“Cultivos” oaxaqueños cosechan discordias
Aunque ya opera más de una decena de instalaciones en el Istmo, comuneros rechazan se abran más y advierten riesgos para el campo
USO. De los 14 parques eólicos que funcionan en la entidad, la mitad de ellos son administrados por la CFE y el resto producen electricidad para sus asociados como empresas cerveceras y tiendas departamentales. (Foto: ALBERTO LÓPEZ EL UNIVERSAL )
Lunes 01 de octubre de 2012Alberto López Corresponsal | El Universal
estados@eluniversal.com.mx
JUCHITÁN
Desde el año 2007 el paisaje de los senderos que conducen a las poblaciones de La Venta, La Ventosa, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio y La Mata, comenzó a cambiar. Sobre vastas extensiones de tierra donde los campesinos siembran sorgo y engordan sus vacas, ahora se alzan imponentes cientos de ventiladores gigantescos. Son los aerogeneradores, de 60 y 80 metros de altura que producen mil 225 megawats de electricidad, distribuidos en 14 parques eólicos.
Para unos, la energía eólica “es la nueva cosecha del campo oaxaqueño”, para otros, es “el despojo de tierras por parte de las empresas transnacionales”. Lo cierto es que la construcción de los 14 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec y de una nueva subestación eléctrica en Ciudad Ixtepec, costó cerca de 4 mil 500 millones de dólares. Anualmente, los inversionistas pagan 180 millones de pesos a los campesinos dueños de unas 20 mil hectáreas de tierras y derraman cifras millonarias por hospedaje y alimentación para una comunidad de 300 españoles, rentas de vehículos, servicios de papelería, obras sociales como pavimentación, drenaje y arreglo de aulas, así como pagos por derechos de paso y tendido de líneas eléctricas.
El pasado 25 de septiembre, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, anunció que cuatro centrales eléctricas más se sumarán a las que operan en el corredor eólico de la región del Istmo de Tehuantepec, con una capacidad para generar 462 megawatts por medio de 339 aerogeneradores en una superficie de 3 mil hectáreas y una inversión adicional de 864 millones de dólares, en el marco del segundo Foro Internacional sobre Energías Renovables.
El corredor eólico del Istmo —que inició en 1991 con la construcción del Parque experimental La Venta I que genera 1.5 megawats— “ha traído beneficios a la población istmeña, pero no de la magnitud de los recursos económicos cobrados por las autoridades municipales por el cambio de uso de suelo y licencia de construcción”, cuestionó Hageo Montero López, agente de La Ventosa, un poblado zapoteca que pertenece a la jurisdicción de Juchitán, donde operan el Parque Ecológico de México, propiedad de la española Iberdrola y Electricidad del Valle de México, propiedad de Eléctrica de Francia (EDF).
A pesar de que en el Istmo ya funcionan 14 parques eólicos, la mitad de ellos administrados por la Comisión Federal de electricidad y los siete restantes producen electricidad para sus asociados como empresas cerveceras, tiendas departamentales, compañías mineras y consorcios cementeros, la población ikoots (huaves) de San Dionisio del Mar se resiste a la construcción de lo que vendría a ser el parque eólico más grande de América Latina con la producción de 396 megawats por parte de “Mareña Renovable”, filial de la española Preneal.
“No vamos a permitir la construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa porque ahí es la zona de captura de camarones y pescados. Es la fuente de nuestra alimentación”, dijo el campesino Joel Díaz Zurita, uno de los inconformes que desde el 28 de enero tienen en su poder el palacio municipal de San Dionisio del Mar, como forma de protesta al proyecto eólico. Apenas la semana pasada organizaciones sociales y campesinos acordaron movilizarse en la ciudad de México, ante la sede regional del Banco Interamericano de Desarrollo, que facilita los préstamos a los desarrolladores.
Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, que acompaña a los mareños en su resistencia contra el parque eólico, advirtió que trabajadores de la CTM y personal de la empresa acordaron ingresar en esta semana a la Barra de Santa Teresa, para iniciar los trabajos de construcción del parque eólico. “Puede desatarse la violencia”, adelantó.
Sin embargo, Teódulo Gallegos, agente municipal (representante de la autoridad) de San Dionisio del Mar Pueblo Viejo, donde se construirá el parque eólico, señaló que su comunidad está de acuerdo con el proyecto. “El viento está ahí y es hora de sacarle provecho”, agregó. El alcalde desconocido por el pueblo, Miguel López, y el presidente de los comuneros, Genaro García, han avalado la inversión a pesar del rechazo de la población.
Los directivos de Mareña Renovable argumentan que la comunidad acordó la renta de mil 600 hectáreas de sus tierras, ubicadas sobre una franja bañada por aguas de la Laguna Superior del Golfo de Tehuantepec. El proyecto debe estar listo para 2013 y la renta de las tierras fue proyectada por un periodo de 30 años.
“Por San Dionisio no van a entrar porque les vamos a cerrar el paso terrestre y tenemos un acuerdo con los campesinos de Álvaro Obregón para cerrarles el paso hacia el mar”, advirtió Joel Díaz Zurita, sin embargo, los campesinos del ejido Zapata, un acceso alterno hacia la Barra de Santa Teresa recibieron un pago de 5 millones de pesos de Mareña Renovable para que permitan el ingreso de la maquinaria y el paso de los trabajadores.
Ante la ausencia de un reglamento para la Ley Estatal de Energías Renovables, la construcción y operación de los 14 parques, que colocan a México como líder en América Latina, ha provocado conflictos en las poblados del sur.
En Santo Domingo Ingenio, donde operan los parques Oaxaca I, II y IV administrados por la CFE y que producen 300 megawats, se construye el parque Eoliatec del Pacífico, propiedad de Eléctrica de Francia para producir 140 megawats. El alcalde Gustavo Marín cobró 5 millones de pesos por el permiso; sin embargo, los recursos no se aplicaron a obra social. Por la desconfianza de los dueños de la tierras hacia el edil, reclamaron el dinero que fue repartido entre ellos.
Mientras que en La Ventosa, advirtió el agente municipal Hageo Montero López, está en riesgo la construcción del parque a cargo de Gamesa, propiedad de la italiana ENEL. De acuerdo con la Ley de Ingresos del ayuntamiento, la autoridad cobrará 10 millones de pesos por el permiso de construcción, pero los dueños de las tierras quieren que la derrama se aplique totalmente en obra pública.
“Como autoridad de La Ventosa nosotros le pedimos al presidente de Juchitán, Daniel Gurrión Matías, que nos entregue el dinero para construir una casa de cultura, áreas deportivas y para introducir el drenaje y construir una planta de tratamiento de aguas negras, pero la autoridad dice que sólo puede darnos la mitad”, señaló Hageo Montero López.
El plazo para el pago del permiso de construcción vence en noviembre. Si no se da, el parque, con todo y su derrama económica, podría construirse en terrenos del El Espinal, alertó el agente de La Ventosa, una comunidad que arrastra un serio déficit en obra pública a pesar de que las dos últimas administraciones municipales obtuvieron 7 millones de pesos por la construcción de dos parques eólicos.
Los parques eólicos, cuestionó Beas Torres, no han traído beneficios para el Istmo. Se habla, dijo, de millonarias inversiones, pero la vida de los campesinos sigue igual y el campo está en el abandono. Los parques eólicos han dividido a los pueblos, como en San Dionisio del Mar, y lo más grave y paradójico es que los pueblos del Istmo siguen pagando tarifas eléctricas excesivamente altas, señaló.
Esos no son todos los problemas, acotó Hageo Montero López. “Muchos campesinos que rentan sus tierras a los desarrolladores eólicos están dejando de sembrar el sorgo y el maíz porque están ganando el dinero sin meter las manos. Ya no hay carretas, ahora hay camionetas. Por eso nosotros estamos promoviendo que el dinero por el pago de la renta se reinvierta en el campo, de lo contrario, en un futuro no lejano, no vamos a producir ni leche, ni carne, ni granos”, advirtió.
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JUCHITÁN
Desde el año 2007 el paisaje de los senderos que conducen a las poblaciones de La Venta, La Ventosa, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio y La Mata, comenzó a cambiar. Sobre vastas extensiones de tierra donde los campesinos siembran sorgo y engordan sus vacas, ahora se alzan imponentes cientos de ventiladores gigantescos. Son los aerogeneradores, de 60 y 80 metros de altura que producen mil 225 megawats de electricidad, distribuidos en 14 parques eólicos.
Para unos, la energía eólica “es la nueva cosecha del campo oaxaqueño”, para otros, es “el despojo de tierras por parte de las empresas transnacionales”. Lo cierto es que la construcción de los 14 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec y de una nueva subestación eléctrica en Ciudad Ixtepec, costó cerca de 4 mil 500 millones de dólares. Anualmente, los inversionistas pagan 180 millones de pesos a los campesinos dueños de unas 20 mil hectáreas de tierras y derraman cifras millonarias por hospedaje y alimentación para una comunidad de 300 españoles, rentas de vehículos, servicios de papelería, obras sociales como pavimentación, drenaje y arreglo de aulas, así como pagos por derechos de paso y tendido de líneas eléctricas.
El pasado 25 de septiembre, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, anunció que cuatro centrales eléctricas más se sumarán a las que operan en el corredor eólico de la región del Istmo de Tehuantepec, con una capacidad para generar 462 megawatts por medio de 339 aerogeneradores en una superficie de 3 mil hectáreas y una inversión adicional de 864 millones de dólares, en el marco del segundo Foro Internacional sobre Energías Renovables.
El corredor eólico del Istmo —que inició en 1991 con la construcción del Parque experimental La Venta I que genera 1.5 megawats— “ha traído beneficios a la población istmeña, pero no de la magnitud de los recursos económicos cobrados por las autoridades municipales por el cambio de uso de suelo y licencia de construcción”, cuestionó Hageo Montero López, agente de La Ventosa, un poblado zapoteca que pertenece a la jurisdicción de Juchitán, donde operan el Parque Ecológico de México, propiedad de la española Iberdrola y Electricidad del Valle de México, propiedad de Eléctrica de Francia (EDF).
A pesar de que en el Istmo ya funcionan 14 parques eólicos, la mitad de ellos administrados por la Comisión Federal de electricidad y los siete restantes producen electricidad para sus asociados como empresas cerveceras, tiendas departamentales, compañías mineras y consorcios cementeros, la población ikoots (huaves) de San Dionisio del Mar se resiste a la construcción de lo que vendría a ser el parque eólico más grande de América Latina con la producción de 396 megawats por parte de “Mareña Renovable”, filial de la española Preneal.
“No vamos a permitir la construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa porque ahí es la zona de captura de camarones y pescados. Es la fuente de nuestra alimentación”, dijo el campesino Joel Díaz Zurita, uno de los inconformes que desde el 28 de enero tienen en su poder el palacio municipal de San Dionisio del Mar, como forma de protesta al proyecto eólico. Apenas la semana pasada organizaciones sociales y campesinos acordaron movilizarse en la ciudad de México, ante la sede regional del Banco Interamericano de Desarrollo, que facilita los préstamos a los desarrolladores.
Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, que acompaña a los mareños en su resistencia contra el parque eólico, advirtió que trabajadores de la CTM y personal de la empresa acordaron ingresar en esta semana a la Barra de Santa Teresa, para iniciar los trabajos de construcción del parque eólico. “Puede desatarse la violencia”, adelantó.
