Pemex y ductos, un peligro para el Istmo

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- La expresión es desafiante. En la voz del campesino Lorenzo Clemente, no hay lugar para titubeos. Todo en él se resume la rabia que comparte la población de Nuevo Progreso, perteneciente a Matías Romero, en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex).

     ─Si Pemex encarcela a nuestras autoridades ejidales, vamos a organizarnos para que uno por uno de nosotros les lleve sus lonches hasta la cárcel, pero eso sí, ¡cerraremos la carretera Transístmica! −, dijo retador Lorenzo Clemente, ante el respaldo de la asamblea.

     Reunidos por la tardes noche del martes en la Casa Ejidal de Nuevo Progreso, unos 200 campesinos recibieron la visita de la Comisión Plural de diputados locales de Oaxaca, encabezados por Rosalinda Domínguez y Flavio Sosa, quienes acudieron al Istmo a conocer las condiciones en que operan los ductos de Pemex.

     ─hemos venido a constatar que Pemex y sus ductos representan un serio peligro para las poblaciones del Istmo de Tehuantepec −, señaló el legislador del Partido del Trabajo Flavio Sosa, quien se quejó de que por la mañana del martes, no pudieron ingresar a la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, del puerto de Salina Cruz.

     Al llegar a la asamblea, lo primero que vieron los legisladores fue una manta detrás de la mesa del presídium que decía: “señores diputados, solicitamos su intervención en el desistimiento penal de Pemex para nuestros representantes agrarios”.

     Comenzó después el  rosario de denuncias en medio de quejas y furia.

     Apenas el 23 de mayo de este año, en los predios de los campesinos se registró un derrame de petróleo crudo de uno de los dos ductos procedentes de Nuevo Teapa, Veracruz, con destino a la refinería de Salina Cruz, que contaminó tierras y pastizales.

     Los campesinos, molestos porque se trató del cuarto derrame a partir de febrero del 2010, trataron de impedir el paso del personal de Pemex hasta que  la Profepa certificara los daños ocasionados por la contaminación.

     En respuesta Pemex denunció penalmente a las autoridades agrarias del ejido Nuevo Progreso. El expediente penal 89/11, radicado en el juzgado VI de Distrito, tipificó el delito “por oposición a que se ejecuten trabajos públicos”.

     Los demandados por Pemex son el líder ejidal, Tiburcio Ortega, la secretaria ejidal, Elizabeth García, el tesorero, Miguel Santos Reyes, el presidente del consejo de vigilancia, Marco Julio Hernández y el ex agente municipal, Bonifacio García.

     ─Ahora resulta que Pemex es la víctima, cuando esa empresa contamina y perjudica a los campesinos. Es inadmisible que además de causar perjuicio a la población, ahora quiera chingar a la gente −, señaló molesto el diputado Flavio Sosa.

     Por su parte la diputada del PRD, Rosalinda Domínguez destacó que desde el año de 1982, Pemex ha registrado en sus ductos derrames de hidrocarburos, gasolinas y fugas de amoniaco en diversos puntos del Istmo, contaminado áreas de cultivo, pastizales y arroyos.

     La Comisión Plural de diputados locales que constató las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran miles de ciudadanos que viven cerca de los ductos, fue encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura, Martín Vásquez Villanueva.

     Por la mañana, Vásquez Villanueva pidió a Pemex que invierta más y a tiempo en el mantenimiento de sus instalaciones petroleras, “porque no se puede regatear con la vida humana”.

     Asimismo llamó a integrar un equipo de trabajo entre la paraestatal, diputados, autoridades, así como de bienes comunales y ejidales, con el propósito de integrar un diagnóstico para saber bajo qué condiciones están operando las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

     Para las 13:00 horas de este miércoles, la comunidad de Nuevo Progreso espera que Pemex se desista de la demanda penal, de lo contrario, advirtieron los campesinos ante los legisladores, bloquearían la carretera Transístmica que comunica a Oaxaca con Veracruz.

     Los diputados locales coincidieron en señalar que no están en contra de la paraestatal, pero reclamaron de esa entidad un mayor compromiso para darle constante mantenimiento a las instalaciones petroleras y se garantice la seguridad de las poblaciones istmeñas.

Conflictos agrarios, focos rojos en Oaxaca

JUCHITÁN INFORMA

Los conflictos agrarios también provocan el desplazamiento de las familias campesinas

Alberto López Morales

     El “porrazo” de lluvia caía sin cesar. No daba tregua. La visibilidad era nula. En esa época y bajo esas condiciones climatológicas, primera semana de diciembre de 1986, viajar a Santa María Chimalapa significaba una osadía, pero sobraban razones para hacer el viaje, una de ellas y muy poderosa fue la detención de Ernesto Castellanos Domínguez, hermano del entonces gobernador de Chiapas, el general Absalón Castellanos Domínguez, por parte de comuneros zoques, en el paraje conocido como Chocomalatlán, en la zona oriente de Los Chimas, acusado como talamonte e invasor de las tierras comunales zoques.

     Pronto se cumplirá un cuarto de siglo de ese enésimo desencuentro entre oaxaqueños y chiapanecos, que afloró en 1977 cuando los chimalapas desmantelaron varios aserraderos clandestinos que tenía la familia Moguel en los límites con Chiapas, y el conflicto agrario prevalece y está clasificado como uno de los llamados “focos rojos”.

     Ahora, Santa María Chimalapa está comunicada con una carretera asfaltada. Desde la desviación sobre la carretera Transístmica a la cabecera uno puede recorrer los cincuenta y tantos kilómetros en una hora. Antes, en diciembre de 1986, la brecha lodosa y sin puentes se recorría en casi siete horas. Han pasado 24 años de esa historia, pero los indígenas zoques aun viven en la pobreza y la marginación y el conflicto agrario está presente y en cualquier momento puede estallar con sus antecedentes de violencia, sobre todo en la región oriente, donde confluyen comunidades oaxaqueñas como San Antonio, Benito Juárez y José López Portillo y ejidos chiapanecos como Ramón E. Balboa, Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz.

     Desde la perspectiva institucional de Oaxaca, ese añejo conflicto agrario con Chiapas que nació en 1967, fue conocido de cerca por los ex gobernadores Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz. En 24 años el gobierno federal, a través de la SRA, también conoció de cerca el problema, pero nadie ha frenado la voracidad de ganaderos, talamontes y ejidatarios chiapanecos que tienen en su poder casi 150 mil hectáreas de tierras comunales zoques.

     ¿Qué falla impidió la solución de ese añejo conflicto agrario? Dinero, hubo y por carretadas. Tan solo el gobierno de Ramírez López destinó más de tres mil millones de viejos pesos a través de una Vocalía Ejecutiva que intentó impulsar el desarrollo de la vida campesina de los zoques llevando carpinterías comunitarias en pueblos donde ni siquiera había energía eléctrica.

     El conflicto agrario de los chimalapas es uno de los 24 que registra Oaxaca con “antecedentes de violencia” y uno de los 66 con “riesgo de enfrentamientos” de los casi 500 que aun prevalecen en la entidad.

     En los últimos días los surcos del campo oaxaqueño volvieron a teñirse de sangre. En la sierra Sur, Amoltepec y Yucutindó velas armas, al igual que San Lucas Camotlán y San Miguel Quetzaltepec, en la región zapoteca/mixe. En este año, van más de 15 muertos por la lucha en la posesión de la tierra, como el que protagonizan los ex aliados en contra de San Pedro Yosotato, San Sebastián Nopalera y Lázaro Cárdenas.

     La lista de los líos agrarios es larga y el riesgo de que estalle la violencia es latente, como en la región de los chimalapas o como en problema que sostienen desde 1972 los vecinos de Ixhuatán y San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo.

     Algo sigue fallando en este gobierno del cambio porque ya es mucha sangre derramada en el campo de Oaxaca, a pesar de que la solución de esos problemas agrarios depende de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y a pesar de que el gobernador Gabino Cué ofreció que la conciliación y el diálogo serían premisas para resolver los conflictos agrarios.

     A un mes de haber asumido el cargo de gobernador, Gabino Cué Monteagudo aprovechó la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria (seis de enero), y anunció la creación del Consejo Estatal para la Conciliación Agraria. Ahí ofreció la elaboración de un diagnóstico o especie de atlas de riesgos agrarios. Sin embargo, ese organismo es fantasmal. ¿Quién lo preside? ¿Cuál es su fortaleza presupuestal? ¿Qué nivel de independencia política respecto de los actores de los conflictos agrarios tiene?

     Después de los casos violentos registrados en Amoltepec y Yucutindó, el lunes 27  la secretaria general del gobierno de Oaxaca, Irma Piñeyro Arias soltó frases desafortunadas ante los medios como decir que “este gobierno ha empleado todo su empeño por atender los 134 casos que persisten en la entidad”, que  “el problema se genera las zonas limítrofes de conflicto, toda vez que pobladores de ambas comunidades comienzan a trabajar las tierras y es ahí donde se dan los enfrentamientos violentos” y “que a través de la Junta de Conciliación Agraria, se están atendiendo cada uno de los casos a fin de poder resolverlos de fondo”. Si el gobierno se ha empeñado y la Junta atiende cada uno de los casos, ¿por qué se dan los enfrentamientos, aun sea en las zonas limítrofes?

     El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011/2016, establece que “en el escenario actual de Oaxaca, los conflictos agrarios constituyen una de las principales amenazas para la estabilidad, la paz social y la gobernabilidad”. ¿Si ese es el diagnóstico, complementado con el hecho de que tres de cada 10 municipios de la entidad están involucrados en demandas agrarias y en los tres Tribunales Agrarios establecidos en la capital, en Tuxtepec y en Huajuapan de León hay 100 sentencias pendientes de emitir y más de 130 sentencias sin ejecutarse, cuál sería el esquema de solución que le permita a este gobierno presumir la visión de Oaxaca para el 2016 enmarcada como una entidad “con paz social y estabilidad política”?

     El 19 de abril de este año, el titular de la SRA Abelardo Escobar, le recordó al gobernante oaxaqueño Cué Monteagudo que “no basta la voluntad política de las instituciones agrarias ni los recursos para resolver los conflictos por la tenencia de la tierra, sino que se requiere de la voluntad de las partes involucradas para construir las soluciones”, pero a pesar de que todos saben que esa es la realidad, al menos en Oaxaca nadie lo ha entendido y los enfrentamientos entre los pueblos persisten.

     Persisten porque en los conflictos agrarios, donde se involucra la lucha por el control del agua, los bosques, la siembra de estupefacientes, los recursos mineros (oro, plata, hierro, litio) y el tráfico de armas, hay beneficios económicos para personajes vinculados al poder, a las mismas instancias agrarias. Persisten porque el proceso de diálogo y conciliación carece de un esquema de participación comunitaria y social transparente y porque es más fácil administrar el conflicto que encararlo y resolverlo. Persisten porque para la burocracia es incomprensible el valor de la tierra como fuente de sustento que tienen las comunidades, por encima de resoluciones y sentencias administrativas o pago de alguna compensación económica. Persisten porque no hay un programa integral y multianual orientado a restablecer el tejido social entre las partes en conflicto. Persisten porque la burocracia no alcanza a comprender el valor del tiempo histórico, la explosividad, los rezagos ancestrales y las secuelas del encono generacional que ofrece cada caso.

     En Oaxaca a Heladio Ramírez le explotó el conflicto de Yaxe y Chichicapam, con 17 policías asesinados, a José Murat le reventó el problema de Textitlán y Xochiltepec, con 25 campesinos muertos, a Diódoro Carrasco le explotaron los conflictos de Chimalapas/Cuauhtémoc y San Francisco del Mar e Ixhuatán, con saldo de viviendas quemadas y muertos por ambos lados, a Ulises Ruiz, le rebotó el conflicto de Chalcatongo e Ixcatlán, con viviendas incendiadas y campesinos muertos. Gabino Cué ya vio los surcos ensangrentados.

     La violencia en el campo no puede ser el sino de Oaxaca, donde paradójicamente el campo luce en el más completo abandono, yace improductivo y los campesinos son clientela electorera que sobreviven en la pobreza y la marginación a pesar de que son dueños de vastos recursos naturales.

tecoloma@yahoo.com.mx

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Empresarios eólicos amenazan a campesinos de Oaxaca

Alberto López Morales

     JUCHITÁN, Oax.- Al grito de ¡Aquí está la ley!, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a campesinos de sus propias tierras, donde pretenden construir el parque eólico “Piedra Larga”, de Unión Hidalgo, en el sur de Oaxaca.

     El dirigente del Frente Por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de Tehuantepec, Rodrigo Flores Peñaloza denunció que al medio día de este jueves, españoles de la empresa Desarrolladores Eólicos de México (Demex), amenazaron a los campesinos que bloquean el inicio del parque eólico desde mediados de mayo.

     “Los campesinos se dieron cuenta que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio”, dijo Flores Peñaloza.

     El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de mil hectáreas de tierras ejidales y tendrá una capacidad de 90 megawats para abastecer de electricidad a 65 centros de las empresas Bimbo y Femsa, recibirá recursos por casi 200 millones de dólares de Nacional Financiera, de acuerdo con el director de esa institución, Héctor Rangel.

     Tras conocer la determinación de la empresa española Demex, de recurrir al uso de la fuerza pública y desoír las exigencias de los ejidatarios, el alcalde de Unión Hidalgo, Carlos Villalobos, pidió al gobierno de Oaxaca que revise las cláusulas de los convenios de renta de las tierras.

     “Lo que nos preocupa es que la construcción del parque eólico (que producirá electricidad equivalente para iluminar 70 mil hogares) a través de los vientos, es que está dividiendo a la población”, dijo el edil.

     La construcción del parque eólico, que debió empezar desde el año pasado, se encuentra en suspenso debido a que los campesinos bloquearon los accesos debido a que demandan una revisión de los contratos de renta de tierras, que calificaron como “desventajosos”.

     Este jueves, los empresarios españoles se hicieron acompañar de policías estatales y amenazaron con arrestar a los campesinos que impiden el inicio de la obra.

      “No vamos a permitir que los empresarios vengan con actitudes autoritarias a tratar de desalojar a los campesinos que se encuentran en sus propias tierras y le vamos a exigir al gobierno de Oaxaca que frene el despojo de tierras, si es que tiene una vocación democrática”, dijo Flores Peñaloza.

A las mujeres y hombres que hoy siguen tejiendo junto con UCIZONI una sola voz, un solo caminar!!


Boletin PCI UCIZONI
Lucha y resistencia en los 26 años de vida de la UCIZONI

Pese a la transición política que vivió el estado Oaxaqueño en el 2010, la impunidad y el acceso a la justicia siguen siendo temas que exigen las comunidades indígenas se coloque en la agenda estatal.

 

Al cumplirse 26  años de lucha la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo AC.(UCIZONI) exige libertad a presos políticos y justicia a los asesinatos ocurridos en la última década.

 

La UCIZONI, ubicado en la región de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, en el bajo Mixe y otras regiones del estado de Oaxaca,  es una asoción civil formada en su mayoría por indígenas (zapotecos, chinantecos, mixtecos  y mixes principalmente) constituida legalmente el 20 de Junio 1985, mediante la primera Asamblea Congreso en el  cual participaron 11 pueblos indígenas, siendo una organización que desde sus inicios ha dado una fuerte lucha por defender sus derechos, sus tierras y sus bosques así como por mantener viva su cultura.

 

Por ello la UCIZONI a 26 años de haberse organizado, se considera una organización multicultural que fomenta la participación y pleno respeto de los usos y costumbres de sus comunidades asociadas, generando así la participación de mujeres y  hombres de distintas edades. En esté 2011 la UCIZONI realizará su Décima Asamblea Congreso; la Asamblea es vista como el instancia máxima en la toma de decisiones de la organización, siendo este medio el espacio donde en próximas fechas se realizará el cambio de dirección de la Mesa Directiva, representado por las propias comunidades.  En el cual se refrenda un diálogo horizontal y el ejercicio pleno de la autonomía para ser representados.

 

Actualmente UCIZONI tiene 94 comunidades asociadas, de 11 municipios diferentes. Desde sus inicios la Unión, como también es conocido, ha tenido momentos marcados, dejando experiencias que denotan la participación activa para enfrentar sus problemas, buscar atención a sus necesidades, defender mejor sus derechos, esto para mejorar la calidad de vida de sus familias y pueblos.

 

La UCIZONI como toda lucha organizada ha enfrentado enemigos poderosos, sobrellevando el sufrimiento y desesperación por la pérdida de grandes luchadores como el compañero Mixe Armando Agustín Bonifacio, o el encarcelamiento injusto de Miguel Juan Hilaria de los Chimalapas. Así como el asesinato a la activista Bety Cariño, hermana de lucha de la región Mixteca.    

 

Por ello la UCIZONI en este 2011 sigue exigiendo día a día el esclarecimiento del asesinato de luchadores sociales, el encarcelamiento injusto de compañeros que el caminar de la lucha han sido victímas dela represión de  un moviento que busca la autonomía, el respeto de los usos y costumbres y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades indígenas.

 

Finalmente la lucha y caminar de hombres y mujeres que forman la UCIZONI se sigue resistiendo, sigue construyendo alternativas y manteniendo la organización al interior de los pueblos, en el alcanze del bienestar, la justicia y la felicidad para los pueblos indígenas.

La unión es la fuerza de los pueblos!

Viva la UCIZONI!

Libertad a Miguel Juan Hilaria

Justicia a Bety Cariño y Jiry Jakola

Libertad presos políticos.

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Esperanza González
UCIZONI A.C
Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos.