a los Bienes Comunales de las Comunidades olmeca-zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, remarcándoles además, que ello no implica arrebatarle un sólo centímetro al estado de Chiapas, pues el litigio interestatal con Oaxaca no tiene nada que ver con la ancestral tenencia comunal de la tierra y debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de parte de los ilegítimos intereses económicos y políticos que han lucrado y pretenden seguir lucrando con la depredación y privatización de los Bienes Naturales Comunes de la región más biodiversa de México y Mesoamérica, el día de hoy se ha incrementado fuertemente el cerco de hostigamiento y amenazas en contra de los comuneros chimalapas de las congregaciones de San Antonio y Benito Juaréz, por parte de la policía chiapaneca y de elementos del ejército federal asentados en la zona.

Hemos recibido noticias directas, además, de que hoy fue también bloqueado el camino vecinal que comunica la zona oriente Chimalapa, desde el poblado de origen chiapaneco Rodulfo Figueroa al poblado oaxaqueño de Pascual Fuentes (El Jícaro) ubicado sobre la carretera panamericana. Una señal que nos indica una posible acción de represión oficial, ó de provocaciones que pudieran desembocar en un lamentable enfrentamiento violento, lo es el hecho de que hoy por la tarde fueron sacados de la región en un helicóptero del gobierno de Chiapas, los líderes campesinos de la Díaz Ordáz, opuestos a toda conciliación directa con los Chimalapas, y –en cambio- defensores a ultranza del saqueo de madera que llevan a cabo empresas contratistas, encabezados por Emilio Hernández, presidente del comisariado ejidal y, sobre todo, Efrén “N” , ejidatario y documentador de madera, empleado del contratista.

Ante todo ello, como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

EXIGIMOS

1.- Cese inmediato de todo acto de provocación, de parte de los ilegítimos y depredadores intereses madereros, ganaderos y de falsos propietarios privados, que –con apoyo y cobertura de funcionarios y políticos corruptos- han lucrado con el saqueo de Bienes Naturales del territorio comunal Chimalapa, usando como verdaderos “escudos humanos”, a núcleos agrarios y a familias indígenas y campesinos pobres, de origen chiapaneco, para enfrentarlos a las comunidades chimalapas.

2.- Cese inmediato de todo acto de hostigamiento y amenazas ejercido sobre los comuneros chimalapas, en particular, sobre las congregaciones comunales de San Antonio y Benito Juárez, de parte de elementos policiacos ó del ejército federal.

3.- Intervención inmediata, directa y dialogante, desde el más alto nivel de la Secretaría de Gobernación, para detener desde ya, cualquier acto de provocación ó intento de represión oficial y, en cambio, garantizar la paz social.

4.- Que, de una vez por todas y de forma inmediata, el gobierno Federal deje a un lado su absurda pretensión de que las asambleas de Santa María y San Miguel Chimalapa acepten vender y desmembrar su ancestral territorio, y que, en cambio, retome, respete y haga valer los acuerdos de solución agraria definitiva para los Chimalapas, asentados en las Minutas de Acuerdos del 20 de diciembre de 1993 y 25 de julio de 1995,en los que se asume y se firma, por parte de los gobiernos federal de Chiapas y de Oaxaca, el generoso ofrecimiento de las comunidades chimalapas a aceptar como comuneros a los integrantes de los núcleos agrarios de origen chiapaneco, cuya Resolución Presidencial de dotación ejidal sea posterior a las Resoluciones Presidenciales Chimalapas, ó que de plano carezcan de dicha Resolución, a cambio de que reconozcan el territorio y la autoridad comunal;

5.- Que el gobierno Federal y los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, respeten los Derechos a la Tierra, al Territorio y al resguardo y manejo de sus invaluables Bienes Naturales Comunes del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, y la ejemplar y sabia decisión de las Asambleas Comunales de Santa María y San Miguel, de NO VENDER LA MADRE TIERRA y de no desmembrar el territorio más biodiverso de México y Mesoamérica, pues ello lo condenaría a su total depredación;

6.- La cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, todos ellos de origen chiapaneco, ubicados ilegalmente en territorio comunal, y cuyo ejercicio sólo beneficia realmente a empresas contratistas y madereros privados.

7.- Respeto y cumplimiento irrestricto, de parte de todas las instancias de los gobiernos, Federal, de Chiapas y de Oaxaca, de todos los Instrumentos Internacionales relativos a la protección y defensa de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de los derechos colectivos, suscritos y ratificados por el Gobierno Mexicano, y recientemente incorporados a estatus constitucional.

Hacemos además un fraterno y urgente llamado a la sociedad civil, a Organizaciones Sociales, a Organizaciones No Gubernamentales Ecologistas y Defensoras de Derechos Humanos, así como a medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, a estar alertas, a manifestar públicamente su apoyo a las comunidades zoques chimalapas y su repudio a cualquier acción de provocación ó represión y a difundir por todos los medios a su alcance, esta delicada situación.

A T E N T A M E N T E



LUIS BUSTAMANTE VALENCIA MIGUEL ANGEL GARCIA A.
COORDINADOR NACIONAL COORDINADOR REGIONAL

Chiapanecos de Rodulfo Figueroa bloquean paso a Chimalapas

Alberto López Morales

JUCHITÁN, Oax.- La tensión se recrudeció en la zona oriente de los Chimalapas, en los límites de Chiapas con Oaxaca, luego que los habitantes del poblado chiapaneco Rodulfo Figueroa bloquearon al medio día de hoy el paso a los zoques de San Antonio y Benito Juárez.

En la zona, los chimalapas demandan el desalojo de unos 300 habitantes del ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, asentados sobre casi cinco mil hectáreas de tierras comunales zoques y piden que la Semarnat cancele los permisos de aprovechamiento forestal expedidos a Chiapas.

Como una medida de presión, los zoques de Benito Juárez y San Antonio bloquearon desde el 20 de octubre el paso de los chiapanecos de Gustavo Díaz Ordaz, lo que provocó la irrupción de unos 500 policías chiapanecos en tierras oaxaqueñas, tres días después.

Al medio día de este miércoles, el agente municipal de San Antonio, Jorge Ruiz López informó que los chiapanecos del ejido Rodulfo Figueroa bloquearon el paso a los vehículos de San Antonio y Benito Juárez.

De acuerdo con la información preliminar, los zoques de la zona oriente ya no lograron introducir varias camionetas donde trasportaban víveres desde Zanatepec, enviados por el gobierno de Oaxaca.

Los pobladores de San Antonio se disponen a realizar una asamblea con la finalidad de determinar qué acciones se realizarán, aunque no se descarta que vayan a desbloquear el camino en Rodulfo Figueroa, informaron las autoridades.

Mientras que en San Miguel Chimalapa la asamblea comunitaria se reunirá por la tarde para analizar si van a bloquearle el paso a Rodulfo Figueroa o a desalojarlos.

En la zona aproximadamente 24 policías de Chiapas y Oaxaca bajo el mando de soldados del 13 regimiento de caballería motorizada patrullan los parajes desde el sábado 22 de octubre, para evitar enfrentamientos entre comunidades de ambas entidades.

Apenas el sábado 29 los chimalapas ingresaron al ejido Díaz Ordaz para proponerle a la población un plan de paz que consiste en reconocerles sus derechos como comuneros, sin importar que sean chiapanecos, si a cambio admiten que viven en tierras zoques.

Resistencia contra el despojo y la invasión.

BIENES COMUNALES EN EL BAJO MIXE, OAXACA:

Gabriel Ángel Pérez:
istmo_autonomo@yahoo.com.mx
Octubre 2011
San Juan Jaltepec o Yaa Betzi (cerro del tigre) es una comunidad zapoteca ubicada en la región del Papaloapam en Oaxaca, su municipio es Santiago Yaveo y pertenece al distrito de Choapam, la región limita con Veracruz. Esta comunidad ha sido considerada por muchas décadas como un foco rojo por parte del estado mexicano por su enérgica defensa de su territorio. Y es que este pueblo originario mantiene un fuerte arraigo a la forma de organización política, social y cultural que a partir de la posesión común de la tierra se organiza.
Para tener derecho y acceso a la tierra uno debe prestar sus servicios a la comunidad, si uno nace en el poblado estos servicios se inician entre los once y trece años, los servicios que prestan van de acuerdo a su edad y no son remunerados económicamente, a cambio obtienen el derecho a la posesión de la tierra para satisfacer sus necesidades más básicas. La asamblea general, que es la máxima autoridad, es quien asigna un solar para vivir y tierras para trabajar. Si en los periodos que comprenden sus servicios han demostrado ser personas responsables y honestas, llegado el momento, son los primeros en ser elegidos como autoridad, con cargos revocables y rotativos. Aunque a este sistema le haga falta erradicar algunas desigualdades y prácticas, como el rezago del derecho de la mujer en el acceso a la tierra, o la violencia de género, para la defensa de sus intereses comunes ha dado el mejor resultado.
Esta forma de organización comunitaria que gira en torno a la administración común del territorio, le ha generado un sin número de problemas al estado, a sus gobernantes en todos sus niveles, sus instituciones y su actual política económica que pone por delante los intereses monetarios antes que los humanos, y este ha respondido incontables veces, por mencionar alguno; los recursos que se asignan a la cabecera municipal, como los del ramo 33 y 28 para obras públicas: servicios de salud, agua potable, energía eléctrica, entre otros, no llegan a la comunidad, y las veces en que han llegado son insuficientes por que los fondos son desviados o simplemente embolsados, por lo tanto estos servicios son precarios y de muy mala calidad. Ante todo esto la comunidad no baja la fuerza con la que se defiende y organiza, sigue sin instalar casillas en los procesos electorales de cualquier nivel por considerar que ningún partido político representa los intereses del pueblo, entre sus estatutos comunales esta asentado no alambrar ni mucho menos vender sus tierras a extraños, y ningún comunero puede poseer más tierras de las que necesita para subsistir él y su familia. San Juan Jaltepec se suma entonces a la lista de pueblos originarios a la que dirigen una histórica guerra de exterminio, estructural y sistemática.
Caciques y guardias blancas; mecanismos del estado para desestabilizar la región.
En la década de los años 70 por esos rumbos se encontraba un fuerte cacicazgo protegido por todos los niveles de gobierno, Oaxaca en esa década estuvo gobernada por cinco sujetos entre los que se encontraba Manuel Zarate Aquino, uno de los más sanguinarios después de Ulises Ruíz, quien fue destituido en marzo de 1977 por una fuerte movilización social. Los caciques quienes eran brazos armados y ejecutores de ganaderos de Veracruz, fueron: Ventura Serrano, Jesús Torres y Mario Casimiro, con estos se incrementaban las actividades dirigidas a romper el tejido social de los pueblos y a desaparecer la forma común de posesión de la tierra.
Mario Casimiro se impuso en la región, obtuvo el respaldo de funcionarios y gobernantes para generar una oleada de terror, torturo y asesinó a más de ocho comisariados de bienes comunales de La Trinidad del municipio de Yaveo, y con esto lograron despojarles más de 40 mil hectáreas de terrenos comunales, grandes extensiones de potreros se ven en lo que otrora eran bosques y montañas con pequeñas parcelas cultivadas para el autoconsumo, a los pueblos Chinantecos, Mixes y Zapotecos de Choapam, sometió, asedio, y hostigo con más de doscientos guardias blancas que estaban a su disposición. Convenció a un grupo de personas de una comunidad vecina para escriturar bienes comunales de San Juan Jaltepec que después venderían a pequeños propietarios de Veracruz y con esto iniciar uno de los problemas más graves de invasión y despojo de territorio indígena en la región.
San Juan Jaltepec cuenta con títulos primordiales de mediados del siglo XVIII, un dictamen paleográfico y una copia certificada de protocolización promovidas en el año de 1942 por el agente municipal, en el juzgado mixto de primera instancia en Choapam, estos documentos amparan poco más de 20 mil hectáreas de terrenos comunales.
Después de un enfrentamiento, con policías estatales y guardias blancas, para evitar la venta de sus tierras en septiembre de 1979, donde perecieron tres comuneros, el pueblo decidió periódicamente desalambrar como acción urgente al mismo tiempo que iniciaron por la vía jurídica demandar la restitución y el reconocimiento de su territorio, en este mismo año 29 sedicentes pequeños propietarios se adjudicaban lotes en terrenos comunales. Hasta el año de 1993, ya establecidos los tribunales agrarios y las reformas al artículo 27 de la constitución, el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec emitió una sentencia con trabajos de medición realizados por la Secretaría de la Reforma Agraria en 1981 donde reconoce la extensión de sus bienes, se identificó un polígono general de 20,134 hectáreas de las cuales 6,631 hectáreas fueron consideradas como zona de conflicto y aparece un segundo grupo de 32 supuestos pequeños propietarios. El Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec para la sentencia, no tomó en cuenta los títulos primordiales y estableció la cantidad de tierra que puede ser arrebata, las 6,631 hectáreas de la llamada zona de conflicto.

Después de un largo periodo de gestión, el litigio agrario pudo ser tomado en cuenta dentro del programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria, se tuvo un acercamiento con el primer grupo de supuestos pequeños propietarios que compraron las tierras, 29 que se habían identificado antes de los trabajos de medición de 1981. Este grupo en particular, ha aceptado la contraprestación que el programa COSOMER otorga, para esto se requiere de una serie de trabajos de medición que identifican las posesiones, tanto de los supuestos pequeños propietarios como la de los comuneros.

Posesión común del territorio contra propiedad privada de la tierra.

En el año 2007 se ejecutó una sentencia para la obtención del plano definitivo sobre las 13,502 hectáreas libres de conflicto, que fueron respetadas como bienes comunales. En el año 2009 se llevaron a cabo trabajos de medición para ubicar los predios de los dos grupos de supuestos pequeños propietarios, 29 de un inicio y los 32 que aparecieron en la sentencia de 1993, los trabajos se realizaron en el mes de noviembre y dieron como resultado 3,071 hectáreas en manos particulares, las mediciones lo llevaron a cabo topógrafos del grupo de cosomer de Oaxaca a cargo de Leovigildo López López.

En este año 2011 a través de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca a cargo de Carlos Moreno Derbez, los dos grupos de supuestos pequeños propietarios entregaron 67 documentos con las que ampararon sus predios para medir por segunda vez y ubicar en campo estas posesiones, los acuerdos para esta nueva etapa de medición consistía en que los topógrafos que realizarían las mediciones tomarían en cuenta los trabajos hechos en el año 2009, que presentaran sus documentos oficiales y que fueran los supuestos pequeños propietarios quienes señalaran sus posesiones, estos acuerdos fundamentales asentadas en minutas de trabajo de años anteriores no se respetaron por parte de las instancias encargadas de los trabajos de medición, no fueron los 67 propietarios a señalar los predios si no pobladores de la comunidad vecina de Santa María Yaveo y personas ajenas a la región a quienes se les pagó entre 3 mil y 4 mil pesos para hacer señalamientos, presentaron documentos apócrifos, se midieron predios sin documentación y sin tener la posesión real de la tierra. Los trabajos concluyeron el 17 de junio del 2011 y la brigada de topógrafos estuvo a cargo de Francisco Zamora Cervantes, de los 67 sedicentes pequeños propietarios de un inicio, los trabajos de medición de este año arrojaron un total de 102 supuestas posesiones, este resultado más que aportar para la solución de este caso, agudizó el conflicto, atizo el descontento de los comuneros y genero expectativas en personas ajenas a la región, a partir de este último trabajo de medición, en la llamada zona de conflicto han establecido alambrados y convertido en potreros parte de las 6,631 hectáreas. Hasta este momento se ha identificado a un grupo de pobladores de Santa María Yaveo, respaldados por ganaderos de Veracruz, como los responsables de vender terrenos comunales.

La Secretaría de la Reforma Agraria tiene actualmente mapas donde se observan posesiones sobrepuestas dentro de las 6,631 hectáreas, resultado de sus trabajos de medición, en estos mapas se identifican claramente predios que le pertenecen a más de cuatro personas, el grupo que en este momento está lucrando con terrenos comunales ha vendido una y otra vez los mismos predios a diferentes personas. La misma Secretaría de la Reforma Agraria empeoro este litigio al tomar en cuenta señalamientos sin posesiones reales y documentos sin ningún valor oficial, lo cual nos deja claro que sus intereses no son las de resolver a favor de los pueblos.

En la última audiencia con el subsecretario Jaime Tomas Ríos Bernal el 7 de agosto de este año, se emplazó a la Secretaría para destrabar lo que ellos generaron, se dio un plazo de 15 días para que intervengan instancias del fuero común, detrás de la venta de terrenos comunales se han practicado extorciones, fraudes y asesinatos. Después del emplazamiento a la Secretaría la comunidad llevara a cabo una asamblea general para organizar desalambrados en su territorio que históricamente les pertenece, es necesario aclarar que el conflicto no es entre dos comunidades, el conflicto es con un grupo de personas que han sido prácticamente contratadas para vender predios, a estas personas les han estado expidiendo documentos que entregan a miembros de la Asociación Ganadera de Veracruz, que son generalmente los que compran las tierras.

Si San Juan Jaltepec desalambra en la fecha establecida, se generara en la región un enfrentamiento donde los más perjudicados serán los comuneros, se ha identificado a un funcionario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de María Lombardo, desde hace más de tres años introducir armas de alto poder para grupos paramilitares en la región, utilizando camionetas con el logo de la institución federal, fácilmente puede pasar los retenes militares sin ser revisado, este funcionario ha comprado parte de las 6,631 hectáreas.

La posesión de la tierra responde a necesidades naturales y es la forma en como los pueblos originarios asumen sus territorios, la propiedad particular es la privatización, es el inicio para el despojo de los bienes naturales y de la sabiduría milenaria de las comunidades indígenas, con la privatización de sus tierras desaparece su forma de organización política, económica y cultural.

La defensa de los Derechos de Los Pueblos Indígenas se hace indispensable, el distrito de Choapam se encuentra dentro del Istmo de Tehuantepec, región ambicionada por trasnacionales en las que se ha empezado poco a poco a implementar el llamado Plan Mesoamericano, antes llamado Plan Puebla Panamá y que tiene su antecedente en el megaproyecto del Istmo.

Chimalapas proponen diálogo a chiapanecos

Alberto López Morales

SAN ANTONIO, CHIMALAPAS, Oax.- Mientras mira hacia los pinos que apenas se distinguen entre la neblina y se frota las manos para sacudirse del frío que produce la llovizna con viento conocida aquí como “agua norte”, don Juan confiesa que lo que más le duele a los chimalapas no es la pobreza, “sino el olvido”.

¿El olvido de quién?, se le pregunta. De todos, responde sin vacilación, sentado de cuclillas junto a unos ardientes trozos de leños secos que echan humo al convertirse poco a poco en ceniza, a un costado del camino que va al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz y que está bloqueado con cadenas y camionetas desde el jueves 20 de octubre.

“Lo que más nos duele es el olvido”, reitera a su lado el líder de los comuneros zoques, Alberto Cruz Gutiérrez, envuelto en una gruesa chamarra color café. “Por el olvido de los gobiernos, los chimalapas enfrentamos la invasión de nuestras selvas y por el olvido el conflicto agrario con Chiapas tienen más de 40 años”, refiere con un gesto de enfado y fastidio.

El reloj marca las 14:30 horas del sábado, pero la neblina y los nubarrones negros simulan un horario tardío. Los zoques procedentes de San Miguel Chimalapa bajan prestos de las redilas, se sacuden el polvo de sus chamarras y cuidan con celo sus machetes. De Inmediato doña María les da la bienvenida y comienza la reunión.

Treinta minutos después el acuerdo es unánime y rubricado ruidosamente con vivas y aplausos: Por el olvido en que nos tienen los gobiernos, vamos a ir, en paz, al ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, vamos a invitar a los campesinos para que dialoguemos directamente, exclama Álvaro Román, del consejo de vigilancia comunal.

Antes de que los chimalapas suban de nueva cuenta a sus camionetas redilas, unos 30 soldados, encargados de evitar enfrentamientos en la zona del conflicto desde el sábado 22 de octubre, abordan cuatro vehículos tipo Hummer y enfilan hacia la polvorienta terracería que conduce a Gustavo Díaz Ordaz. La tensión crece y se observa en los gestos endurecidos de todos.

En el centro del poblado Gustavo Díaz Ordaz, los policías chiapanecos se refugian en la comandancia, a los lejos, desde las ventanas de las viviendas de madera y techo de lámina asoman los rostros de niños que muestran en sus ojos la expresión del miedo, a unos 100 metros mujeres y hombres chiapanecos se repliegan, mientras los chimalapas instalan sobre una camioneta un aparato de sonido que funciona con una bomba de gasolina y que despliega la voz de Alberto Cruz.

“Entre hermanos indígenas zoques y tzotziles no debemos pelearnos. Estamos confrontados porque así conviene a los intereses políticos de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y de México y a los intereses económicos de los talamontes. Venimos a invitarlos a dialogar y a escuchar la propuesta que tenemos por mandato de la asamblea comunal del 20 de septiembre”, dice a manera de preámbulo en medio de la tensión.

La propuesta es simple: Los chimalapas reconocerán como comuneros, con plenos derechos, a los chiapanecos que reconozcan que están asentados en las tierras comunales de los zoques. El plazo vence en diciembre. De lo contrario, los chimalapas asumirán otras acciones en el que no descartan el desalojo.

Media hora después, los chimalapas regresan a San Antonio. Solo en ese momento las facciones endurecidas del capitán de caballería Sixto Román, el responsable de la guarnición militar, se suavizan. La tensión cede a la algarabía, pero el conflicto agrario y el encono ya dejaron huellas: De regreso a San Antonio, uno 10 niños, menores de 10 años, reciben a la caravana de hombres y mujeres con disparos simulados, trasformando sus pequeñas manos en armas de fuego. La palma extendida, tres dedos hacia atrás, el índice por delante, el pulgar hacia arriba y el onomatopéyico ¡pum!, ¡pum!, sale de sus labios.

El olvido gubernamental, duele más que la pobreza y la marginación, resume Enoc Matus, el director de la primaria donde no hay clases por el conflicto. “La gente no tiene para comer y sobrevive en el bloqueo comiendo malanga. El olvido lastima a nuestra gente”, dice con la voz que apaga el viento frío que desciende con fuerza de las montañas cubiertas de neblina y pinos.

Chimalapas “toman” simbólicamente el ejido Díaz Ordaz

Alberto López Morales

Juchitán, Oax.-Unos 150 comuneros zoques de San Miguel Chimalapa y de los poblados San Antonio y Benito Juárez. "tomaron" simbólicamente, en un ambiente tenso, el ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, en los límites de Chiapas y Oaxaca.

Los chimalapas se apostaron a la entrada del ejido, bajo la vigilancia de soldados del 13 Regimiento de Caballería Motorizada que resguarda la zona del conflicto agrario desde hace una semana, mientras que la población chiapaneca se replegó a unos 100 metros enfrente de donde los zoques se plantaron.

"Venimos en un plan pacífico para proponerles que reconozcan nuestra autoridad comunal y a cambio dejaremos que sigan trabajando la tierra y viviendo en paz", les dijo el dirigente zoque Alberto Cruz Gutiérrez, quien les recordó que "ustedes se encuentran en la selva propiedad de los chimalapas".

Cruz Gutiérrez calificó la irrupción de los chimalapas al ejido Díaz Ordaz como "histórica, después de 40 años de su creación" y acusó a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas y al gobierno federal de negarse a resolver el conflicto por sus intereses políticos y los intereses económicos de los talamontes.

Durante media hora, comuneros hicieron escuchar sus voces a los chiapanecos que mantuvieron la distancia y a quienes advirtieron son esos intereses los que quieren provocar un enfrentamiento "entre hermanos zoques y tzotziles".

El conflicto agrario tiene más de 40 años. Chiapas, de acuerdo con los chimalapas han invadido desde entonces unas 150 mil hectáreas de San Miguel y Santa María Chimalapa.

Después de 30 minutos de la "toma simbólica" del ejido chiapaneco, los chimalapas regresaron a San Antonio, donde sigue el paso bloqueado con cadenas desde el jueves 20 de este mes y ahí responsabilizaron a los gobiernos de ambas entidades y al gobierno federal de cualquier enfrentamiento o de represión.

Los chimalapas exigieron además al gobierno de Oaxaca que atienda las necesidades de los pueblos zoques de la zona oriente, donde hay desabasto de alimentos, siguen suspendidas las clases en las escuelas y son necesarias las brigadas médicas.

El ejido Díaz Ordaz está asentado sobre casi cinco mil hectáreas de los chimalapas. En noviembre del año pasado la SRA ofreció a los zoques 20 millones de pesos por esas tierras. En la asamblea que se realizó este sábado en San Antonio, los zoques volvieron a rechazar la oferta y anunciaron que en las próximas movilizaciones en defensa de recursos naturales, se sumarán los pobladores de Santa María Chimalapa.

Muere campesino en La Venta, en desalojo de anti eólicos

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- La protesta de campesinos que se oponen a la construcción del parque eólico “Piedra Larga”, en el poblado zapoteca de Unión Hidalgo, provocó la muerte de Reynaldo Ordaz Velázquez, en La Venta, agencia de esta ciudad, cuando los manifestantes bloqueaban la carretera Panamericana.

     Los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra habían iniciado un bloqueo sobre la carretera Panamericana, a la altura de la desviación a La Venta, cuando ocurrió el zafarrancho con “policías municipales de esa comunidad que nos lanzó disparos y desalojó con violencia”, dijo Betina Cruz Velázquez, dirigente de esa organización.

     El secretario municipal del gobierno juchiteco, Juan Antonio García dijo que no es posible que la policía de La Venta hayan disparado “porque ningún policía, ni de las agencias ni de la cabecera cuentan con armas de fuego” y pidió que la Procuraduría de Justicia investigue los hechos y castigue a los responsables.

    De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido intentó pasar en el bloqueo cuando recibió un impacto de bala en el rostro. Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas de este sábado.

     Pobladores de La Venta denunciaron que la agresión en contra de Reynaldo Ordaz, vecino de esa localidad, provino desde una camioneta donde viajaban el integrante de la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE, Rodrigo Flores Peñaloza y Juan Rasgado, uno de los campesinos inconformes con la construcción del parque eólico.

     “Rodrigo Flores Peñaloza no participó en el bloqueo de la carretera porque él acudió a la capital de Oaxaca a participar en una conferencia y venía de regreso”, dijo Betina Cruz, quien apenas días antes había solicitado medidas cautelares porque había recibido amenazas de muerte de parte del personal de seguridad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que tiene a su cargo la construcción del parque eólico en Unión Hidalgo.

     Por su parte Rodrigo Flores Peñaloza dijo que este sábado se reunió en la capital de Oaxaca, con el gobernador Gabino Cué para pedirle que instalara una mesa de diálogo con los empresarios de la empresa Demex y a las 14:00 horas ofreció una conferencia de prensa. "Eso prueba de que no estuve en el bloqueo y demuestra que quieren incriminarme", señaló.

La construcción del parque eólico comenzó en febrero pasado, a cargo de Demex, asociada con Bimbo y tiene una inversión de 200 millones de dólares y está previsto que genere 90 megawats de electricidad a través del aprovechamiento del viento, para el segundo semestre del 2012.

     Desde febrero, en que comenzó la construcción del parque eólico, un grupo de 40 campesinos que rentaron sus tierras a la empresa Demex se inconformaron con el contrato de arrendamiento y solicitaron la revisión de varias cláusulas.

     Apenas el 25 de este mes los campesinos bloquearon el paso de los trabajadores de Demex hacia sus tierras, aunque la obra continuó debido a que los obreros habilitaron un camino alterno.

     El viernes pasado los dirigentes de la Asamblea de los Pueblos del Istmo pidió al gobernador Gabino Cué, que instalara una mesa de diálogo con los inversionistas filiales de la española Renovalia Energy y que investigara bajo qué condiciones estaban construyendo el parque eólico.

Le falla SRA a Chimalapas

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- Las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) “plantaron” a los zoques de la región oriente de los chimalapas, quienes esperaban que este miércoles se instalara una mesa de diálogo en San Antonio, donde desde el jueves está bloqueado el paso a los chiapanecos.

     El presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez lamentó el silencio de la SRA “que solo abona a la incertidumbre y a elevar el riesgo de un enfrentamiento en la zona del conflicto agrario” entre comuneros zoques y ejidatarios chiapanecos.

     A su regreso de la capital oaxaqueña, Cruz Gutiérrez informó que el presidente de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno de Oaxaca, Carlos Moreno Derbez, les informó que los funcionarios de la SRA no estaban en condiciones de instalar la mesa agraria.

     “En Oaxaca nos dijeron que si la SRA y Semarnat (que ha autorizado a los chiapanecos permisos forestales en la zona del conflicto), no estaban disponibles, tampoco las autoridades de Oaxaca estaban en condiciones de acudir a San Antonio”, en la zona oriente de los chimalapas, señaló Cruz Gutiérrez.

     Para nosotros, añadió el dirigente de los comuneros zoques, parece que los gobiernos de México y de Oaxaca no tienen interés de resolver el problema agrario que tiene más de 40 años y tampoco les interesa evitar un derramamiento de sangre en la zona.

     Cruz Gutiérrez también lamentó la negativa del gobierno de Chiapas para sentarse y dialogar civilizadamente en la zona del conflicto, con la intención de encontrar un arreglo pacífico al conflicto agrario.

      Por el lado de San Miguel Chimalapa, Chiapas tiene invadidas cerca de 47 mil hectáreas y por el lado de Santa María Chimalapa tiene en su poder algo así como 100 mil hectáreas de tierras comunales zoques, recordó Alberto cruz Gutiérrez.

     De acuerdo con la resolución presidencial de 1967, entre ambos poblados zoques cuentan con casi 600 mil hectáreas de selvas y bosques que han venido siendo invadidos mediante el desplazamiento de ejidos chiapanecos a la zona oriente de los chimalapas.

     Mediante un comunicado difundido este miércoles, las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa exigieron “una solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental y demandaron que el ejido Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas, y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas, reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”.

     A cambio, plantearon, la comunidad de San Miguel Chimalapa y  la de Santa María, reconocerán las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra y en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.

     Los representantes zoques de San Miguel Chimalapa solicitaron además la cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro  territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.

     En comunicado, los chimalapas exigieron el respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, donde el gobierno federal se comprometió a no otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.

     Asimismo demandaron el retiro de la policía preventiva chiapaneca del territorio de los chimalapas y pidieron la atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.

     Las asambleas comunitarias de San Antonio, Benito Juárez y de San Miguel Chimalapa decidirán las acciones que consideren necesarias para la defensa de sus tierras y para la solución de todos los conflictos agrarios existentes en la zona, dijeron los chimalapas.

 COMUNICADO DE LOS CHIMALAPAS

San Miguel Chimalapa, 20 de octubre de 2011

C. Felipe Calderón Hinojosa.- Presidente Constitucional de la República.

C. Secretario de Gobernación.

C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C. Presidente del Tribunal Superior Agrario

C. Presidente del Honorable Congreso de la Unión.

c. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

C. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

C. José Martínez Álvarez.- Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca.

C. Presidente de la Mesa de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado.

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

Organismos de la sociedad civil, ONG´s , ecologistas y defensores de derechos humanos, a nivel estatal, nacional e internacional,

A los Pueblos Indígenas y comunidades en lucha y defensa por sus tierras, territorios y bienes naturales comunes,

A la opinión pública y alos medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales

Les manifestamos:

Que nuestras comunidades zoque chimalapas, continuamos con una lucha iniciada desde hace mas de 60 años por la defensa de nuestras tierras y bienes naturales comunes, iniciando con acciones de bloqueo el día jueves 20 de octubre de 2011, en la zona oriente de nuestro territorio comunal en los anexos agrarios de Benito Juárez y San Antonio; enmedio de nuestras congregaciones comunales, se encuentra el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que se dice pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas;  núcleo agrario ilegalmente asentado en nuestras tierras comunales, por un conflicto agrario creado dolosamente por el gobierno federal –a instancias del gobierno chiapaneco- en 1967, al “dotar de tierras” a ejidos de origen chiapaneco, dentro de nuestros bienes comunales que de manera ancestral hemos poseído las comunidades indígenas zoques.

Ante la falta de atención, cerrazón del gobierno federal que ve como la única “solución”, la compra de nuestras tierras a través del programa COSOMER, operado por la SRA, ante la acción nefasta del gobierno de Chiapas y la omisión del Gobierno de Oaxaca, las comunidades chimas buscamos la reivindicación del Estado mexicano y exigimos el respeto a nuestro territorio olmeca - zoque ancestral,  el fin del saqueo, la depredación ecológica y de la privatización de nuestros bienes naturales comunes, por parte de ilegítimos intereses de madereros, ganaderos y funcionarios corruptos, que han administrado el conflicto agrario, en una región de gran importancia ecológica, fundamental para nuestro país y para el planeta mismo,  como lo es nuestra región Chimalapa, que es poseedora de un territorio con la mayor diversidad biológica del país y de Mesoamérica (mayor aún que la existente en la Selva Lacandona), proveedora de invaluables servicios hidrológicos, ambientales y de biodiversidad, además de contar con un legítimo antecedente histórico legal, pues el territorio indígena ancestral Chimalapas, es propiedad de nuestros antepasados de origen Olmeca - Zoques, cuya existencia es anterior a la de los estados de Oaxaca y  Chiapas. Nuestros abuelos para lograr el respeto a las tierras que poseían pagaron $25,000 en oro común, entregado en jícaras (de ahí deriva el nombre Chimalapa, en nuestra  lengua indígena zoque  tsima- Jícara, lapa – oro) a la corona española quien expidió Títulos Virreinales el 24 de Marzo de 1687 , mismos que fueron confirmados por el gobierno del México independiente en 1850 y luego, 117 años después, ratificados por dos resoluciones presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de 1967, a favor de San Miguel y Santa María Chimalapa.

A pesar de nuestro antecedente histórico – legal, y de la importancia biológica, damos a conocer el desafortunado origen del actual conflicto agrario y ambiental, que surge cuando empresas madereras, apoyadas por el gobierno del estado de Chiapas y contando con el aval del gobierno federal, se asientan ilegalmente en la porción oriente del territorio comunal Zoque Chimalapa, instalando 25 aserraderos, a través de los cuales durante 27 años explotan y saquean 100 mil hectáreas de bosques de pino encino y bosques de niebla.