Sin embargo, Teódulo Gallegos, agente municipal (representante de la autoridad) de San Dionisio del Mar Pueblo Viejo, donde se construirá el parque eólico, señaló que su comunidad está de acuerdo con el proyecto. “El viento está ahí y es hora de sacarle provecho”, agregó. El alcalde desconocido por el pueblo, Miguel López, y el presidente de los comuneros, Genaro García, han avalado la inversión a pesar del rechazo de la población.
Los directivos de Mareña Renovable argumentan que la comunidad acordó la renta de mil 600 hectáreas de sus tierras, ubicadas sobre una franja bañada por aguas de la Laguna Superior del Golfo de Tehuantepec. El proyecto debe estar listo para 2013 y la renta de las tierras fue proyectada por un periodo de 30 años.
“Por San Dionisio no van a entrar porque les vamos a cerrar el paso terrestre y tenemos un acuerdo con los campesinos de Álvaro Obregón para cerrarles el paso hacia el mar”, advirtió Joel Díaz Zurita, sin embargo, los campesinos del ejido Zapata, un acceso alterno hacia la Barra de Santa Teresa recibieron un pago de 5 millones de pesos de Mareña Renovable para que permitan el ingreso de la maquinaria y el paso de los trabajadores.
Ante la ausencia de un reglamento para la Ley Estatal de Energías Renovables, la construcción y operación de los 14 parques, que colocan a México como líder en América Latina, ha provocado conflictos en las poblados del sur.
En Santo Domingo Ingenio, donde operan los parques Oaxaca I, II y IV administrados por la CFE y que producen 300 megawats, se construye el parque Eoliatec del Pacífico, propiedad de Eléctrica de Francia para producir 140 megawats. El alcalde Gustavo Marín cobró 5 millones de pesos por el permiso; sin embargo, los recursos no se aplicaron a obra social. Por la desconfianza de los dueños de la tierras hacia el edil, reclamaron el dinero que fue repartido entre ellos.
Mientras que en La Ventosa, advirtió el agente municipal Hageo Montero López, está en riesgo la construcción del parque a cargo de Gamesa, propiedad de la italiana ENEL. De acuerdo con la Ley de Ingresos del ayuntamiento, la autoridad cobrará 10 millones de pesos por el permiso de construcción, pero los dueños de las tierras quieren que la derrama se aplique totalmente en obra pública.
“Como autoridad de La Ventosa nosotros le pedimos al presidente de Juchitán, Daniel Gurrión Matías, que nos entregue el dinero para construir una casa de cultura, áreas deportivas y para introducir el drenaje y construir una planta de tratamiento de aguas negras, pero la autoridad dice que sólo puede darnos la mitad”, señaló Hageo Montero López.
El plazo para el pago del permiso de construcción vence en noviembre. Si no se da, el parque, con todo y su derrama económica, podría construirse en terrenos del El Espinal, alertó el agente de La Ventosa, una comunidad que arrastra un serio déficit en obra pública a pesar de que las dos últimas administraciones municipales obtuvieron 7 millones de pesos por la construcción de dos parques eólicos.
Los parques eólicos, cuestionó Beas Torres, no han traído beneficios para el Istmo. Se habla, dijo, de millonarias inversiones, pero la vida de los campesinos sigue igual y el campo está en el abandono. Los parques eólicos han dividido a los pueblos, como en San Dionisio del Mar, y lo más grave y paradójico es que los pueblos del Istmo siguen pagando tarifas eléctricas excesivamente altas, señaló.
Esos no son todos los problemas, acotó Hageo Montero López. “Muchos campesinos que rentan sus tierras a los desarrolladores eólicos están dejando de sembrar el sorgo y el maíz porque están ganando el dinero sin meter las manos. Ya no hay carretas, ahora hay camionetas. Por eso nosotros estamos promoviendo que el dinero por el pago de la renta se reinvierta en el campo, de lo contrario, en un futuro no lejano, no vamos a producir ni leche, ni carne, ni granos”, advirtió.
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