JUCHITÁN INFORMA
Alberto López Morales
Durante la primera semana de diciembre de 1896, los zoques de San Miguel Chimalapa y de Santa María Chimalapa, dueños casi 600 mil hectáreas de selvas y bosques, cansados del saqueo impune de sus recursos forestales por parte de talamontes chiapanecos, incursionaron en el poblado de Chocomalatlán (conocido también con el nombre de José López Portillo), desmontaron un aserradero clandestino y retuvieron a Ernesto Castellanos, hermano del que entonces era el gobernador de Chiapas, el general Absalón Castellanos Domínguez.
Para ese entonces Chiapas ya había invadido unas 40 mil hectáreas de tierras comunales de Santa María Chimalapa y unas ocho mil hectáreas de tierras comunales de San Miguel Chimalapa. La crisis entre Chiapas y Oaxaca obligó a un encuentro entre los mandatarios Absalón Castellanos y Heladio Ramírez, que se dio en el municipio chiapaneco de Cintalapa y arrojó la creación de una comisión interinstitucional para resolver el diferendo agrario y revertir las condiciones de pobreza de la zona oriente de los chimalapas.
Han pasado 26 años desde que ocurrió ese incidente y miles de millones de pesos destinados al combate contra la pobreza de los zoques se han perdido y el conflicto sigue latente, con riesgo de un nuevo enfrentamiento con los chiapanecos que siguen talando los pinos de los chimalapas que siguen igual o peor de pobres, en espera de apoyos para vivir mejor.
En ese contexto, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), insensibles o interesados autorizaron desde el año 2005 diversos permisos de aprovechamiento forestal a favor de particulares y de los núcleos ejidales chiapanecos Rodulfo Figueroa y Gustavo Díaz Ordaz, con vigencia de 12 años, a pesar de que en 1999 se habían comprometido a no autorizar la explotación forestal en esa zona del conflicto agrario.
Cansados de tanta burla, los indígenas de la etnia zoque de las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, pertenecientes a San Miguel Chimalapa, bloquearon la carretera Panamericana el 31 de marzo a la altura de Zanatepec, mientras una comisión de los zoques encabezada por el presidente de bienes comunales, Alberto Cruz Gutiérrez lograba un acuerdo con Irma Piñeyro (secretaria general del gobierno de Gabino Cué), para que Semarnat suspendiera provisionalmente los permisos de explotación de madera en rollo en la zona oriente.
¿Pero qué pasó después? Los chimalapas se sintieron engañados porque los funcionarios de la Semarnat y de la Profepa acudieron a comunicarle a los ejidos chiapanecos y de Rodulfo Figueroa y Gustavo Díaz Ordaz, que ya no podían, al menos temporalmente, saquear de manera impune los recursos forestales en el territorio comunal de los zoques y dentro de las tierras de Oaxaca.
La tensión en la zona oriente es crítica, como la que se vivió en 1999, que dejó dos policías chiapanecos muertos y como en 1986, cuando los zoques retuvieron en Santa María Chimalapa a Ernesto Castellanos Domínguez. El viernes, los zoques de Benito Juárez y de San Antonio retuvieron una patrulla de la policía de Cintalapa, Chiapas y al comandante, que escoltaban los camiones cargados de madera en rollo, pero los pobladores chiapanecos de Rodulfo Figueroa y Gustavo Díaz Ordaz fueron en la noche a rescatar a la patrulla y al comandante.
La tensión es crítica en el paraje El Quebrachal, donde ya están los zoques vigilando para que ningún chiapaneco entre a saquear los recursos forestales y si los gobiernos federal y estatal no intervienen y no envían policías, ahí puede ocurrir en cualquier momento un enfrentamiento armado.
Los chimalapas han pedido una audiencia con el gobernador Gabino Cué, para pedirle su enérgica atención a la zona oriente, pero hasta ayer, aun no obtenían respuesta alguna. Ojalá no sea demasiado tarde.
DE REFILÓN: El gobierno federal se quedó con palmo de narices. Propuso a los chimalapas de Santa María, 70 millones de pesos a cambio de que los chiapanecos se que queden con 41 mil hectáreas y a San Miguel le ofreció 20 millones a cambio de otras ocho mil hectáreas. “Los chimalapas no venderemos nuestras tierras por ningún motivo”, revisaron los zoques.
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