viernes, 26 de abril de 2013

Juchitán, avasallada



Alberto López Morales
     Los valores de la democracia como el diálogo, la legalidad y la tolerancia han sido doblegados en la ciudad zapoteca de Juchitán.
    Paradójicamente, los responsables de la enrarecida atmósfera política que se vive en las últimas semanas son los líderes de los partidos y grupos políticos, quienes por congruencia, debían alentar la convivencia en la pluralidad.
     Un signo evidente de la involución política que se vive en Juchitán son las invasiones a predios de particulares y áreas federales que han sido fomentadas por priístas, perredistas y coceístas cobijados en la amplia gama de colores y signos partidistas.
     La descomposición de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), que nació en 1974 y ha gobernado a los juchitecos durante 21 años en diferentes etapas a partir de 1981, con un intervalo de tres trienios priístas, contribuyó a la fragmentación social de Juchitán.
     El PRI juchiteco, ávido de clientela electoral, sumido en la orfandad política estatal y estimulado por la inacción del llamado gobierno del cambio que transita en los límites del miedo, también ha aportado su cuota para que en Juchitán predomine la incertidumbre y el desapego a la legalidad.
     Juchitán está avasallada y vive una peligrosa regresión social y política, pero ya no marcada por el signo de la represión del pasado, sino por la ausencia gubernamental en la aplicación de la ley y por el desprecio a la legalidad de parte de los líderes.
      Dirigentes coceístas como los ex alcaldes Leopoldo de Gyves, Héctor Sánchez, Roberto López Rosado y Mariano Santana y líderes priístas como Héctor Matus, Alberto de Paz López Lucho y dirigentes sociales como Rosa María Sánchez y Emilio Montero, han fomentado las invasiones.
     Predios particulares y áreas federales, como derechos de vías de carreteras y canales de riego han sido ocupados para crear colonias populares, pero también para que en el terreno de la inmediatez y de cara al proceso electoral local, cada líder acreciente su membresía.
     Las invasiones de predios, disfrazadas con el folclórico lenguaje de “la recuperación” para las “viviendas dignas”, deberían avergonzar a los que las fomentan y al autoproclamado gobierno del cambio que no atina a frenar ni a sancionar los ilícitos que cometen sus aliados.
     Sin embargo, a la vuelta de la esquina se encuentra el proceso electoral y nadie del llamado gobierno del cambio y los priístas que cogobiernan quieren actuar porque al final de túnel, los invasores y sus impulsores representan votos.
     El problema para todas las autoridades es que dejan que la zozobra crezca en Juchitán y facilitan que en el contexto de la ley de la selva alguien decida recuperar su predio al precio que sea y entonces querrán aplicar una ley que en estos momentos duerme el sueño de los justos.
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