Para encubrir este saqueo depredador, los ilegítimos intereses económicos y políticos, literalmente crean el doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca –que nada tiene que ver con nuestra legítima propiedad comunal-  y fundan los primeros ejidos con sus propios peones y trabajadores madereros a quienes les “dotan” tierras dentro de los bienes comunales y, luego continúan esta estrategia perversa -durante los gobiernos de Absalón Castellanos y Patrocinio González Garrido- trasladando a familias tsotsiles de los Altos de Chiapas, desplazadas por conflictos interreligiosos ó por carencia de tierras, dentro de nuestros territorios comunales chimalapas. Con ello crearon un absurdo y trágico conflicto entre nosotros, indígenas pobres zoques – chimalapas, contra indígenas pobres de origen tsotsil de los Altos de Chiapas, mismo que ha sido utilizado para encubrir el saqueo de los bienes naturales comunes (selvas y bosques) de parte de madereros –como es el caso actual- ganaderos, latifundistas y funcionarios corruptos.

En contrapartida, nuestras comunidades zoque chimalapas han luchado pacíficamente desde hace muchos años, por la defensa de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales comunes, brindándoles a los ilegales núcleos agrarios ejidales de origen chiapaneco y a sus pobladores indígenas y campesinos, el ofrecimiento – hecho por nosotros, desde 1991- para  que se incorporen como comuneros chimalapas, a cambio de que únicamente reconozcan los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, lo cual  de ninguna manera implica el quitarle tierras al estado de Chiapas.

Para dar fin a este problema hemos insistido ante el gobierno federal (SRA) la atención inmediata al conflicto, “creado por error –y dolo-  del mismo gobierno”, y ante esa falta de atención y voluntad política del gobierno federal (SRA, Segob)  encuadrados únicamente en el programa COSOMER, traducida en su ofrecimiento de que los Chimalapas les “vendamos nuestras tierras”, las dependencias no han trabajado con los actores directamente afectados, sobre una propuesta definitiva que de solución a este añejo conflicto que se ha desenfrenado y que ha sido el pretexto para la explotación, el saqueo y la depredación de la región más biodiversa del país, colocando en riesgo la estabilidad social de la región y de las comunidades, todo ello, debido a la actuación por demás irresponsable y dolosa de la SEMARNAT, al otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderables en territorio en conflicto –agrario e interestatal- y a pesar de la prohibición establecida en la legislación que rige la materia, y a pesar de los acuerdos suscritos por las Comunidades y el gobierno federal, Chiapas y Oaxaca desde el año de 1999.

Finalmente, queremos dejar en claro que nuestras demandas actuales como Chimalapas, por las que estamos y seguiremos  luchando de forma pacífica, pero irrenunciable, son:

La solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental: respeto a nuestra posesión y propiedad histórica – ancestral (territorio indígena olmeca zoque Chimalapa) y legal (Títulos Virreinales) y a nuestras Resoluciones Presidenciales, reivindicándonos nuestras tierras.

a)       Ello implica, que el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas –y todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de Chimalapas- , reconozcan que están asentados en las tierras comunales Chimalapas”, a cambio, la comunidad de San Miguel Chimalapa –y en su momento, la de Santa María, como ya lo ha manifestado- reconocerá las posesiones de los verdaderos ejidatarios campesinos que viven y trabajan la tierra; en caso de negativa a este reconocimiento, que el gobierno federal les reubique y les entregue la contraprestación ofrecida por el programa COSOMER de la SRA.

Que el gobierno Federal y los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca,  respeten el irrenunciable derecho al territorio y al  resguardo y manejo de los bienes naturales comunes, de nosotros, los Zoques – Chimalapas.

Respeto y cumplimiento a todos los Instrumentos Internacionales de protección y defensa a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de derechos colectivos, suscritos y ratificados por el Gobierno Mexicano, y recientemente incorporados a estatus constitucional.

Respeto a la integridad de todos los comuneros zoques  - chimalapas, y respeto a sus derechos humanos colectivos y garantías individuales.

Cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en nuestro  territorio comunal, y cuyo saqueo sólo está beneficiando a contratistas y empresarios madereros.

Respeto y cumplimiento inmediato, de los acuerdos agrarios, suscritos por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, con las comunidades Chimalapas y asentados en las minutas de fechas 20 de Diciembre de 1993 y 25 de Julio de 1995, y de la minuta de acuerdos ambientales del 11 de Mayo de 1999, mediante la cual, el gobierno federal se compromete a No otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a Núcleos de Población Chiapanecos, que están dentro de los Bienes Comunales.

Entrega inmediata del vehículo con los 44 tambos de resina de pino, secuestrado por el Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Cintalapa, Chiapas a comuneros indígenas zoques.

Retiro de la policía preventiva chiapaneca de los Bienes Comunales de los Chimalapas.

Atención a las demandas de carácter social en infraestructura básica, desarrollo humano y social, sin condicionar “la venta de nuestras tierras” como lo plantea el programa COSOMER de la SRA.

                                                                                                          

                                                                                                            ATENTAMENTE

POR LOS ORGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA SAN MIGUEL CHIMALAPAS
C. ALBERTO CRUZ GUTIERREZ PDTE. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
C. FLORIDO ANTONIO CRUZ SRIO. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES	C. LUIS AGUILAR JUAN TESORERO DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
C. FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ PDTE. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
C. ALVARO ROMAN RIOS SRIO. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA