Alberto López Morales
Los valores de la
democracia como el diálogo, la legalidad y la tolerancia han sido doblegados en
la ciudad zapoteca de Juchitán.
Paradójicamente,
los responsables de la enrarecida atmósfera política que se vive en las últimas
semanas son los líderes de los partidos y grupos políticos, quienes por
congruencia, debían alentar la convivencia en la pluralidad.
Un signo evidente
de la involución política que se vive en Juchitán son las invasiones a predios
de particulares y áreas federales que han sido fomentadas por priístas,
perredistas y coceístas cobijados en la amplia gama de colores y signos
partidistas.
La descomposición de la Coalición Obrera
Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), que nació en 1974 y ha gobernado a los
juchitecos durante 21 años en diferentes etapas a partir de 1981, con un
intervalo de tres trienios priístas, contribuyó a la fragmentación social de
Juchitán.
El PRI juchiteco,
ávido de clientela electoral, sumido en la orfandad política estatal y estimulado
por la inacción del llamado gobierno del cambio que transita en los límites del
miedo, también ha aportado su cuota para que en Juchitán predomine la
incertidumbre y el desapego a la legalidad.
Juchitán está
avasallada y vive una peligrosa regresión social y política, pero ya no marcada
por el signo de la represión del pasado, sino por la ausencia gubernamental en
la aplicación de la ley y por el desprecio a la legalidad de parte de los
líderes.
Dirigentes
coceístas como los ex alcaldes Leopoldo de Gyves, Héctor Sánchez, Roberto López
Rosado y Mariano Santana y líderes priístas como Héctor Matus, Alberto de Paz
López Lucho y dirigentes sociales como Rosa María Sánchez y Emilio Montero, han
fomentado las invasiones.
Predios
particulares y áreas federales, como derechos de vías de carreteras y canales
de riego han sido ocupados para crear colonias populares, pero también para que
en el terreno de la inmediatez y de cara al proceso electoral local, cada líder
acreciente su membresía.
Las invasiones de
predios, disfrazadas con el folclórico lenguaje de “la recuperación” para las
“viviendas dignas”, deberían avergonzar a los que las fomentan y al
autoproclamado gobierno del cambio que no atina a frenar ni a sancionar los
ilícitos que cometen sus aliados.
Sin embargo, a la
vuelta de la esquina se encuentra el proceso electoral y nadie del llamado
gobierno del cambio y los priístas que cogobiernan quieren actuar porque al
final de túnel, los invasores y sus impulsores representan votos.
El problema para
todas las autoridades es que dejan que la zozobra crezca en Juchitán y
facilitan que en el contexto de la ley de la selva alguien decida recuperar su
predio al precio que sea y entonces querrán aplicar una ley que en estos
momentos duerme el sueño de los justos.
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(Lunes a Viernes de 08:00 a 09:30 hs)
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