Misión Civil de Observadores de Derechos Humanos y Grupos Ecologistas a
la zona oriente de Los Chimalapas (Noviembre 12, 13 y 14 de 2011[1])
Informe Final
A.- INTRODUCCIÓN
Como es de conocimiento público, los días sábado 12, domingo 13 y lunes 14 del presente, una Misión Civil de Observadores de Derechos Humanos y Grupos Ecologistas, convocada y coordinada por éste Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDCCh) y conformada por veinte personas pertenecientes a organizaciones civiles y colectivos de observación de derechos humanos y ecologistas, nos trasladamos desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hasta la porción oriente de la región de Los Chimalapas, zona donde actualmente se presenta una situación de alta tensión social, con riesgos de enfrentamiento violento y de represión, como consecuencia de un doble e irresuelto conflicto histórico: uno, de origen agrario, provocado por el ilegal reparto y dotación de tierras a núcleos agrarios de origen chiapaneco integrados por indígenas tsotsiles y campesinos pobres, sobre territorio comunal del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, constituido por las Comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa; el otro, un conflicto de límites estatales entre los estados de Oaxaca y Chiapas, el cual, aunque jurídicamente no tiene nada que ver ni debería interferir con la propiedad comunal zoque, histórica y jurídicamente reconocida, sí ha servido –en cambio- para confundir a la opinión pública y para manipular y enfrentar a indígenas y campesinos pobres involucrados en este doble conflicto, ello para beneficio de empresas madereras, ganaderos privados y supuestos propietarios.
Participamos en esta Misión las organizaciones civiles: Guerreros Verdes, AC (Guerrero); Madre Tierra (Chiapas); Voluntariado Internacional de Observadores de Derechos Humanos; Tribunal Internacional de los Pueblos Capítulo Chiapas-México; Maderas del Pueblo del Sureste, AC (Oaxaca-Chiapas); y el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (México, DF), todos ellos acompañados por los medios de comunicación: periódico Cuarto Poder (Chiapas) ; semanario Mirada Sur (Chiapas); En Marcha (Oaxaca); Radio Zapatista y 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal.
Este Informe Final es el resultado de nuestra Misión
B.- ANTECEDENTES
La región de los Chimalapas, ubicada en el corazón del Istmo de Tehuantepec, es poseedora de la mayor diversidad biológica del país y de Mesoamérica (mayor aún que la existente en la Selva Lacandona), proveedora de invaluables servicios hidrológicos, ambientales y de biodiversidad. Esta región ha sido propiedad ancestral del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, de origen Olmeca. De esta forma la existencia del territorio zoque Chimalapa es anterior a la existencia de los estados de Oaxaca y Chiapas.
Para lograr el respeto y reconocimiento a las tierras comunales, los zoques chimalapas pagaron $25,000 en oro común, entregado a la corona española –según la historia- en jícaras, de donde deriva el nombre Chimalapa, en lengua zoque: tsima- jícara, lapa – oro. A cambio, la Corona de España expidió Títulos Virreinales a favor del Pueblo Zoque Chimalapa, el 24 de Marzo de 1687, mismos que fueron luego confirmados por el gobierno del México independiente en 1850, para, finalmente, 117 años después, ratificados por dos resoluciones presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de 1967 a favor de San Miguel y Santa María Chimalapa.
El origen histórico del conflicto socio-ambiental existente en la porción oriental del territorio comunal Chimalapa inició hace más 60 años, cuando empresas madereras, apoyadas por el gobierno del estado de Chiapas y contando con el aval del gobierno federal, se asientan en la citada porción oriente del territorio comunal Zoque Chimalapa, obteniendo del gobierno federal la concesión maderera sobre 100 mil hectáreas de bosques de pino y de niebla, instalando ahí 25 aserraderos, a través de los cuales durante 27 años 1950-1977) explotan y saquean los bosques comunales.
Para encubrir este saqueo depredador, los ilegítimos intereses económicos y políticos provenientes del estado de Chiapas, literalmente crean el doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca y fundan los primeros ejidos dentro de tierras comunales, con sus propios peones y trabajadores madereros; y, luego, continúan esta estrategia perversa, trasladando dentro de los territorios comunales chimalapas, familias tsotsiles de los Altos de Chiapas, -desplazadas por conflictos interreligiosos ó por carencia de tierras- así como campesinos chiapanecos pobres, a los cuales les otorgan ilegalmente dotaciones de tierras, avalado esto por la Secretaría de Reforma Agraria federal. Con ello crean un absurdo y trágico conflicto entre indígenas pobres zoques chimalapas, contra indígenas pobres de origen tsotsil y campesinos pobres chiapanecos, quienes literalmente han sido utilizados como cobertura y como “escudos humanos”, mientras continúa el saqueo –y hoy la pretendida privatización- de los bienes naturales comunes, de parte de madereros –como es el caso actual-, ganaderos, supuestos propietarios privados y funcionarios corruptos.
En contrapartida, las comunidades zoque chimalapas desde 1991, han ofrecido a los ilegales núcleos agrarios ejidales de origen chiapaneco y a sus pobladores –campesinos e indígenas pobres-, su promesa de no desalojo, y sí, en cambio, su incorporación como comuneros, a cambio de qué reconozcan la propiedad ancestral comunal zoque chimalapa y a los Bienes Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, sin que ello implique el convertirlos en “oaxaqueños”.
Esta estrategia social, acompañada de una intensa movilización comunal, de una decidida y honesta gestión jurídica y de un plural apoyo de la sociedad civil, nacional e internacional, les valió –en la década de 1994 al 2004- la recuperación de 40 mil hectáreas, invadidas por ganaderos chiapanecos, de la llamada colonia San Isidro la Gringa (porción noreste de los Chimalapas) y de otras 20 mil hectáreas, invadidas por ganaderos oaxaqueños y veracruzanos de la colonia Cuauhtémoc (porción noroeste), así como la incorporación a la comunidad, de los núcleos agrarios chiapanecos, San Pedro Buenavista, Elsy Herrerías de Castellanos (hoy La Libertad), La Lucha, Pilar Espinoza de León II, Ignacio Zaragoza y Nuevo Jerusalem.
En este contexto, en 2009, de forma por demás ilegal e irresponsable, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó permisos de explotación maderera a predios ejidales y a supuestas propiedades privadas ubicadas dentro de territorio comunal Chimalapa, encabezadas por el núcleo agrario Gustavo Díaz Ordáz, siendo que, cuando los contratistas privados madereros intentan a fines de 2010, sacar el primer camión cargado de trozas, es retenido por los comuneros chimalapas.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Reforma Agraria –responsable directa del conflicto, al haber dotado ilegalmente a ejidos sobre territorio comunal- se aferra –como su propuesta de solución- a ofrecerles a las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, la compra de las 47 mil hectáreas del territorio comunal en conflicto, siendo que las Asambleas Generales de ambas comunidades han reiterado pública y oficialmente, su decisión de “no vender la Madre Tierra”.
Ambos hechos (los permisos madereros otorgados por SEMARNAT y la inflexible postura de la SRA de comprar los terrenos comunales) únicamente han servido para escalar gradualmente el grave conflicto social existente, mismo que se ha agudizado todavía más con la unilateral decisión del gobierno de Chiapas, de crear, precisamente en el territorio comunal ocupado por los núcleos agrarios chiapanecos Rodulfo Figueroa, Díaz Ordáz, y Flor de Chiapas, y sobre los ranchos supuestamente privados, La Hondonada y Montebello, el nuevo municipio denominado “Belisario Domínguez”.
C.- ITINERARIO Y ACTIVIDADES REALIZADAS
El itinerario desarrollado por la Misión fue:
San Cristóbal de las Casas, Chiapas – Tapanatepec, Oaxaca – Poblado Pascual Fuentes (el Jícaro), Oaxaca – Ejido Rodulfo Figueroa (dícese pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas) – Congregación comunal San Antonio Chimalapa (parte de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa) – Poblado Gustavo Díaz Ordáz (dícese pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas) - Congregación comunal Benito Juárez (parte de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa) y regreso (ver mapa 1).
En cuanto las actividades desarrolladas, por orden de realización:
San Cristóbal de las Casas, Chiapas – reunión de información previa, inducción y preparación logística
Poblado Pascual Fuentes (el Jícaro), Oaxaca – encuentro con autoridades comunales de San Miguel Chimalapa y con comisión comunal nombrada para recibir, acompañar y brindar seguridad a la Misión.
Ejido Rodulfo Figueroa (dícese pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas) – Observación de condiciones de tensión y de masiva presencia policiaca del estado de Chiapas
Congregación comunal San Antonio Chimalapa (parte de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa) – Asamblea general con comuneros de las Congregaciones de San Antonio y comisiones de la cabecera comunal de San Miguel Chimalapa y de la Congregación Benito Juárez; esta Asamblea fue encabezada por autoridades comunales de San Miguel Chimalapa, y se celebró específicamente con motivo de la llegada de esta Misión.
En la Asamblea escuchamos y documentamos diversos testimonios –que se tienen grabados y filmados- expresados por comuneros y comuneras zoques, en los que narraron con detalles, la histórica y añeja situación de tensión social, conflicto y violación de derechos individuales y colectivos, sufrida por ellos (pero también -y así nos lo dijeron- también por parte de sus hermanos indígenas y campesinos pobres chiapanecos) no sólo ahora, sino de forma reiterada desde hace 60 años, debido –según la apreciación de los comuneros-as- a la agresiva postura de los diferentes gobiernos chiapanecos (desde 1950 a la fecha) defendiendo los intereses de madereros, ganaderos y supuestos propietarios; a la complicidad de los diferentes gobiernos federales (SRA, SEMARNAP/SEMARNAT; SEGOB; CNDH) y a la pasividad, omisión y hasta agresión, de parte del gobierno oaxaqueño.
Escuchamos y documentamos también, la reiteración expresada por comuneros y comuneras zoques, en el sentido de que ellos-as no tienen nada en contra de sus hermanos indígenas y campesinos pobres chiapanecos, quienes fueron llevados ahí por el gobierno de Chiapas y por la SRA, a los cuales los chimalapas les han ofrecido –desde 1991- el que se incorporen a los Bienes Comunales de San Miguel y -donde así proceda- de Santa María Chimalapa, reconociendo el territorio comunal de ambas comunidades, sin que ello implique obligarlos a volverse “oaxaqueños”.
Ahí, nos expresaron claramente –y así lo constatamos- que el bloqueo establecido en las entradas de las Congregaciones comunales de San Antonio Chimalapa y Benito Juárez, el cual impide el acceso por tierra al núcleo agrario ejidal Gustavo Díaz Ordáz, se ha mantenido para impedir el paso de vehículos de gobierno, vehículos de empresas comerciales que abastecen tiendas (CocaCola, Sabritas, Gamesa, etc) y de coyotes de Cintalapa, acaparadores de la producción local de jitomate. Pero que están totalmente de acuerdo y comprometidos a no impedir el paso a pié, ni el paso de vehículos con despensas, ayuda humanitaria, medicinas ni doctores ó brigadas de salud (federal), ni mucho menos, impedir la salida y traslado de enfermos, a los cuales inclusive, les han ofrecido atención médica y medicinas en el Centro de Salud ubicado en la Congregación de San Antonio.
Señalaron que, lamentablemente, los pobladores de Díaz Ordáz al parecer están muy desinformados y controlados por el gobierno chiapaneco, pues se niegan a dialogar solos (sin policía y sin gobiernos) y pasan de forma temerosa por las orillas de la congregación de San Antonio.
A petición expresa de la asamblea de comuneros zoques y ante la amenaza pública emitida por parte del gobierno de Chiapas, de realizar en el corto plazo, un desalojo violento del bloqueo comunal establecido en San Antonio, le fue solicitado formalmente al Capitán Segundo de Caballería Juan Pacheco Martínez, responsable de la Base de Operación Mixta acantonada en dicha congregación, que elementos del Ejército Mexicano resguardaran “la seguridad e integridad de los comuneros de la zona oriente y de la Misión de Observación de Derechos Humanos” (ver Acta anexa).
Al respecto, queremos resaltar que, en cuanto al resguardo de esta Misión, el Ejército mexicano ahí acantonado cumplió cabal y respetuosamente, acompañándonos a lo largo de todo el recorrido, y respetando cuando les solicitamos que no estuvieran presentes en momentos en que entrevistábamos a las personas ó en momentos en que nos reuníamos como Misión.
(Cabe señalar que en esta Asamblea comunal, se contó con la presencia de reporteros y camarógrafos de TV Azteca y Televisa –quienes videofilmaron todo el evento- así como del corresponsal del periódico el Universal)
Poblado Gustavo Díaz Ordáz (dícese pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas) - Observación de condiciones de tensión y de masiva presencia policiaca del estado de Chiapas. En un primer intento, no se le presentaron condiciones adecuadas a la Misión para establecer un diálogo adecuado con la población, pues cuando esto se intentó -en dos ocasiones- de inmediato nos salió al paso un policía de Chiapas y la gente a la que nos acercamos se negó a hablar con nosotras-os.
Sin embargo, una parte de esta Misión que iba en un vehículo diferente, se quedó hasta el lunes 14, pudiendo establecer diálogo con ejidatarios y pobladores de Díaz Ordáz, realizando una Asamblea informal. En dicha Asamblea, realizada sin la presencia del presidente ni secretario del comisariado ejidal –que, a decir de los ejidatarios, se encontrabanen esos momentos en Tuxtla Gutiérrez- se nos expresó el rechazo total al bloqueo realizado por los comuneros chimalapas, así como a aceptar el ofrecimiento de éstos, de volverse comuneros. Nos expresaron también su negativa a establecer un diálogo directo de campesino a campesino, sin intervención gubernamental, percibiéndose -por parte de esta Misión- por un lado, una profunda situación de temor y estrés entre las familias campesinas de Díaz Ordáz, por la permanente amenaza que sienten de ser objeto de una agresión violenta de parte de los comuneros chimalapas, y, por otro, el sentimiento comunitario de que son objeto de una injusticia, pues –según su percepción e información- ellos cuentan con Resolución Presidencial de dotación ejidal y con el reconocimiento de la SRA y del gobierno de Chiapas.
Como Misión percibimos que entre los ejidatarios y pobladores de Díaz Ordáz existe una total dependencia hacia las posturas y decisiones de carácter oficial que emita y que les indique el gobierno de Chiapas, esto inducido y exacerbado por la actitudes de algunos líderes locales.
Congregación comunal Benito Juárez (parte de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa) – Ahí pernoctamos el sábado por la noche y luego, a lo largo de toda la mañana del domingo participamos en una Asamblea general con toda la población (hombres, mujeres y niñas-os) donde nuevamente se nos reiteraron diversos testimonios –que igualmente se tienen grabados y filmados- expresados por comuneros y comuneras zoques, en los que otra vez nos narraron con detalles, hechos relativos a la continua violación de derechos individuales y colectivos, sufrida por ellos no sólo en estos momentos, sino de forma reiterada desde hace 60 años, reiterándonos igualmente su disposición de conciliar directamente y sin gobiernos, con los indígenas y campesinos chiapanecos, para explicarles claramente que ellos –Los Chimalapas- no quieren desalojarlos, ni volverlos “oaxaqueños”, ni tampoco robarle territorio al estado de Chiapas, sino que sólo piden respeto a su propiedad comunal ancestral, histórica y legalmente reconocida (por Títulos Virreinales y por Resoluciones Presidenciales) y respeto a la Madre Naturaleza, evitando el saqueo y la privatización de sus montañas y de sus selvas.
En general, como Misión percibimos entre los comuneros chimalapas y entre sus familias, menos temor y menos estrés que el percibido en Díaz Ordáz. Y si bien constatamos que entre la mayoría de comuneros-as sigue existiendo la disposición al diálogo pacífico y a no guardar resentimiento contra los campesinos chiapanecos, si detectamos entre algunos de ellos, contenidos deseos de tomar revancha –incluso violenta- en caso de que el conflicto en vez de distenderse, se agudice y sean objeto de alguna represión.
Ya de retorno, nos fue expresada una petición final, emitida a la Misión por parte de las autoridades comunales, en el sentido de que apoyemos su solicitud relativa a que salgan de la región oriente del territorio Chimalapa todos los elementos policiacos de ambos estados (Oaxaca y Chiapas) y que únicamente queden, para resguardar la paz social, elementos del ejército federal mexicano que no provengan de ninguna de las zonas militares, ni de Chiapas ni de Oaxaca, para que mantengan una postura neutral y eviten no sólo cualquier confrontación, sino también cualquier intento de represión que se intentara ejercer por parte de alguno de los gobiernos (Oaxaca ó Chiapas) sobre todos los poblados involucrados (núcleos agrarios chiapanecos ó congregaciones comunales zoques).
Nuestro retorno como Misión ocurrió con un solo problema, consistente en el hecho de que descubrimos que uno de los integrantes, que mantuvo a lo largo del recorrido actitudes inquisitorias y sospechosas, nos habáa proporcionado datos suyos que, al verificarlos, no resultaron reales y ante la presunción de que esta persona fuera un infiltrado, procedimos de inmediato a retenerle –pagándoselas- las tarjetas digitales y memorias en las que había grabado testimonios y tomado fotografías, así como su libreta de apuntes.
D.- CONCLUSIONES
1° Queremos resaltar públicamente, que el desarrollo de las actividades realizadas durante todo el recorrido, transcurrió sin que se presentara ningún tipo de altercado, provocación ni hostigamiento, pudiendo transitar libremente por toda la zona, pese al conflicto existente, y que, como ya señalamos, fuimos recibidos, atendidos, acompañados y resguardados, por las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa y por la población zoque de las Congregaciones de San Antonio Chimalapa y Benito Juárez.
2° Asimismo reiteramos –como igualmente ya dijimos- que, en respuesta a una solicitud expresa de la Asamblea Comunal y de las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa, el Ejército mexicano ahí acantonado, nos trató con respeto, acompañándonos y resguardándonos a lo largo de todo el recorrido, respetando cuando les solicitamos que no estuvieran presentes en momentos en que entrevistábamos a las personas ó en momentos en que nos reuníamos como Misión.
3° Constatamos la masiva presencia de policía preventiva del estado de Chiapas en los dos poblados de origen chiapaneco (Rodulfo Figueroa y Díaz Ordáz), cuyos elementos mantuvieron ante la Misión Civil, una actitud recelosa y relativamente agresiva (sin llegar a transformar esta actitud en ningún tipo de conducta).
4° Extrañamente, no constatamos la presencia de ningún elemento de la policía oaxaqueña, y sí, en cambio, de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) como parte de la Base de Operaciones Mixta (BOM) acantonada en San Antonio Chimalapa, misma que está a cargo del Capitán Segundo de Caballería del Ejército mexicano, Juan Pacheco Martínez.
5° Constatamos la existencia de trozas de madera de pino, tiradas a orillas del camino que va a la Congregación de San Antonio, dentro de terrenos comunales, producto de la explotación maderera que pretendieron efectuar contratistas privados, amparados en los permisos expedidos por SEMARNAT.
6° Asimismo, constatamos que, lejos de lo que reiteradamente ha señalado el gobierno de Chiapas y que se ha denunciado en comunicados emitidos por el presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario ejidal Gustavo Díaz Ordáz, en la zona no existen grupos paramilitares. Sobre de ello, los mismos pobladores de ambos grupos confrontados negaron frente a esta Misión que hubiera presencia de grupos armados. De igual manera, los elementos del ejército acantonados en la zona, nos manifestaron no haber detectado la presencia de grupos armados ni de paramilitares.
7° Nuestra presencia en el ejido Díaz Ordáz el lunes 14 del presente, nos ha permitido constatar que, al menos el último comunicado emitido y publicado como desplegado por parte del presidente y secretario del comisariado ejidal de dicho núcleo agrario, y en el que se señala que es producto de una Asamblea general realizada en la misma fecha, no resulta veraz, pues ese día no hubo en Díaz Ordáz ninguna Asamblea formal, dado que –a decir de los propios ejidatarios- el presidente y secretario del comisariado ejidal se hallaban en Tuxtla Gutiérrez.
8° Recogimos y hacemos público el compromiso de las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa y de los comuneros y comuneras de las Congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, en el sentido de que siempre han estado en la total disposición de permitir el paso de despensas, ayuda humanitaria, medicinas, doctores y brigadas de salud (federal), para el núcleo agrario ejidal de Gustavo Díaz Ordáz; de permitir y apoyar la salida y el traslado de enfermos, así como el libre tránsito a pie, desde y hacia dicho núcleo de población Díaz Ordáz, pues el bloqueo establecido, únicamente está dirigido a impedir el paso de vehículos de gobierno, vehículos de empresas comerciales que abastecen tiendas (CocaCola, Sabritas, Gamesa, etc) y el paso de comerciantes coyotes de Cintalapa, acaparadores de la producción local de jitomate.
9° Confirmamos como Misión Civil, que, en el origen del conflicto y en el escalamiento de la tensión y violencia social existente en la zona oriente de Los Chimalapas, existe una clara responsabilidad de los tres diferentes gobiernos involucrados: del gobierno federal –en particular de la SRA; de la SEMARNAT y de la SEGOB; la primera al dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados legalmente; la segunda al expedir permisos de explotación maderera a predios ubicados en zona de conflicto agrario y la SEGOB, al pretender administrar el conflicto social, cuando desde hace meses se venía advirtiendo públicamente de la inminencia de enfrentamientos-; del gobierno de Chiapas, tanto al manipular la información, no sólo entre la opinión pública nacional y chiapaneca, sino entre los propios núcleos agrarios de origen chiapaneco, sino también al enviar masivamente contingentes policiacos a la zona y al tomar medidas unilaterales, como la creación del nuevo municipio “Belisario Domínguez; y, finalmente, del gobierno de Oaxaca, al mantener una posición pasiva y omisiva frente al escalamiento del conflicto.
10° Nos parece altamente injusto y humanamente inaceptable que los tres gobiernos citados, hayan permitido ó pretendido, -y actualmente sigan permitiendo, y en algunos caso, fomentando- el usar a familias y a pueblos indígenas y a comunidades pobres, -tanto a aquellos que se sienten “oaxaqueños”, como a aquellos que se sienten “chiapanecos”- como verdaderos “escudos humanos”, orillándolos a una confrontación violenta, que sólo beneficia intereses ilegítimos de madereros, ganaderos, acaparadores privados de tierra ajena y a funcionarios públicos, en detrimento de los derechos humanos más elementales –individuales y colectivos- y en detrimento de los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, noviembre 15, 2011
A T E N T A M E N TE
Los integrantes de la Misión Civil de Observadores de Derechos Humanos y Grupos Ecologistas a
la zona oriente de Los Chimalapas (Noviembre 12, 13 y 14, de 2011)
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