JUCHITÁN INFORMA
Alberto López Morales
Como es su costumbre cada que toca un tema, ayer el gobernador Gabino Cué Monteagudo dijo que la defensa de los derechos humanos será prioridad en su gobierno. Otras veces ha dicho lo mismo en materia de seguridad, de inversión, combate a la pobreza, en el ámbito de salud o de la educación, en la solución de conflictos agrarios o políticos, aunque finalmente nada ha terminado por ser prioritario.
Ayer, en el marco de la firma del convenio con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, para establecer la Red de Atención Integral a Víctimas del Secuestro, el gobernador aliancista incluso asumió el compromiso de contribuir a las investigaciones para dar con el paradero de los dos eperristas, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca desde el 25 de mayo de 2007.
No era el tema en sí, pero parece que al gobernante oaxaqueño le urgen discursos efectistas ante la ausencia de acciones contundentes que apunten hacia la transición democrática y soltó de su ronco pecho compromisos hasta para garantizar la seguridad de los activistas defensores de los derechos humanos y de los periodistas.
El tema de los derechos humanos es todo un reto para Oaxaca y para cualquier gobierno que se precie de ser democrático. La cultura de los derechos humanos en Oaxaca es incipiente. Si la CNDH tiene 21 años de existencia, su símil en la entidad lleva 18 años (nació en el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano).
Frente a la incipiente cultura de los derechos humanos, en Oaxaca se levanta un conjunto de actitudes, normas, prácticas y vicios que caminan en dirección contraria a los derechos humanos. No es fácil desterrar de Oaxaca esos obstáculos, pues hablamos de casi 80 años de esquemas autoritarios, despóticos, represivos y tolerantes a la exclusión.
En Oaxaca los bloqueos de carreteras violan los derechos de terceros, los grupos evangélicos ven violados sus derechos cuando se les destierra de sus comunidades, a las mujeres se les violan sus derechos cuando les niegan la facultad de votar y ser votadas, a los niños les violan sus derechos cuando hay paros escolares, el gobierno viola los derechos cuando no atiende los reclamos ciudadanos ¿y quién frena esas prácticas?
Apenas el 14 de marzo fue desaparecido el profesor Carlos René Román Salazar. Obviamente que ahí hay un caso extremo de violación a los derechos humanos. Se trata de un caso de desaparición forzada, considerado delito de lesa humanidad y las corporaciones policiacas no han dado con el paradero del dirigente magisterial por el que la sección 22 del SNTE ha bloqueado carreteras, suspendidas las labores académicas y mantiene un plantón en el zócalo de la capital.
En mayo de 2007 desaparecieron de Oaxaca los dos dirigentes eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Desde ese entonces nadie sabe del paradero de ellos, por quienes el EPR se adjudicó ataques a los ductos de Pemex.
Y en el Juchitán, desde el año de 1978 desapareció el dirigente campesino y profesor Víctor Pineda Henestrosa. Hubo testigos que vieron y atestiguaron que el secuestro fue realizado por soldados del entonces onceavo batallón de infantería que estaba asentado en Ciudad Ixtepec. Han pasado los años y su desaparición forzada se mantiene impune, como los asesinatos de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, y al igual que la desaparición de las hermanas Virginia y Daniel Ortiz Ramírez.
La construcción de la cultura de los derechos humanos en Oaxaca exige políticas públicas que alienten la rendición de cuentas y reclama el combate contra la impunidad en todos sus órdenes y eso no se resuelve con discursos efectistas, con comisiones que duplican funciones o con fiscalías que no terminan de integrarse y muchos menos con recompensas.
DE REFILÓN: A propósito de derechos humanos, ¿quién o quiénes del gobierno del cambio son los interlocutores con los dirigentes de la sección 22 del SNTE que ya anunció movilizaciones para abril y para mayo? Irma Piñeyro, no es puesto que quieren su cabeza de la Secretaría General del gobierno, Bernardo Vásquez, tampoco porque igual demandan su destitución del IEEPO. ¿Quién?
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